Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fueron asesinados en México 78 periodistas y 259 personas defensoras de derechos humanos. En total, 337 víctimas, según una investigación del Human Rights Center de la Universidad de California en Berkeley.
El estudio reconstruyó casos y documentó otras formas de agresión, como espionaje, hostigamiento y utilización de procedimientos legales contra críticos del poder. Sus hallazgos plantean una cuestión que rebasa el balance de un sexenio: quienes investigan abusos y vigilan a las instituciones se convierten, ellos mismos, en objetivos de violencia.
La violencia más allá de los homicidios
La aportación de Berkeley no consiste solamente en reunir los nombres de las personas asesinadas. Su investigación intenta reconstruir las condiciones en las que ocurrieron esos crímenes y relacionarlos con otras agresiones contra periodistas y defensores.
La plataforma Under Attack reúne una base de datos de víctimas, expedientes sobre asesinatos, desapariciones y otras formas graves de violencia, registros de conferencias presidenciales y documentación sobre vigilancia y hostigamiento. La cifra de 337 corresponde a la metodología del estudio, no a un conteo oficial del gobierno mexicano. Las diferencias respecto de otros registros, como los de Artículo 19, deben entenderse a partir de sus respectivos criterios de inclusión y verificación.
El Centro estima que la impunidad por delitos contra periodistas se mantuvo entre 93 y 99 por ciento durante el periodo estudiado. También documentó que algunas víctimas estaban incorporadas al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuando fueron asesinadas.
La existencia de medidas de protección no garantizó su supervivencia. Cuando las amenazas son conocidas y las víctimas continúan expuestas, el fracaso institucional adquiere una gravedad particular. Si los responsables tampoco enfrentan consecuencias judiciales, la impunidad contribuye a perpetuar las condiciones que hacen posible la violencia.
Del señalamiento público al espionaje
Berkeley examinó distintas formas de presión: estigmatización desde la tribuna presidencial, campañas de hostigamiento digital, vigilancia tecnológica, procedimientos legales y violencia física.
Desde sus conferencias matutinas, López Obrador convirtió en práctica recurrente la descalificación de periodistas críticos. Expresiones como “prensa fifí” y “chayoteros” formaron parte de un discurso que presentaba a determinados medios y comunicadores como adversarios políticos.
El equipo de Berkeley utilizó herramientas de inteligencia artificial para analizar 1,437 conferencias presidenciales e identificó 2,827 segmentos que, de acuerdo con su clasificación, desacreditaban o difamaban a periodistas.
La relevancia política de esa retórica reside en la posición desde la que se emite. Un presidente dispone de una capacidad de amplificación que no tiene un ciudadano común. Cuando identifica a periodistas, cuestiona su integridad y los presenta como enemigos de un proyecto político, interviene en la definición pública de quién merece credibilidad y quién debe ser considerado sospechoso.
El señalamiento presidencial contribuye a un entorno donde la crítica puede presentarse como traición o conspiración y donde los periodistas señalados quedan expuestos a la hostilidad pública.
La investigación también documentó campañas coordinadas de hostigamiento digital y redes de cuentas inauténticas vinculadas con medios estatales. A ello se suma el espionaje mediante Pegasus y otras herramientas de vigilancia, cuyo uso fue rastreado por los investigadores hasta unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Para reconstruir estas operaciones, el equipo examinó registros de contratación, expedientes judiciales y documentos internos de la Sedena filtrados en 2022 por el colectivo Guacamaya.
El espionaje tiene consecuencias que van más allá de la invasión de la intimidad. Un teléfono intervenido puede revelar fuentes periodísticas, comunicaciones con víctimas, conversaciones con abogados y datos personales de familiares. La vigilancia y las investigaciones que realizaron comprometió la seguridad de las personas periodistas y defensoras.
Cuando el Estado también aparece en el expediente
México arrastra desde hace años una grave crisis de seguridad. Organizaciones criminales amenazan y asesinan periodistas; autoridades locales pueden proteger intereses particulares y las disputas económicas convierten a comunidades enteras en territorios de riesgo. No todos los homicidios tienen el mismo origen ni responden a una dirección común.
El planteamiento de Berkeley es que determinadas agresiones, examinadas conjuntamente, podrían revelar un patrón de persecución contra quienes investigan delitos, corrupción y abusos de autoridad.
La distinción importa. Un Estado puede fracasar en la protección de sus ciudadanos por incapacidad, corrupción o debilidad institucional. La situación adquiere otra dimensión cuando existen indicios de que organismos públicos utilizan recursos y herramientas de vigilancia contra quienes investigan abusos, mientras las autoridades desacreditan públicamente su trabajo.
El caso de Pegasus expone esa contradicción. Mientras López Obrador aseguraba que su gobierno no espiaba a críticos, la investigación reconstruyó operaciones de vigilancia atribuidas a unidades militares. La documentación debe valorarse caso por caso, pero sus hallazgos plantean interrogantes sobre el uso de recursos públicos y la responsabilidad institucional.
Berkeley también documentó procedimientos civiles y penales que, según su análisis, fueron utilizados para castigar o desgastar a críticos. Los tribunales son instrumentos legítimos para resolver controversias; su utilización para intimidar, agotar recursos o inhibir investigaciones plantea un problema diferente.
Para un periodista independiente o un medio pequeño, la acumulación de presiones puede resultar especialmente difícil de enfrentar. Investigar un caso de corrupción puede implicar amenazas físicas, exposición digital, vigilancia y litigios costosos. La libertad de expresión depende de las garantías legales, pero también de las condiciones materiales para ejercerla.
¿Persecución como crimen de lesa humanidad?
La investigación plantea una hipótesis jurídica de mayor alcance: que algunos de los hechos documentados podrían constituir el crimen de lesa humanidad de persecución, contemplado en el Estatuto de Roma.
Lindsay Freeman, responsable del equipo investigador, sostiene que los hallazgos justifican que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional examine el caso. El argumento consiste en que los homicidios, las desapariciones, el espionaje y otras formas de hostigamiento podrían analizarse como componentes de un patrón más amplio dirigido contra quienes investigan delitos y denuncian abusos.
La persecución como crimen de lesa humanidad exige requisitos jurídicos específicos, entre ellos la privación grave e intencional de derechos fundamentales por motivos discriminatorios y su conexión con un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
Berkeley propone examinar si las agresiones reunidas en su investigación permiten identificar esos elementos. La hipótesis merece atención, pero no debe confundirse con una determinación judicial: el estudio no demuestra por sí mismo que se haya cometido un crimen de lesa humanidad ni establece la responsabilidad penal de López Obrador o de algún funcionario determinado.
Su importancia reside en que obliga a examinar relaciones que suelen estudiarse por separado. Una intervención telefónica puede parecer un abuso de vigilancia; una campaña digital, un episodio de hostigamiento; un homicidio, un crimen individual. La pregunta es si, en determinados casos, esas acciones forman parte de un ataque más amplio contra un grupo identificable.
El costo de fiscalizar al poder
Los 337 asesinatos documentados constituyen el dato más doloroso de la investigación. Los expedientes sobre espionaje, estigmatización y presión legal amplían la perspectiva y permiten examinar responsabilidades que una estadística de homicidios no alcanza a mostrar.
Una democracia necesita periodistas capaces de investigar lo que las autoridades preferirían mantener oculto y defensores que documenten abusos y acompañen a comunidades cuyos derechos están amenazados. Ese trabajo puede incomodar a gobiernos, empresas, organizaciones criminales y poderes locales. Precisamente por eso requiere garantías efectivas.
Cuando quienes cumplen esa función son asesinados y sus casos permanecen impunes, el daño alcanza a toda la sociedad. Cuando además aparecen indicios de vigilancia estatal y hostigamiento desde posiciones oficiales, la discusión involucra la relación entre ciudadanía, instituciones y poder político.
El legado de un gobierno también se mide por las condiciones en que deja ejercer la crítica. Importa saber si sus ciudadanos pueden denunciar abusos, cuestionar decisiones públicas y exigir cuentas sin que esa actividad los convierta en objetivos.
Los nombres reunidos por Berkeley corresponden a personas que desempeñaban una función indispensable para la vida colectiva. Su ausencia reduce la capacidad de una sociedad para conocer sus conflictos y reclamar justicia.
Mientras la impunidad siga siendo la regla, el riesgo de hacer visible la realidad continuará pesando sobre quienes intentan documentarla.
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