México y Cuba, la fraternidad como coartada
El informe “Convenios México-Cuba: un andamiaje legal sin contrapesos ni rendición de cuentas”, elaborado por el Consorcio Justicia y presentado el 16 de julio de 2026 en Ciudad de México, documenta con precisión contable que México transfirió al Gobierno cubano entre 2022 y 2026: más de 1.500 millones de dólares en petróleo, 143 millones de dólares en la contratación de médicos, cerca de 35 millones en ayuda humanitaria.
Son cifras que invitan a leer el fenómeno como una falla de supervisión, un problema de controles insuficientes que el desmantelamiento del INAI y la captura del Congreso permitieron. Esa lectura es correcta pero insuficiente, porque trata como consecuencia lo que en realidad es origen.
El signo más revelador no está en las cifras. Este nuevo vínculo entre México y Cuba no nació de una política de Estado que después perdió sus contrapesos. Nació de un acuerdo entre dos partidos —Morena y el Partido Comunista de Cuba— firmado en mayo de 2025 en La Habana, en el marco de un encuentro que se llamó, sin ambigüedad, de solidaridad contra el imperialismo y el fascismo. Ese acuerdo, cuyos términos nunca se hicieron públicos, es el verdadero punto de partida. Lo que el informe cuantifica como transferencia de recursos entre Estados es, antes que eso, la ejecución de una lealtad partidaria a través del aparato del Estado.
Leído así, el sentido del informe muestra que no se trata de un Estado que fiscaliza mal una relación internacional, sino de un partido que encontró en el Estado un instrumento disponible para cumplir compromisos que nunca le correspondió asumir a México como país.
Un acuerdo que antecede al Estado
Cuando Carolina Rangel, secretaria general de Morena, viajó a Cuba para las celebraciones del Primero de Mayo de 2025, no lo hizo como funcionaria de un Gobierno que negocia cooperación bilateral. Lo hizo como representante de un partido que se reconoce heredero de una tradición de solidaridad antiimperialista con la Revolución cubana que en América Latina tiene más de medio siglo, y que en ese encuentro fue explícita: se trataba de reafirmar el acompañamiento entre “nuestros pueblos” frente al imperialismo, en el lenguaje que Díaz-Canel eligió para agradecer el respaldo.
El presidente cubano aprovechó el momento para enviar un saludo a Claudia Sheinbaum, reconociendo el estoicismo con que, dijo, defiende los valores de México frente a las amenazas del Gobierno de Estados Unidos. La frase no es protocolaria. Sitúa al Gobierno mexicano dentro del mismo bloque ideológico que el partido cubano, como si la presidencia de México y el partido gobernante en Cuba compartieran un adversario común y, por tanto, una causa común.
Ese acuerdo de mayo de 2025 no reguló comercio ni estableció mecanismos de cooperación técnica: fue un pacto entre organizaciones políticas que después se tradujo, con los instrumentos del Estado mexicano, en envíos de petróleo, contratación de médicos y ayuda humanitaria. El orden importa.
No es que Morena, gobernando México, decidiera cooperar con Cuba y para ello activara canales partidarios adicionales. Es que el partido, antes de que el Estado interviniera, ya había asumido un compromiso de solidaridad con la contraparte cubana, y ese compromiso encontró después en el aparato estatal —Pemex, el IMSS-Bienestar, la Cancillería— el instrumento para materializarse. El Estado no decide: ejecuta.
El aparato que quedó disponible
La secrecía de esa ejecución solo fue posible porque el Estado mexicano ha dejado de tener que dar información. La desaparición del INAI en 2024, sustituido por una dependencia que rechaza el 99,6% de las solicitudes de información y opera con una fracción mínima del presupuesto que tenía el organismo autónomo, es en sí misma un signo que suele leerse de manera restringida, como episodio de la disputa mexicana por la transparencia, y no como lo que también es: la condición que hace posible todo lo demás.
No es un dato aislado sobre transparencia administrativa. Es la eliminación del único mecanismo capaz de exigir que una decisión tomada en clave partidaria rindiera cuentas en clave estatal. Lo mismo puede decirse del control oficialista del Congreso, que impidió cualquier debate legislativo sobre los convenios, y de la reforma judicial, que redujo la capacidad de los tribunales para revisar decisiones del Ejecutivo.
El resultado es una configuración en la que el partido gobernante puede usar los recursos, la infraestructura y la representación internacional del Estado mexicano para cumplir compromisos que no fueron contraídos por México como país, sino por Morena como organización política.
El lado cubano, opera de manera simétrica: el Partido Comunista no es un actor externo al Estado sino su forma constitutiva, de modo que cualquier acuerdo con el PCC es, de facto, un acuerdo con el aparato que controla la totalidad de la economía y la política cubanas.
Lo que se produce entre ambos no es cooperación internacional en el sentido convencional, con dos Estados que negocian intereses nacionales diferenciados, sino una transacción entre dos estructuras partidarias que disponen de sus respectivos Estados como quien dispone de un patrimonio propio.
La dictadura cobra, el pueblo paga
Conviene ser preciso sobre quién se beneficia de esto, porque hablar de “Cuba” como si fuera un sujeto unificado oscurece exactamente lo que el informe permite ver.
El petróleo que México envió no alivió la crisis energética cubana: los apagones se han prolongado pese a los más de 1.500 millones de dólares transferidos en combustible. Los médicos cubanos que trabajan en México a través del IMSS-Bienestar reciben, según documenta la investigación, entre el 5% y el 25% del salario que su trabajo genera; el resto lo retiene el Estado cubano, que además ha sido señalado por retener pasaportes y restringir la movilidad de quienes participan en las misiones. La ayuda humanitaria y los recursos destinados a Sembrando Vida se transfirieron en un momento, con una clasificación solicitada expresamente por el propio Gobierno cubano, que pidió a México mantener la información en secreto durante cinco años para que no sirviera de argumento a la disidencia interna.
Cada uno de estos datos apunta en la misma dirección: el beneficiario no es el pueblo cubano sino el aparato que lo gobierna, y de manera más precisa, el conglomerado militar GAESA, que el informe identifica como controlador efectivo de buena parte de la economía cubana y administrador real de los recursos que llegan desde el exterior. Los cubanos no reciben petróleo barato ni médicos son mejor pagados, los recibe una dictadura para sostenerse pese al deterioro de las condiciones de vida de su pueblo que ese mismo régimen administra.
Del lado mexicano, la simetría es reveladora: los contribuyentes que financian estas transferencias tampoco son consultados, tampoco conocen los términos, tampoco tienen manera de exigir que se les explique en qué se gastó su dinero. Dos pueblos pagan; dos aparatos de partido cobran.
El lenguaje que legitima la extracción
Nada de esto se presenta en esos términos. Se presenta como solidaridad, como acompañamiento histórico entre naciones hermanas, como resistencia compartida frente a un enemigo común.
Ese lenguaje cumple una función precisa, porque traduce una decisión partidaria y una transferencia de recursos públicos a un discurso que resulta mucho más difícil de cuestionar que una simple relación comercial o una alianza política.
Es, en ese sentido, una operación de sentido tanto como una operación financiera: no sólo mueve petróleo, médicos y divisas, también fija el marco de referencia desde el cual esa circulación puede o no ser cuestionada. Cuando Rangel habla de “aprecio” y de “cariño”, y cuando Díaz-Canel invoca el estoicismo de Sheinbaum frente al imperio, ambos están produciendo una narrativa que convierte la instrumentalización de dos Estados en un gesto de dignidad compartida.
Esa narrativa tiene además una función defensiva concreta: dificulta que la cooperación se examine con los criterios que corresponderían a cualquier otra transferencia de fondos públicos hacia el exterior, porque cuestionarla se puede presentar como una traición a la solidaridad histórica antes que como una exigencia legítima de rendición de cuentas.
El informe del Consorcio Justicia señala, con razón, que la contratación de médicos cubanos podría entrar en conflicto con las obligaciones laborales del T-MEC, dado que organismos internacionales han calificado las misiones médicas cubanas como una forma de trabajo forzoso. Es un riesgo jurídico real, pero también es un síntoma: el mismo Estado mexicano que participa de esta alianza partidaria se expone, por hacerlo, a incumplir compromisos internacionales que sí fueron contraídos como Estado, con procedimientos, controles y responsabilidades definidas.
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Lo que queda por preguntar
El caso mexicano-cubano no debería leerse como una anomalía bilateral sino como una demostración de lo que ocurre cuando la lealtad ideológica de un partido encuentra un Estado sin capacidad de exigirle cuentas: ahí donde el informe ve una falla de controles, hay en realidad un signo de algo más amplio, y el sentido que ese signo abre no se agota en Cuba.
La pregunta que este informe deja abierta no es solamente cuánto dinero se transfirió sin controles, sino qué otros compromisos ha asumido el partido gobernante en México, con qué otros aliados, bajo qué otro lenguaje de fraternidad, sin que exista ya un INAI, un Congreso plural o un Poder Judicial independiente capaces de preguntarlo.
La dictadura cubana ha encontrado en esta alianza una fuente de financiamiento y de relativa legitimidad internacional en un momento de fragilidad extrema; Morena ha encontrado en ella una manera de ejercer, desde el Gobierno, una identidad ideológica que antes sólo podía declarar desde la oposición.
Ninguno de los dos pueblos fue parte de esa negociación, y ninguno de los dos tiene, hoy, manera de conocer sus términos completos. Ese vacío, más que cualquier cifra, es el signo relevante de este episodio.
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