Tras la solicitud del gobierno de Estados Unidos de aplicar detención provisional con fines de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios de esa entidad, la Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que sólo se concederá “si se considera si hay pruebas suficientes”.
El vocero de la FGR, Ulises Lara López, informó que revisan la documentación enviada por las autoridades de Estados Unidos, pero subrayó que analizarán las solicitudes y se procederá a la extradición sólo si se cuenta con pruebas suficientes y sólidas para avanzar en el procedimiento.
Indicó que, aunque la solicitud del gobierno de Estados Unidos «no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados» sobre los presuntos vínculos con el narcotráfico, se analizará la investigación recibida del Departamento de Estado de ese país.
Inicia su propia investigación
Ulises Lara dio a conocer que se inició una investigación para determinar si hay datos de prueba que sostengan la acusación y que se va a revisar si existen los elementos probatorios necesarios para detener y extraditar al gobernador morenista y los funcionarios señalados.
Mencionó que «la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito».
En un video difundido en sus redes sociales, el vocero de la Fiscalía explicó que el tratado bilateral en la materia refiere, con toda precisión, que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso de México.
«Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicables en la materia, es obligación de esta Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y en su caso sobre la viabilidad de la solicitud».
El vocero señaló que, conforme a la carta enviada por las autoridades estadounidenses, se reveló información que «podría ser un detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en los Estados Unidos y contrario a las normas procesales que los gobiernan».
Lara López también expuso que la legislación mexicana refiere que en el caso de gobernadores y senadores se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidores públicas que ostentan dichos cargos.
«La propia convención de Viena de Relaciones diplomáticas establece que deben tomarse las medidas correspondientes, a fin de que toda la información y documentación que se remite en este tipo de casos se maneje con un carácter confidencial y reservado, a efecto de proteger la información que ha sido transmitida».
La acusación formal
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal presentada ante una Corte federal en el Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios o exfuncionarios de la entidad.
Según los fiscales estadounidenses, los señalados habrían conspirado con líderes de la facción conocida como “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, para facilitar la importación de grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio norteamericano.
A cambio, supuestamente ofrecieron protección institucional, información sensible y apoyo político.
Inmediatamente después de la difusión de la acusación, la Embajada de Estados Unidos en México remitió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitudes de detención provisional con fines de extradición para varias de las personas involucradas.
La cancillería recibió estos documentos y, tras una revisión inicial, los turnó a la FGR para que evalúe su viabilidad conforme al tratado de extradición bilateral entre ambos países.
Rubén Rocha Moya asumió la gubernatura de Sinaloa en noviembre de 2021 tras ganar las elecciones con el respaldo de Morena. Antes fue senador y académico.
Según la versión de los fiscales de Nueva York, su llegada al poder fue gracias al apoyo de “Los Chapitos”, quienes supuestamente recurrieron a intimidación y secuestros de rivales políticos durante la campaña.
El retiro de visa
En 2025, autoridades estadounidenses revocaron la visa de Rocha Moya como parte de acciones contra funcionarios presuntamente vinculados al narcotráfico. Al Cártel de Sinaloa se le señaló como organización terrorista en febrero de ese año.
Expertos señalan que, en el caso de un gobernador en funciones, sería necesario un proceso previo de desafuero ante el Congreso local antes de cualquier extradición.
La acusación en Nueva York sigue su curso. Si alguno de los implicados fuera detenido y extraditado, enfrentaría cargos graves que podrían conllevar penas de varias décadas de prisión o incluso cadena perpetua, dependiendo de los detalles que presenten los fiscales.
Algunos analistas señalan que la extradición de Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa es un proceso formal que obligará a México a tomar decisiones difíciles en las próximas semanas y meses.
Subrayan que la forma en que se resuelva podría marcar un precedente en las relaciones bilaterales y en la lucha contra el crimen organizado en el país.
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