El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, rechazó que exista un “linchamiento político” contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, pero advirtió que esa Cámara legislativa está “preparada en cualquier momento” para recibir solicitudes de juicio político, en caso de que sean promovidas por el Senado u otras instancias.
En entrevista, explicó que existen dos figuras jurídicas aplicables: la declaratoria de procedencia, que permite retirar el fuero a un funcionario para someterlo a proceso penal, y el juicio político, que se tramita en San Lázaro como órgano instructor, mientras el Senado actúa como instancia resolutoria.
Del PT la primera de las posibles solicitudes de juicio político
Monreal precisó que, tras la controversia por la presunta presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia en operativos de seguridad en la entidad, hasta ahora no existe ninguna solicitud formal por parte de senadores, aunque confirmó que el Partido del Trabajo presentó una petición que seguirá el trámite ordinario conforme a la ley.
El legislador insistió en que el caso no responde a una persecución política, sino a una “duda fundada” sobre la posible actuación de agentes extranjeros en territorio nacional sin autorización federal, lo que —subrayó— involucra directamente la soberanía del país.
Oposición respalda a Maru Campos y cuestiona el enfoque del debate
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, respaldó la actuación de la gobernadora de Chihuahua y sostuvo que México necesita “más gobernadoras y gobernadores valientes” que enfrenten al crimen organizado.
La legisladora criticó que el debate político haya desplazado lo que consideró el tema central: la crisis de inseguridad que enfrenta el país. En ese contexto, cuestionó la falta de coordinación institucional y la posible omisión en el flujo de información hacia la titular del Ejecutivo estatal.
“Me parece muy lamentable que quienes tenían información no se la hayan proporcionado”, afirmó, al advertir que ocultar datos en materia de seguridad debilita la capacidad de respuesta de las autoridades.
López Rabadán sostuvo que la prioridad de los servidores públicos debe ser garantizar seguridad, paz y tranquilidad, en un contexto marcado por homicidios y desapariciones.
Asimismo, reconoció las acciones del gobierno de Chihuahua contra estructuras delictivas, al señalar que el desmantelamiento de narcolaboratorios puede tener un impacto directo en la reducción de riesgos para la población.
El caso escala a tensión política por soberanía y seguridad
El contraste de posturas exhibe una disputa de fondo: mientras Morena centra el debate en la legalidad y la soberanía, la oposición lo enfoca en la eficacia del combate al crimen organizado.
El punto crítico no es discursivo, sino institucional: si las dudas sobre la participación de agentes extranjeros derivarán —o no— en un procedimiento formal en el Congreso.
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