Magistrados del colectivo Artículo 41 advirtieron sobre la persecución que habrá por el Tribunal de Disciplina Judicial en caso de que los juzgadores no resuelvan los casos según les convenga a las autoridades o partido en el poder.
El Tribunal de Disciplina Judicial forma parte de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial que fueron aprobadas este jueves por el Senado de la República.
En la conferencia conocida como Contramañanera, el magistrado José Rogelio Alanís explicó que la ley aprobada por senadores de Morena, PT y PVEM contempla sanciones a la persona que desempeña la función de juzgar, sobre todo en los casos que no se resuelvan según su interés.
El juzgador detalló que en una de las fracciones de los artículos se establece como causa sancionable que los jueces resuelvan de manera errada aquellos juicios sobre hechos, eso significa que el Tribunal de Disciplina Judicial “va a poder evaluar cuando un juez evalúa bien o mal los hechos de un caso”.
José Rogelio Alanís dijo que esta situación se parece a “querer dar línea a los juzgadores”, incluso es lo mismo que trata de hacer la ministra Lenia Batres, quien responde a intereses políticos.
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Los magistrados señalaron que esta situación es un riesgo, porque en ese contexto los jueces y magistrados se preocuparán más por las acciones en su contra que determine el Tribunal de Disciplina y no por resolver acorde a las leyes el caso que estén revisando.
Sobreseer casos contra reforma al PJ
Sobre la solicitud de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Lenia Batres, para sobreseer los juicios contra la reforma judicial y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el magistrado Juan José Olvera opinó que eso demuestra que su actuar es de manera administrativa contra jueces por no acatar la ley constitucional.
Señaló a la ministra Batres como un “botón muestra” de lo peligroso que será elegir a los jueces a través de un proceso de voto popular y así se eliminará la carrera judicial de la dependencia.
Juan José Olvera mencionó tal como se exhibe con Lenia Batres, no se tendrán jueces, sino “operadores políticos en los tribunales”, con lo que el perdedor en este caso será el propio ciudadano.
Añadió que el problema es que quien es juez eventualmente no tiene la convicción y autoridad del valor de la independencia, y es un riesgo que se vivirá al aceptar a quienes carecen de carrera judicial y no tienen noción de la independencia, lo que resulta un “peligro”.
