Ciudad de México, 14 mar. (AMEXI).- La percepción de corrupción pública en México aumentó en la última década, pero mantiene un nivel bajo entre los países de América Latina, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En la cuarta edición del reporte conjunto “Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe”, señalan que 68% de la población en México en 2023 consideró que esta percepción de corrupción está extendida en el Gobierno, porcentaje superior al de 62% en 2013.
Pese a ello, la percepción de corrupción en México está entre los niveles más bajos en la región, donde en general se mantiene alta.
La OCDE y el BID refieren que, en América Latina, en promedio, el 75% de las personas de los países en la región creen que la corrupción está generalizada en todo su Gobierno.
Entre 16 países seleccionados, los niveles más altos están en Perú con 90%, Panamá con 86%, Ecuador con 84%, Colombia con 83% y Guatemala y Argentina con 80%, en cada caso.
En contraste, los menores niveles están en Uruguay con 58%, República Dominicana con 61%, Brasil y México con 68%, y Costa Rica con 70 por ciento.
Los organismos resaltan que la corrupción es un obstáculo principal para la buena gobernanza pública. “Debilita la eficiencia del Gobierno al influir en las decisiones de los actores públicos y privados”, advierten.
La integridad pública juega un papel clave en la mejora de la productividad, la reducción de las desigualdades y el fortalecimiento de las capacidades del sector público.
«Es necesario contar con estándares de integridad para combatir la corrupción, nivelar el terreno de juego y combatir los conflictos de interés», subrayan la OCDE y el BID.
Recomiendan que, para protegerse contra la corrupción y promover la integridad, los Gobiernos deben contar con políticas que garanticen la rendición de cuentas en los procesos de toma de decisiones, promuevan la transparencia en las finanzas políticas y los procesos electorales, reduzcan los conflictos de interés de los funcionarios públicos y mantengan procedimientos de cabildeo claros y justos
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