| Violencia en Sinaloa provoca cierre masivo de empresas; acusan crisis económica y negación oficial
La violencia en Sinaloa ha detonado una crisis económica severa, marcada por cierre masivo de negocios, pérdida de empleos e incertidumbre empresarial, advirtió la senadora del PRI, Paloma Sánchez Ramos, quien acusó al gobierno estatal de negar la gravedad del deterioro económico.
La legisladora señaló que, desde el inicio de la narco-guerra, 4 mil 569 negocios y empresas han quebrado en la entidad. Agregó que esa cifra refleja el impacto directo de la inseguridad en la economía local.
Además, indicó que tan sólo en los primeros tres meses de 2026, 192 comercios cerraron en Culiacán. La mayoría se ubican en el centro de la ciudad, uno de los principales corredores comerciales del estado.
Según la senadora priista, la crisis ha generado pérdidas superiores a 70 mil millones de pesos y más de 30 mil empleos perdidos. Esta situación ha dejado a miles de familias sin ingresos y en condiciones de alta vulnerabilidad económica.
| Violencia prolongada impacta economía sinaloense
Sánchez Ramos afirmó que Sinaloa acumula más de 560 días consecutivos de crisis. Añadió que en ese periodo la violencia, extorsiones y amenazas han afectado de manera directa a comerciantes, empresarios y pequeños negocios.
En ese contexto, sostuvo que la actividad económica se ha debilitado progresivamente, particularmente en comercio, servicios y pequeñas empresas familiares, sectores que dependen de la estabilidad social para operar.
Asimismo, criticó que, frente a esta realidad, el secretario de Economía estatal haya cuestionado la existencia de negocios cerrados, en lugar de implementar acciones urgentes para contener la crisis económica.
La legisladora acusó que el gobierno estatal ha optado por minimizar la situación, pese al incremento de la violencia, el cierre de empresas y la pérdida de empleos.
| Empresarios bajo amenaza y violencia en constante en Sinaloa
La senadora también denunció que los empresarios sinaloenses enfrentan extorsiones, amenazas y violencia directa. Estas condiciones han provocado que muchos negocios reduzcan operaciones o cierren definitivamente.
Como ejemplo, mencionó el caso de Rafael Tirado Lizárraga, propietario de la Frutería Alicia, en Mazatlán. Fue privado de la libertad y posteriormente hallado sin vida con signos de violencia, tras permanecer desaparecido durante dos días.
Este hecho, señaló, refleja el clima de inseguridad que enfrentan comerciantes, quienes operan sin garantías de seguridad ni respaldo institucional.
Además, la legisladora advirtió que la violencia no sólo afecta a grandes empresas. También a micro y pequeños negocios familiares, que constituyen la base de la economía local.
| Incertidumbre económica y llamado urgente
Sánchez Ramos sostuvo que la violencia en Sinaloa ha generado incertidumbre en inversiones, reducción del consumo y debilitamiento del mercado interno, lo que agrava la crisis económica.
Asimismo, hizo un llamado a implementar estrategias urgentes de seguridad y reactivación económica. El objetivo, dijo, consiste en evitar que continúen el cierre de empresas y la pérdida de empleos.
Finalmente, la legisladora afirmó que Sinaloa atraviesa una de las etapas más críticas de su historia reciente. Por ello pidió al gobierno que enfrente la crisis con responsabilidad, y que proteja la vida, así como el patrimonio de la población, y deje de negar la magnitud del problema.
