La reciente ocupación y desalojo de un amplio terreno propiedad del gobierno del estado en San José Tecoh, al sur de Mérida, Yucatán, pone en evidencia un problema muy viejo: la ocupación ilegal de inmuebles por familias supuestamente necesitadas, que es bandera de grupos emergentes y sus líderes para lucrar con bienes y buscar a la postre un cargo público y político. Y eso es una constante en todo el país.
Al gobierno del estado de Yucatán a manos de Morena le tocó ahora, como al PRI y al PAN en el pasado, recurrir con la ley en la mano a la fuerza pública y maquinaria pesada para desalojar a los ocupantes del predio propiedad del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). En respuesta, los afectados se victimizaron públicamente y en protesta cerraron durante 20 horas avenidas importantes, como el Periférico.
“No se me hace justo que estos terrenos que invadimos con trabajo y sacrificio, nos los vengan a quitar”, reconoció públicamente una de las afectadas por el desalojo y que participó en el bloqueo de avenidas.
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Lejos de expresar su respaldo popular a la ocupación y el cierre de avenidas, los vecinos reaccionaron con encono por la usurpación de terrenos por parte de “fuereños”, en particular provenientes de Tabasco, por la afectación de sus derechos de tránsito y movilidad, la basura y los daños en la red eléctrica de la zona.
Los afectados y sus líderes increparon en Palacio de Gobierno al mandatario estatal, Joaquín Díaz Mena, quien sostuvo que en Yucatán nadie está por encima de la ley. Empero, la gente de su alrededor reclamó promesas incumplidas por políticos que hoy están en el poder.
En redes sociales empezaron a salir trapitos al sol: acusaron de estas acciones a la diputada de Morena del VII distrito, originaria de Tabasco, Clara Rosales, quien, por supuesto negó promover asentamientos irregulares, pero señaló a su vez a los panistas –sin precisar nombres- de estar detrás de esas movilizaciones.
El titular del IVEY, el expriista Felipe Cervera Hernández, aceptó que son “grupos organizados” los que lucran con la necesidad habitacional mediante engaños, falsificación de documentos y cobros indebidos, y que son las familias con necesidad legítima de vivienda que resultan víctimas de este tipo de fraudes.
Para cerrar filas con el gobierno, se expresaron los representantes y líderes de Morena en Yucatán. El diputado federal Óscar Brito Zapata habló de injerencia de personas con posibles intereses políticos que manipulan las necesidades de familias. “Desafortunadamente hay quienes ya vieron un modelo de negocio en este tema de las invasiones”, expuso.
La dirigencia de Morena en Yucatán defendió el orden, la legalidad y el respeto al patrimonio colectivo: “Nuestro movimiento nació bajo el principio de primero los pobres, y ello implica asumir el compromiso de que cada familia pueda acceder a una vivienda digna, con certeza jurídica, servicios públicos y seguridad patrimonial”, asentó.
De esta manera, Morena cerró filas con su gobierno ante la intentona de un grupo por erigirse como adalid de la justicia social.
Sin embargo, no es casual que este tipo de ocupación ilegítima de predios y movilizaciones de ocurran en víspera del proceso electoral de 2027. Los antecedentes muestran que los políticos que hoy son de Morena o de la llamada “izquierda” política fueron eso precisamente: líderes de asentamientos ilegales con máscaras de héroes y de defensores de justicia social.
Baste recordar que después del terremoto de 1985, en la Ciudad de México surgió con fuerza el llamado Movimiento Urbano Popular (MUP) y diversas organizaciones sociales que recurrieron frecuentemente a la ocupación o invasión de predios e inmuebles urbanos y con los años integraron la base territorial de partidos de izquierda como el PRD, el PT y, posteriormente, Morena.
Organizaciones como la Asamblea de Barrios (AB) y la Coordinadora Única de Damnificados (CUD) articularon a miles de familias en el Centro Histórico y colonias céntricas. Además de negociar expropiaciones con el gobierno, tomaron múltiples inmuebles y terrenos baldíos.
¿Nombres? René Bejarano Martínez, quien fuera coorganizador de la CUD y de la Unión Popular Nueva Tenochtitlan, diputado local, secretario particular de Andrés Manuel López Obrador durante su jefatura de gobierno en el DF (PRD) y actualmente encabeza el Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE), agrupación aliada a Morena.
Dolores Padierna Luna, activista en el movimiento inquilinario y la CUD y después jefa delegacional en Cuauhtémoc, senadora, diputada federal (PRD y Morena) y funcionaria pública.
Javier Hidalgo Ponce, dirigente en la Asamblea de Barrios. Se desempeñó como diputado federal (PRD y Morena) y titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte).
Marco Rascón Córdova, fundador de la AB y diputado federal por el PRD (aunque años más tarde se distanció del partido y sus corrientes).
La Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), que impulsó en los 80 la toma masiva de predios en zonas periféricas como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y municipios conurbados del Estado de México; fue dirigida por Felipe Rodríguez Aguirre y Teresa Reyes Sahagún, quienes fueron diputados federales por el PRD.
La tres veces alcaldesa de Iztapalapa y actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México por Morena, Clara Brugada Molina, fue líder comunitaria en la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo (Iztapalapa) y dirigente de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP) y luego diputada local y diputada federal.
Al llegar el PRD al gobierno del DF en 1997, las organizaciones populares canalizaron las demandas de sus agremiados mediante el Instituto de Vivienda de la CDMX, convirtiéndose en intermediarios de créditos y asignación de departamentos a cambio de movilización social y voto corporativo.
Otro de los mecanismos de integración al poder público fue la incorporación de los liderazgos que administraban campamentos y predios regularizados a puestos en las delegaciones (hoy alcaldías), la Asamblea Legislativa (hoy Congreso de la CDMX) y dependencias de desarrollo social.
Al migrar la base militante del PRD hacia Morena a partir de 2014, los principales operadores territoriales e históricos de estas organizaciones preservaron sus cuotas de representación dentro del nuevo partido oficialista.
En suma, ocupar asentamientos irregulares ha sido la vía para alcanzar posiciones de representación o en el gobierno; por eso, no resulta extraño que ocurran ocupaciones ilegales en víspera de las elecciones federales de 2027, ahora en detrimento del partido en el poder, Morena, como ocurre ya en el estado de Yucatán.
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