En Tlalnepantla, Estado de México clausuraron dos tomas clandestinas de hidrocarburos en la colonia La Laguna, cerca de la autopista Naucalpan-Ecatepec, en un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR).
En el lugar también aseguraron 15 mil litros de hidrocarburos presuntamente extraído de manera ilegal.
En la intervención participaron peritos de la FGR, personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de equipos de Protección Civil.
Durante el cateo, las autoridades decomisaron tres bombas hidráulicas, siete cubitanques con capacidad de mil litros cada uno, mangueras de distintas longitudes y cuatro vehículos utilizados para la extracción y transporte del hidrocarburo.
El material asegurado y el inmueble quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que inició una carpeta de investigación para determinar responsabilidades penales por delitos relacionados con la extracción y manejo ilegal de hidrocarburos.
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Incidentes previos en la zona
El hallazgo no es aislado. En 2024, al menos dos tomas clandestinas fueron detectadas en Tlalnepantla, lo que evidencia la persistencia de actividades ilícitas relacionadas con los ductos de Pemex.
El pasado 27 de agosto, las autoridades localizaron una toma subterránea en la colonia Poder de Dios. Un mes antes, el 24 de julio, se encontró otra toma clandestina en la calle Mitla de la misma colonia.
Este último incidente resultó fatal, pues tres personas fallecieron debido a la inhalación de gases tóxicos mientras manipulaban el combustible. En esa ocasión, las autoridades aseguraron tres mil litros de hidrocarburo.
Refuerzan vigilancia
La FGR destacó que la colaboración interinstitucional ha permitido dar golpes significativos a las redes de extracción ilegal de combustible en el Valle de México, aunque reconoció la necesidad de reforzar la vigilancia en zonas vulnerables, particularmente aquellas cercanas a ductos de Pemex.
Este tipo de actividades ilegales no solo representan un daño económico para la empresa estatal, sino que también generan riesgos ambientales y de seguridad para las comunidades vecinas.
La dependencia federal reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de estos delitos.
