Más de 85 mil personas permanecían sin sentencia al cierre de 2024; SEGOB no informó cuántos expedientes revisará la nueva Mesa.
La Secretaría de Gobernación (SEGOB) instaló la Mesa de Libertad y Acceso a la Justicia para coordinar la revisión de posibles casos de preliberación de personas vulnerables privadas de la libertad y susceptibles de amnistía, preliberación o modificación de medidas cautelares.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la nueva instancia coordinará esfuerzos con el sistema penitenciario y las entidades federativas.
Entre los casos considerados están personas mayores de 60 años con sentencia ejecutoriada, personas con enfermedades crónico-degenerativas o terminales, mayores de 70 años en prisión preventiva y quienes hayan excedido dos años bajo esa medida.
También se incluyen personas privadas de la libertad que sean víctimas de tortura acreditada mediante el Protocolo de Estambul.
La nueva Mesa se instala mientras sigue activo un mecanismo previo
SEGOB mantiene el Comité Permanente de Seguimiento de Preliberaciones, creado para revisar casos de personas privadas de la libertad en condiciones de vulnerabilidad.
El Comité sesionó el 21 de julio para analizar expedientes de personas susceptibles de acceder a preliberación, amnistía o libertad anticipada.
Durante el periodo reportado de 2025, el organismo atendió 306 resoluciones: seis fueron consideradas procedentes, 119 remitidas por competencia y 181 declaradas improcedentes.
SEGOB no ha precisado si la nueva Mesa sustituirá, ampliará o complementará las funciones del Comité Permanente.
Más de 85 mil adultos mayores privados de la libertad permanecían sin sentencia en 2024
El anuncio ocurre en un sistema penitenciario donde 85 mil 547 personas adultas permanecían privadas de la libertad sin sentencia al cierre de 2024, según el INEGI.
De ese universo, 38% se encontraba bajo prisión preventiva justificada y 47% bajo prisión preventiva oficiosa.
El dato adquiere relevancia porque uno de los grupos que SEGOB plantea revisar corresponde a personas que han excedido dos años en prisión preventiva.
Sin embargo, superar ese plazo no implica una liberación automática. La autoridad judicial debe revisar conforme a las circunstancias de cada proceso.
Cada mecanismo tiene una ruta jurídica distinta
La amnistía, la libertad anticipada y la modificación de medidas cautelares no son mecanismos equivalentes ni dependen de la misma autoridad.
La amnistía procede únicamente en los supuestos establecidos por la legislación, mientras que la libertad anticipada se tramita ante el juez de ejecución.
La modificación de una medida cautelar corresponde al órgano jurisdiccional que conoce del proceso penal.
Por ello, la función anunciada para la nueva Mesa es identificar, revisar y canalizar casos susceptibles de esos mecanismos, no ordenar por sí misma la preliberación de personas vulnerables privadas de la libertad.
Instalamos la Mesa de Libertad y Acceso a la Justicia en la @SEGOB_mx, a través de la cual coordinaremos esfuerzos con el sistema penitenciario y las entidades, para que personas privadas de la libertad que están en condiciones de vulnerabilidad puedan ser beneficiarias de los… pic.twitter.com/nFBqxFUU7T
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) August 12, 2026
Política de preliberación de personas vulnerables tiene antecedentes
Los mecanismos de preliberación y amnistía ya han producido resultados. Entre julio de 2022 y junio de 2024, el gobierno federal reportó 9 mil 867 personas beneficiadas: 9 mil 493 mediante preliberación y 374 por amnistía.
La instalación de la Mesa ocurre un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum planteara revisar mecanismos para personas encarceladas por delitos menores o que llevan años sin sentencia, en un contexto de sobrepoblación en algunos centros penitenciarios.
SEGOB no ha informado cuántos expedientes revisará la nueva instancia ni cuántas personas podrían beneficiarse. La dependencia tampoco estableció un calendario o metas de resultados.
Por ahora, el alcance de la nueva Mesa no puede medirse hasta conocer el número de casos que se someterán a revisión y a las determinaciones de las autoridades competentes.
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