El argumento autoritario
Hay una forma de autoritarismo que no necesita decir que es autoritaria. Puede hablar de democracia, invocar al pueblo, defender la justicia, prometer seguridad, combatir privilegios y anunciar una transformación histórica. Puede incluso presentar la concentración del poder como una manera de devolverle el poder a la gente. Su eficacia depende precisamente de eso: de conseguir que aquello que limita la libertad, debilita los contrapesos o concentra autoridad aparezca ante la sociedad como necesario, justo o inevitable. A esa operación podemos llamarla el argumento autoritario.
La necesidad como coartada
El poder necesita construir razones que justifiquen lo que hace. Tribunales y gobiernos convierten rupturas del orden constitucional en respuestas necesarias frente al caos, la amenaza o la pérdida del orden. El argumento es importante porque revela algo que el autoritarismo no vive solamente de la fuerza. También necesita producir legitimidad.
El argumento autoritario aparece cuando una decisión que concentra poder necesita presentarse como respuesta inevitable a un problema colectivo. Primero aparece una amenaza: la corrupción, la inseguridad, los privilegios, la oposición, los medios incómodos, los jueces, los organismos autónomos, los intereses extranjeros o cualquiera que pueda ser colocado en el lugar del obstáculo. Después aparece la solución: quitar límites, ampliar facultades, desaparecer controles, vigilar más, concentrar decisiones. Finalmente aparece la justificación: todo eso se hace por el pueblo.
Esta sencilla operación tiene consecuencias profundas. Si una medida es presentada como necesaria para defender un bien superior, quien la cuestiona corre el riesgo de aparecer como enemigo de ese bien. Ahí comienza el verdadero trabajo político del argumento autoritario.
El pueblo deja de ser plural
En México, una de sus expresiones más evidentes está en la utilización de “el pueblo” como fuente de legitimidad política.
La elección popular del Poder Judicial fue presentada por el gobierno como una democratización histórica. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido reiteradamente que quienes ocupan los cargos judiciales deben responder al pueblo porque el pueblo los eligió. El razonamiento parece impecable mientras se mantenga en el terreno electoral: si la ciudadanía vota, existe legitimidad democrática.
El problema aparece cuando esa legitimidad se convierte en argumento suficiente para resolver cualquier discusión posterior.
La democracia no consiste solamente en elegir autoridades. También supone distribuir el poder, establecer límites, proteger derechos, garantizar la existencia de minorías y permitir que instituciones distintas puedan controlar unas a otras. Un Poder Judicial independiente tiene precisamente esa función incómoda: no está para ejecutar la voluntad del gobierno ni para representar a la mayoría política del momento.
La reforma constitucional publicada en septiembre de 2024 modificó radicalmente esa arquitectura y estableció la elección popular de ministras, ministros, magistraturas y personas juzgadoras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había expresado preocupación por sus posibles efectos sobre la independencia judicial y el Estado de derecho.
Después ocurrió algo particularmente revelador. La elección judicial de 2025 tuvo una participación ciudadana de apenas 12.93 por ciento, según los cómputos oficiales del Instituto Nacional Electoral. Una transformación presentada como democratización produjo una elección en la que casi nueve de cada diez ciudadanos decidieron no participar.
Pero incluso esa contradicción puede ser absorbida por el argumento autoritario. La respuesta siempre está disponible: el pueblo decidió. De esa manera «el pueblo» funciona para dejar de nombrar a una sociedad plural y convertirse en una figura política utilizada para otorgar una legitimidad superior a las decisiones del poder. No importa demasiado que existan ciudadanos que piensen distinto. El argumento ya decidió quién representa auténticamente al pueblo.
Quitar obstáculos para gobernar mejor
La misma lógica apareció con la desaparición de organismos constitucionales autónomos.
En diciembre de 2024 se publicó la reforma de simplificación orgánica que eliminó siete organismos, entre ellos el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La decisión fue defendida en términos de eficiencia, austeridad, simplificación administrativa y eliminación de estructuras consideradas innecesarias.
Aquí el argumento autoritario adopta otro lenguaje. No necesitaba decir «concentremos el poder», dijo; hagamos más eficiente al Estado.
Pero un organismo autónomo tiene una característica siempre molesta para cualquier gobierno: no depende directamente de él. Por eso la pregunta relevante no es cuánto costaban esas instituciones ni si todas funcionaban perfectamente. Ninguna institución humana funciona perfectamente, lo sabemos, pero qué ocurre cuando desaparecen espacios diseñados para limitar, vigilar o contrapesar al poder político. Eso ya lo estamos viendo.
La desaparición del INAI resulta especialmente significativa porque ocurrió mientras el discurso oficial seguía presentando la transformación como una recuperación del poder ciudadano. La información pública se convirtió desde entonces una cuestión de poder: quién puede saber, quién está obligado a informar y quién puede exigir explicaciones.
El argumento autoritario vuelve a operar mediante una sustitución semántica: menos contrapesos puede presentarse como más democracia; menos instituciones independientes, como más eficiencia; menos obstáculos al gobierno, como más poder para el pueblo.
Seguridad, el miedo pide poder
La seguridad ofrece un terreno todavía más complicado porque el problema que la sustenta es real.
México enfrenta una violencia criminal extraordinaria. El Estado tiene la obligación de combatirla. Precisamente por eso resulta tan eficaz el argumento autoritario cuando aparece en este campo.
La reforma constitucional de septiembre de 2024 colocó a la Guardia Nacional bajo la Secretaría de la Defensa Nacional. En julio de 2025 se expidió además un nuevo conjunto de leyes relacionadas con la Guardia Nacional, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y los sistemas de investigación e inteligencia en materia de seguridad.
La lógica política es comprensible: frente a una amenaza extraordinaria, el Estado necesita capacidades extraordinarias.
La seguridad puede justificar la ampliación de las facultades de vigilancia. La lucha contra el crimen puede justificar nuevas herramientas de inteligencia. La emergencia puede justificar excepciones. Y cada ampliación puede ser presentada como necesaria para proteger a los ciudadanos.
El problema no está en que el Estado tenga capacidad para combatir al crimen. El problema democrático aparece cuando la necesidad de combatirlo comienza a convertirse en una fuente permanente de legitimidad para ampliar el poder sin una discusión equivalente sobre sus límites y controles.
El miedo tiene una enorme capacidad política. Una sociedad atemorizada acepta con mayor facilidad aquello que en circunstancias normales preguntaría dos veces. Y el argumento autoritario sabe utilizar esa disposición.
El crítico se convierte en problema
Existe, sin embargo, un terreno donde el mecanismo se vuelve especialmente peligroso: la comunicación.
Una democracia necesita ciudadanos capaces de cuestionar al poder. Necesita periodistas que investiguen, organizaciones que denuncien, académicos que contradigan, opositores que incomoden y ciudadanos que puedan decir que el gobierno está equivocado. Cuando alguno de ellos deja de ser considerado un interlocutor legítimo y comienza a ser presentado como enemigo, el espacio democrático se reduce.
ARTICLE 19 documentó 451 agresiones contra periodistas y medios durante 2025, además de siete periodistas asesinados y una desaparición. La organización también registró decenas de episodios de estigmatización provenientes de autoridades y partidos políticos.
El dato importante no es solamente la violencia física. También importa la construcción discursiva que la acompaña. Así, los periodistas son acusados de defender intereses oscuros, los medios son presentados como instrumento de grupos privilegiados, las organizaciones son señaladas como enemigas de la transformación y los críticos son reducidos a la identidad política que el poder le atribuye.
Así funciona una de las formas más eficaces del argumento autoritario: quien cuestiona al poder es convertido en parte de la amenaza, es más funcional desacreditar quién lo dice que responder a lo que dice. La discusión pública cambia de terreno, ya no importa si la denuncia es verdadera, lo que es un riesgo, importa demostrar que el denunciante pertenece al bando equivocado, lo que se puede administrar.
La gramática del poder
Vistos por separado, estos fenómenos pueden parecer distintos. Una reforma judicial pertenece al ámbito constitucional; la desaparición de organismos autónomos, al administrativo; la militarización, a la seguridad; la estigmatización de periodistas, a la comunicación política.
Pero cuando se observan juntos aparecen ciertos signos y sentidos comunes. En todos existe una tensión entre poder y límite. En todos aparece una justificación que convierte la ampliación del poder en una necesidad colectiva y en todos puede aparecer la misma estructura: existe un problema, hay responsables o enemigos, el poder posee la solución y cualquier obstáculo puede ser presentado como parte del problema. Esa es la gramática del argumento autoritario.
Su fuerza consiste precisamente en que nunca se presenta como autoritarismo. Se presenta como justicia, eficiencia, seguridad, soberanía, democracia o transformación. Por eso no basta con analizar las decisiones, también hay que analizar las palabras que las acompañan.
Cuando una institución de control desaparece, hay que preguntar qué significa llamarlo simplificación. Cuando el poder político interviene sobre los jueces, hay que preguntar qué significa llamarlo democratización. Cuando se amplían las capacidades de vigilancia, hay que preguntar qué significa llamarlo seguridad. Cuando se descalifica sistemáticamente a quien cuestiona, hay que preguntar qué significa llamarlo enemigo del pueblo. Los nombres importan porque ayudan a determinar qué puede ser aceptado socialmente.
El poder necesita que le creamos
Quizá el aspecto más inquietante del argumento autoritario sea que prescinde del consenso. Es suficiente que una parte suficiente de la sociedad acepte sus premisas fundamentales: que el poder representa al pueblo; que los controles son obstáculos; que las instituciones independientes son privilegios; que la crítica es sospechosa; que la seguridad exige más vigilancia; que la concentración de decisiones permite transformar el país; que quienes se oponen están defendiendo el pasado.
Cuando esas ideas dejan de ser únicamente discursos oficiales y empiezan a reproducirse espontáneamente entre ciudadanos, el argumento alcanza su máxima dimensión. Ya no necesita imponerse, ya circula horizontalmente. El argumento autoritario cumple su propósito: el poder consigue que la sociedad asuma y reproduzca las razones con las que el poder se justifica.
No solamente importa saber cuánto poder ha conseguido acumular un gobierno, también importa saber cuántas de las razones que utiliza para acumularlo hemos comenzado ya a considerar normales.
El autoritarismo necesita transformar su propia voluntad en sentido común para consolidarse. Ese es el sentido más peligroso del argumento autoritario.
Los signos están ahí. Lo que importa es aprender a leerlos juntos.
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