Por Ivonne Contreras
La reforma que aplaza hasta 2028 la elección judicial y extiende el periodo de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirma las deficiencias de origen en el diseño de la transformación judicial, expuso el jurista Diego Valadés, quien dijo que la medida contiene disposiciones contrarias a los principios democráticos.
Entrevistado previo al acto conmemorativo por el aniversario luctuoso de Manuel Camacho Solís, el exprocurador general de la República consideró que la decisión de posponer la elección judicial prevista para 2027 responde a dificultades técnicas reales y subrayó que organizar simultáneamente los comicios judiciales y las elecciones políticas ordinarias resultó inviable.
“Las dificultades técnicas para juntar la elección política con la elección judicial resultaban insuperables”, señaló el jurista.
No obstante, el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sostuvo además que el aplazamiento evidencia errores en la concepción original de la reforma, pues el problema volverá a presentarse en futuros procesos electorales.
Confirma diseño equivocado
“El problema se presentará después, porque sólo se aplazó la elección correspondiente a 2027, pero subsiste la de 2030, que seguramente tendrá que aplazarse también a 2031. Esto no hace sino confirmar que el diseño fue un diseño muy equivocado”, afirmó Valadés.
En el caso de la ampliación del periodo de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, el jurista consideró que la medida contradice los límites establecidos por la Constitución mexicana.
“Es realmente incomprensible dentro del sistema constitucional mexicano que se haga este tipo de prórrogas cuando la Constitución era muy clara en cuanto a los límites establecidos”, manifestó.
Es “antidemocrática” la extensión del mandato
El investigador estimó que incluso, dentro de la mayoría legislativa existen diferencias sobre la decisión, por lo qie reiteró que eventualmente tendrá que revisarse esta ampliación del mandato de los magistrados electorales.
“Creo que en algún momento se tendrá que corregir lo que a todas luces es una decisión antidemocrática”, sostuvo tras insistir en que el debate central debe centrarse en la legalidad y en los principios democráticos que rigen al Estado mexicano.
Respecto a si la ampliación del mandato de los magistrados podría interpretarse como una retribución política por resoluciones del Tribunal Electoral favorables a Morena y sus aliados, Valadés sólo señaló que “eso ya sería un pronunciamiento muy subjetivo”.
Reforma abre la puerta a conflictos de interés, alerta
“Lo objetivo es que se trata de una decisión que no corresponde a un Estado democrático y estado de derecho”, enfatizó el investigador de la UNAM al cuestionar los efectos institucionales de la reforma, más allá de las intenciones de sus impulsores.
Advirtió que la extensión extraordinaria del encargo de los magistrados podría generar cuestionamientos sobre la imparcialidad de futuras resoluciones electorales, situación que también, puntualizó, abre espacios para posibles conflictos de interés en el máximo tribunal electoral del país.
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