El grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de México presentó una iniciativa para endurecer las sanciones penales contra quienes presenten denuncias falsas, con dolo, contra docentes, además de establecer protocolos obligatorios de mediación escolar para atender conflictos dentro de los planteles.
La propuesta, impulsada por la diputada Leticia Mejía, plantea reformas a la Ley de Educación estatal y al Código Penal mexiquense, bajo el argumento de que los conflictos escolares deben resolverse con rutas institucionales claras, acompañamiento legal y respeto al debido proceso, sin debilitar la protección de niñas, niños y adolescentes.
Actualmente, el delito de denuncia falsa contempla penas de dos a seis años de prisión. La reforma busca elevarlas a un rango de cuatro a 12 años de cárcel. Además, imponer hasta cinco mil días multa como reparación del daño a la persona afectada.
Buscan frenar denuncias falsas contra docentes
La legisladora sostuvo que existen casos en los que señalamientos sin sustento terminan destruyendo la reputación, la estabilidad laboral y la vida familiar de docentes. Esto tiene una implicación especial cuando los conflictos pudieron resolverse mediante mediación o intervención oportuna de las autoridades educativas.
Según expuso, una acusación falsa no sólo afecta al maestro señalado, sino también a su entorno familiar, su salud emocional y la confianza de alumnos y padres de familia.
El planteamiento incorpora protocolos claros de atención y mediación escolar para conflictos entre docentes, estudiantes, madres y padres. Esos lineamientos tienen el objetivo de prevenir la violencia, evitar escaladas innecesarias y garantizar acompañamiento psicológico y jurídico.
También propone fortalecer el reconocimiento legal de la labor docente mediante la protección del honor, crédito y prestigio profesional de maestras y maestros como parte de su revalorización institucional.
Debate por el equilibrio entre protección y justicia
El PRI rechazó que la reforma busque inhibir denuncias reales por violencia, abuso o maltrato escolar. Por el contrario, sostuvo que toda acusación que involucre daño contra menores debe investigarse con seriedad, sensibilidad y firmeza.
La discusión de fondo, sin embargo, no será menor: mientras el PRI plantea evitar el uso de denuncias como mecanismo de presión o venganza, el debate legislativo inevitablemente girará en torno al riesgo de que penas más severas puedan generar temor para denunciar casos reales.
La iniciativa busca construir, según sus promotores, un sistema más equilibrado. La finalidad consiste en protegert tanto a las víctimas auténticas como a los docentes frente a acusaciones fabricadas.
El proyecto fue turnado a comisiones para su análisis en el Congreso mexiquense. Se anticipa una discusión sensible por el impacto directo que tendría en escuelas, familias y procesos judiciales.
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