Campesinos y pescadores que actualmente poseen los terrenos nacionales conocidos como Monte Calvario I, El Encanto y Jardines del Edén, en el municipio de Tonalá, Chiapas, denunciaron que continúan siendo víctimas de hostigamiento, amenazas, maltrato y presión para abandonar la zona, a pesar de que existen resoluciones judiciales que ordenaron la restitución de los predios en su favor.
En entrevista con AMEXI y de acuerdo con la documentación proporcionada por los propios pobladores, el 3 de junio de 2025 un juez de Control y de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tonalá determinó procedente la restitución de manera ilegal del inmueble denominado “El Zapotal”, resolución ejecutada el 13 de junio del mismo año.
No obstante, el conflicto escaló en los meses posteriores. Campesinos y pescadores detallaron que acreditaron la posesión del predio y promovieron nuevas acciones legales, lo que derivó en una segunda determinación judicial que volvió a ordenar la restitución de los terrenos nacionales a sus legítimos posesionarios, esta vez en su favor.
Dicho acto se concretó el 20 de octubre de 2025, a las 18:05 horas, según consta en el acta referida por los denunciantes.
Desde esa fecha y hasta marzo de 2026, los pobladores aseguran haber mantenido la posesión material del terreno, donde continúan realizando actividades productivas como la pesca y el trabajo agrícola.
¿Por qué continua el conflicto?
Sin embargo, advierten que la restitución no ha significado el fin del conflicto, sino apenas una etapa dentro de una disputa más amplia.
posesión material del terreno, donde continúan realizando actividades productivas como la
pesca y el trabajo agrícola. Foto: Especial / AMEXI
“Vivimos bajo presión constante”, señalaron, en el que describen un ambiente de temor en las comunidades asentadas en la zona.
De acuerdo con su versión, persisten actos de intimidación y amenazas dirigidas a obligarlos a abandonar las tierras.
Los denunciantes sostienen que personas ajenas a las comunidades estarían siendo contratadas por parte de Farmacias del Ahorro para ejercer presión directa sobre las familias.
Según su testimonio, estas personas acuden a colonias y parcelas para advertirles que deben desalojar o enfrentar consecuencias, presentándose armados y con amenazas hasta de muerte, hecho que forma parte de una denuncia pública que no ha sido acreditada por la autoridad judicial.
Denuncian a las Farmacias del Ahorro
En la charla, los campesinos mencionan al apoderado legal de Farmacias del Ahorro, Enrique Castillo López y al fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Istmo-Costa, Armando Martínez Burguete, como presuntos actores vinculados a un clima de presión en la región.
Al mismo tiempo, reconocen que, en términos formales, las autoridades estatales han respetado las resoluciones judiciales emitidas en torno al caso.
El temor principal, advierten, es que la tensión escale. “Temen que se derrame sangre y que alguien de su familia muera”, denuncian, lo que refleja el nivel de conflictividad social que persiste en la zona.
Por lo anterior, pidieron escuchar su demanda en Palacio Nacional, para que la presidenta Claudia Sheinbaum tenga información de la situación que se registra y evite posibles focos rojos.
«No queremos que esta situación se convierta en un estallido social donde se ponga en riesgo la vida de personas inocentes”, sentenciaron
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Un conflicto de fondo: tierra, inversión y vacío legal
El caso de “El Zapotal” forma parte de una disputa más amplia que ha sido documentada desde 2025.
De acuerdo con notas publicadas en AMEXI, el conflicto involucra más de 300 hectáreas en la región de Puerto Arista, donde al menos 120 familias reclaman la posesión histórica de predios como Monte Calvario I, Jardines del Edén, Nuevo Puerto Arista y El Encanto.
En esa cobertura se señala que los terrenos han sido objeto de litigios entre campesinos y la Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, vinculada a Farmacias del Ahorro, en un contexto donde también se ha mencionado el interés de desarrollar proyectos turísticos en la zona.
Los antecedentes del conflicto se remontan, según esas versiones, a 2006, lo que evidencia que no se trata de una disputa reciente, sino de un problema estructural en torno a la tenencia de la tierra en la costa chiapaneca.
Uno de los elementos clave es la naturaleza jurídica de los predios. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha sostenido que los terrenos en disputa son propiedad de la Nación.
Bajo esa premisa, ninguna autoridad estatal tendría facultades para adjudicar su posesión a particulares ni para ejecutar desalojos sin sustento federal.
En ese sentido, los comuneros insisten en su demanda central:
“No pedimos favores, exigimos legalidad”, frase que resume la exigencia de que se respete su derecho a la tierra y se reconozca formalmente su posesión.
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Regularización pendiente
Para los habitantes, el problema no se resolverá mientras no exista certeza jurídica definitiva. Aunque actualmente mantienen la posesión material de los predios, advierten que su situación sigue siendo vulnerable.
Por ello, han solicitado la intervención de la Sedatu para que concluya el proceso de regularización y emita los títulos de propiedad correspondientes. Consideran que este paso es fundamental para cerrar el ciclo de litigios y evitar nuevos intentos de despojo.
Mientras tanto, la región permanece en una especie de equilibrio inestable: por un lado, resoluciones judiciales que han favorecido a los campesinos; por otro, un entorno de tensión social, acusaciones cruzadas y la persistencia de intereses económicos sobre la tierra.
En ese escenario, de manera inexplicable estos terrenos de carácter nacional se han convertido en un punto crítico donde convergen conflictos agrarios, vacíos legales y presiones económicas, en una zona donde la tierra no sólo representa propiedad, sino supervivencia.
