La firma de la Alianza para la Defensa de la Propiedad Social de la Tierra y el Territorio representa el primer acuerdo formal interinstitucional destinado a fortalecer la justicia agraria en México y la propiedad social de la tierra. Sin embargo, especialistas advierten que los riesgos estructurales de despojo, concentración de tierras y presión de megaproyectos permanecen vigentes.
El acuerdo involucra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional (RAN), con el objetivo de mejorar la coordinación institucional y garantizar justicia agraria pronta, completa, gratuita y culturalmente pertinente.
El procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, destacó que la propiedad social abarca 32 mil 500 ejidos y comunidades, donde 5.5 millones de personas poseen derechos agrarios y que, en conjunto, ocupan casi la mitad del territorio nacional. La protección de estos espacios, afirmó, resulta estratégica para la soberanía alimentaria, la conservación ambiental y la estabilidad social rural.
Conflictos históricos y justicia agraria pendiente
A pesar del nuevo acuerdo, los conflictos agrarios en México continúan prolongándose durante décadas. En muchos casos, las sentencias no logran resolver disputas de fondo relacionadas con invasiones, superposición de límites o incumplimiento de resoluciones judiciales.
Además, el acceso a la justicia agraria sigue siendo limitado para comunidades indígenas, campesinas y afromexicanas, que enfrentan barreras geográficas, económicas y culturales para defender sus territorios.
Investigadores de la UNAM, como Isabel Velázquez Quesada y Yannick Deniau, han documentado mediante el Geovisualizador Agrario múltiples casos de apropiaciones ilegales, despojo y concentración de tierras vinculados a proyectos extractivos, turísticos y de infraestructura.
Estos estudios también alertan que numerosos ataques contra defensores indígenas están relacionados con la defensa del territorio frente a proyectos desarrollados sin consulta libre, previa e informada.
Una coordinación institucional sin reforma legal
La alianza firmada no implica una reforma constitucional ni un nuevo marco jurídico, sino un instrumento de coordinación operativa entre autoridades judiciales y administrativas.
El convenio contempla intercambio de información, capacitación conjunta, mecanismos de atención y acompañamiento, así como la aplicación de estándares de derechos humanos, interculturalidad y perspectiva ambiental en los procesos agrarios.
Asimismo, busca articular la función jurisdiccional de tribunales agrarios con los procesos administrativos del Registro Agrario Nacional, particularmente en la certificación y regularización de tierras ejidales y comunales.
Especialistas consideran que la medida puede agilizar trámites y reducir conflictos, pero advierten que no resuelve el rezago histórico acumulado ni las tensiones estructurales del campo mexicano.
Concentración y privatización de tierras agrarias
Datos oficiales indican que la propiedad social representa 50.7 % del territorio nacional, donde viven alrededor de 28 millones de personas, de las cuales cinco millones son indígenas. Estas comunidades custodian aproximadamente 70 % de los bosques y selvas y 80 % de las cuencas hidrológicas del país.
Sin embargo, desde la reforma agraria de 1992, el régimen comunal ha enfrentado procesos crecientes de privatización y concentración.
Hasta 2025, se han privatizado más de cuatro millones de hectáreas ejidales mediante el mecanismo de dominio pleno, lo que involucra a 6 mil 929 ejidos y 351 mil parcelas transferidas a propiedad privada.
El procurador agrario denunció además que diez personas concentran 21 mil 580 parcelas en 45 núcleos agrarios de 19 estados, mientras que 19 acaparadores controlan 47 mil 876 solares urbanos ejidales, lo que refleja un proceso acelerado de concentración territorial.
Megaproyectos y presión sobre territorios comunitarios
Otra fuente de conflicto deriva de proyectos mineros, energéticos, turísticos e industriales, que suelen desarrollarse mediante contratos de renta a largo plazo o consultas cuestionadas por comunidades.
Hasta 2017, el 42 % de los núcleos forestales registraba concesiones mineras superpuestas, una tendencia que ha continuado en regiones como la Península de Yucatán, donde al menos 192 mil 600 hectáreas ejidales fueron privatizadas entre 1992 y 2019.
Especialistas también advierten que algunos programas públicos han modificado la gobernanza comunitaria al priorizar apoyos individuales sobre decisiones asamblearias.
Un acuerdo insuficiente para proteger la propiedad social de la tierra
Aunque la alianza institucional puede mejorar la coordinación entre autoridades y agilizar la justicia agraria, expertos señalan que persisten desafíos estructurales como abandono de tierras, inseguridad rural, falta de financiamiento productivo y conflictos socioambientales.
Además, el rezago de los tribunales agrarios continúa siendo significativo. Tan solo en 2025, se atendieron más de 100 mil asuntos, mientras miles de casos antiguos permanecen sin resolución definitiva.
En este contexto, la alianza representa un avance institucional relevante, pero su impacto dependerá de la ejecución efectiva, recursos disponibles y voluntad política para proteger la propiedad social frente a presiones económicas y territoriales.
La preservación de la propiedad social de la tierra, concluyen especialistas, no solo implica justicia agraria, sino también soberanía alimentaria, conservación ambiental y estabilidad social, en un país donde casi la mitad del territorio permanece bajo régimen comunitario.
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