Por Luis Carlos Rodríguez
Ocurrió la noche del miércoles, en plena resaca electoral, cuando muchos festejaban el triunfo del oficialismo y otros ni siquiera apuntaron las placas del carro completo que arrolló a la oposición.
Ya entrada la noche en la plaza Giordano Bruno en la colonia Juárez, en la Ciudad de México, que presume ser una “ciudad de derechos”, arribaron cientos de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Guardia Nacional, policías y funcionarios capitalinos, así como personal de limpia, para desalojar sin previo aviso y a la fuerza a unos 500 extranjeros.
Obligados a subirse a camiones, mientras personal de limpieza destruía su escaso patrimonio, como era ropa, tenis, casas de campaña, algunos trastes, los centroamericanos, sudamericanos y caribeños, entre ellos familias, mujeres y niños, fueron formados para “ser rescatados”, eufemismo que utiliza el INM para detener y deportar.
Ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Rosario Piedra Ibarra, más entretenida en inmiscuirse en el proceso electoral de forma ilegal, ni la comisión en la materia de la capital se pronunciaron por este desalojo que nos recuerda las redadas en Texas, Florida y Arizona que tanto critican funcionarios y políticos mexicanos.
Activistas y defensores de migrantes exigieron información a los agentes del INM sobre este operativo. Sólo hubo silencio. Hasta el siguiente día ─el jueves─, un escueto boletín dio cuenta del mismo, donde se señala que la acción fue por “instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador”.
“Con el propósito de atender las condiciones en las que permanecía un grupo de personas migrantes en la plaza Giordano Bruno… el INM realizó labores de convencimiento para trasladarlos a albergues y espacios de esta institución, con el objeto de atender sus necesidades, así como para regularizar su situación migratoria”.
Sin embargo, la abogada del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Anahí Ruelas, quien acudió a presenciar el desalojo, denunció que es falso que los migrantes hayan dejado el campamento de manera voluntaria bajo la promesa de su regularización migratoria.
No es el primer desalojo de campamentos de migrantes en el país, los hemos visto en Chiapas, en Baja California, en Chihuahua. Pero si la primera gran redada chilanga en la mal llamada Ciudad de Derechos, donde bajo el argumento de una “migración ordenada y humanitaria” los extranjeros son literalmente detenidos con falsas promesas de regularización y al final serán deportados, eso sí con el discurso de que todo fue “humanitario”. Tal Cual.
