Con el propósito de reforzar a las instituciones y compartir más conocimiento en temas jurídicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) firmó un acuerdo amplio de cooperación con el Órgano de Administración Judicial, de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INCP).
Este pacto busca mejorar la forma en que se imparte y se busca justicia en el país. «Servirá para promover la formación, capacitación y actualización de personas servidoras públicas en materias relacionadas con la procuración e impartición de justicia, particularmente las ciencias penales y la política criminal«, señaló la SCJN en una tarjeta informativa que difundió en sus redes sociales.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz explicó que este tipo de acuerdos ayudan a dejar atrás la idea de que ser autónomo e independiente significa alejarse o pelear con otras instituciones del Estado. Según él, la verdadera independencia se logra trabajando juntos y coordinando esfuerzos.
Autonomía con colaboración
Aguilar Ortiz señaló que la noción de que, entre más enfrentados estén los poderes, más autónomos son, ya está superada. En su lugar, propuso una visión donde la coordinación y el trabajo conjunto fortalecen la autonomía, porque todas las instituciones sirven al mismo pueblo y a la misma nación.
El sistema de justicia vive una etapa de autoevaluación y autocrítica para construir un modelo cada vez más sólido, compartiendo experiencias y tendiendo puentes entre todas las instancias involucradas en la procuración e impartición de justicia, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a la sociedad, dijo Aguilar Ortiz.
El convenio tiene como meta central la capacitación continua, la difusión de conocimientos jurídicos y el intercambio de experiencias entre las instituciones. La Corte busca crear puentes con todas las instancias relacionadas con la procuración y administración de justicia.
Fortalecer la capacidad del Estado
Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial, indicó que este acuerdo refleja la convicción compartida de que la justicia penal mejora cuando quienes investigan, juzgan y capacitan a los servidores públicos avanzan en la misma dirección. “No se busca fortalecer estructuras por sí mismas, sino fortalecer la capacidad del Estado para responder con eficacia y con humanidad a quienes acuden a nuestras instituciones buscando justicia”, señaló.
Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República, destacó que el convenio va más allá de un simple documento, pues representa el compromiso de construir colaboración respetando la autonomía de cada institución.
Añadió que “no solamente implica ejercer el derecho ni aplicar leyes y normas, sino procurar y administrar justicia. Es un paso fundamental para transformar la realidad de nuestro país”. «La autonomía no significa aislamiento, sino independencia para ejercer las atribuciones que la Constitución confiere a cada institución”, aseguró.
El ministro Irving Espinosa Betanzo resaltó la importancia de una nueva manera de ejercer el poder público, enfocada en beneficiar a las personas y proteger sus derechos. Consideró que este acuerdo es un paso clave para transformar la realidad del país, al ir más allá de solo aplicar leyes y procurar una justicia efectiva.
Las instituciones de justicia habían estado dispersas o incluso enfrentadas
La ministra Lenia Batres Guadarrama mencionó que este convenio forma parte de una política activa de acercamiento entre instituciones impulsada por el ministro presidente. Señaló que, en años recientes, las instituciones de justicia habían estado dispersas o incluso enfrentadas, lo cual no ayudaba a resolver los problemas de eficiencia y combate a la impunidad que exige la sociedad.
Jorge Nader Kuri, rector del Instituto Nacional de Ciencias Penales, explicó que su institución fue creada precisamente para formar a quienes procuran e imparten justicia penal.
Afirmó que llegan al acuerdo no solo con buenas intenciones, sino con la disposición real de aportar su experiencia académica para lograr resultados concretos que beneficien a todas las mexicanas y mexicanos.
Este convenio es una continuación y ampliación de un acuerdo anterior firmado en octubre de 2012entre la Suprema Corte y el INACIPE, que comenzó con una propuesta sencilla de préstamo de libros entre bibliotecas.
Al acto de firma asistieron como invitados especiales diversas autoridades, entre ellas el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrantes del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, así como el director de la Escuela Nacional de Formación Judicial.
También estuvieron presentes representantes de tribunales locales, senadores, diputadas y autoridades de la Ciudad de México, entre otras personalidades destacadas del ámbito jurídico.
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