La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó formalmente una acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos delitos de narcotráfico y relacionados con armas, al considerar que habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos y respaldo político.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), la acusación fue presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y quedó a cargo de la jueza Katherine Polk Failla. Las autoridades estadounidenses sostienen que los señalados habrían utilizado sus cargos para facilitar operaciones delictivas, proteger a integrantes del cártel e interferir en acciones de seguridad.
Contenido de la acusación contra Rocha Moya
Según el DOJ, los imputados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar narcóticos —incluidos fentanilo, metanfetamina y cocaína— hacia territorio estadounidense. A cambio, habrían recibido pagos ilícitos, beneficios políticos y protección institucional.
El expediente señala que los acusados permitieron que el cártel operara con mayor libertad, proporcionando información confidencial y evitando acciones judiciales. En ese contexto, el DOJ sostiene que la operación del grupo criminal depende, en parte, de redes de corrupción dentro de estructuras gubernamentales.
Entre los nombres incluidos en la acusación figuran, además del mandatario estatal, Enrique Inzunza Cázares, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”), Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”), Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán (“Juanito”).
De manera particular, el caso de Juan Valenzuela Millán incorpora cargos adicionales por su presunta participación en el secuestro de una fuente confidencial de la DEA y un familiar, hechos que derivaron en la muerte de ambas personas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que, en conjunto, los acusados habrían desempeñado funciones clave para el cártel, incluyendo la protección de cargamentos, el uso de corporaciones de seguridad y la omisión deliberada de acciones legales, a cambio de recursos económicos provenientes del narcotráfico.
Señalamientos sobre vínculos políticos y operación criminal
El DOJ plantea que algunos de los imputados mantenían relación directa con la facción conocida como “Los Chapitos”, a quienes presuntamente habrían facilitado condiciones para operar en Sinaloa.
Dentro de las acusaciones, se menciona que Rubén Rocha Moya habría sostenido encuentros con integrantes de esa estructura criminal y que, antes y después de asumir la gubernatura en 2021, habría ofrecido protección política. Asimismo, el expediente sostiene que su llegada al cargo habría contado con apoyo indirecto de dicha facción, una línea de imputación que forma parte del caso y que deberá acreditarse en tribunales.
El documento también refiere que algunos funcionarios habrían recibido pagos periódicos y colaborado en la protección operativa del cártel mediante corporaciones de seguridad locales.
En este contexto, el fiscal federal Jay Clayton sostuvo que el Cártel de Sinaloa ha operado durante décadas mediante redes de corrupción institucional que facilitan su expansión. Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, afirmó que los acusados presuntamente utilizaron sus cargos para proteger las operaciones del cártel y facilitar el ingreso de drogas a Estados Unidos. Ambos funcionarios subrayaron que las imputaciones buscan perseguir estructuras de narcotráfico que operan con respaldo desde posiciones de poder.
Postura del gobierno mexicano y respuesta del acusado
Tras la difusión del caso, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que no ha recibido pruebas suficientes que sustenten las imputaciones conforme al tratado bilateral vigente, por lo que el expediente fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) para su revisión.
La Cancillería también expresó su inconformidad por la difusión pública de los nombres, al considerar que estos procesos deben conducirse a través de los canales formales de cooperación judicial.
COMUNICADO. “La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la FGR. En los documentos no se anexan pruebas”.https://t.co/frxQvi0qjb pic.twitter.com/HSn3bi4PeT
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 29, 2026
Por su parte, Rubén Rocha Moya rechazó las acusaciones y afirmó que son “falsas y sin fundamento”, al tiempo que sostuvo que responderá por las vías legales correspondientes. El mandatario aseguró que no mantiene vínculos con organizaciones criminales y cuestionó la solidez del caso presentado en Estados Unidos.
Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.
Este ataque no es únicamente…
— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026
Reacciones ante la acusación contra Rocha Moya
En el ámbito político, el caso generó reacciones encontradas. Legisladores de oposición exigieron aclaraciones inmediatas y una postura firme del gobierno federal, mientras que voces cercanas al oficialismo pidieron evitar juicios anticipados, al tratarse de acusaciones que deberán probarse en tribunales estadounidenses.
El caso coloca a un gobernador en funciones en el centro de una acusación penal en Estados Unidos y traslada la disputa al terreno donde deberá resolverse: el de las pruebas judiciales.
Más allá de las posiciones políticas, el expediente abre un frente de alta sensibilidad institucional: la posible colisión entre narrativas judiciales de dos países frente a una misma red criminal. El desenlace no sólo pondrá a prueba la solidez de las imputaciones, sino también la capacidad real de ambos sistemas para sostener —o desmontar— uno de los señalamientos más delicados en la relación bilateral reciente.
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