México: polarización, violencia y control del poder
México ya vive una combinación política que durante mucho tiempo parecía pertenecer a otros escenarios: una polarización que convierte al adversario en enemigo, una violencia que interviene cada vez con mayor frecuencia en la vida pública y una disputa por el control del Estado que dejó de limitarse a la competencia entre partidos. Las elecciones siguen celebrándose y las instituciones continúan funcionando formalmente, pero las condiciones materiales en las que se disputa el poder han cambiado profundamente. La pregunta ya no consiste en imaginar qué ocurriría si polarización y violencia llegaran a encontrarse. Consiste en comprender qué está ocurriendo ahora que esa combinación forma parte de la realidad política mexicana.
La polarización ya dejó de ser solamente ideológica
Durante décadas fue posible entender buena parte de la confrontación mexicana a partir de diferencias ideológicas, programas de gobierno o intereses partidistas. Esa explicación resulta insuficiente para comprender el momento actual. Una parte cada vez mayor de la disputa se organiza alrededor de sentimientos de pertenencia, rechazo, desconfianza y hostilidad. El adversario político aparece como alguien cuya presencia se considera peligrosa, ilegítima o moralmente inadmisible.
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Hoy el adversario es percibido como una amenaza, derrotarlo adquiere otra dimensión. Ya no se trata únicamente de convencer electores o ganar una elección, sino de impedir que el otro llegue, permanezca, regrese o conserve capacidad de decisión. La política se construye mediante una lógica de exclusión que puede producir consecuencias mucho más profundas que una alternancia electoral.
En México esta dinámica no puede explicarse únicamente como una confrontación entre Morena y la oposición. La misma lógica opera dentro del movimiento que gobierna el país. Las disputas entre grupos, dirigentes, aspirantes y corrientes de la 4T muestran que el antagonismo político no desapareció porque un proyecto ocupe el centro del poder. Se ha desplazado hacia el interior y adquiere mayor intensidad cuando lo que está en juego son candidaturas, posiciones, territorios, recursos y capacidad de decisión.
La disputa por el control del Estado
La elección no decide solamente quién ocupa determinados cargos. Ganar posiciones significa acceder a presupuestos, estructuras administrativas, obra pública, programas sociales, instituciones, cuerpos de seguridad, capacidad de nombramiento y control territorial. La competencia electoral sigue siendo una disputa por la capacidad efectiva de ejercer poder.
Esto permite comprender de otra manera las luchas internas de la 4T. La competencia entre sus distintas corrientes no puede reducirse a diferencias de matiz doctrinario, político ni personales. Expresa una disputa por controlar los mecanismos mediante los cuales se distribuye y conserva el poder. Las candidaturas son importantes porque abren el acceso a posiciones desde las cuales se controla una parte del aparato estatal. Los territorios importan porque concentran recursos, redes políticas y, en algunos lugares, relaciones complejas con poderes económicos y criminales.
Morena es una fuerza política dominante que concentra una parte considerable del poder institucional, la competencia está su interior. La lucha por el Estado es una lucha dentro del propio Estado: quién controla los mecanismos de selección, quién decide las candidaturas, quién permanece dentro de la estructura del poder y quién queda fuera.
La violencia ya está modificando la política mexicana
Los datos disponibles muestran que la violencia vinculada con la vida política mexicana dejó de ser una sucesión de episodios aislados. Desde 2019 hasta junio de 2026, Votar entre Balas, de Data Cívica, ha registrado 2,974 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros contra personas relacionadas con la política y el gobierno, además de agresiones contra instalaciones gubernamentales o partidistas.
Las elecciones de 2024 fueron particularmente reveladoras. Data Cívica documentó 130 aspirantes, precandidatos y candidatos atacados entre septiembre de 2023 y el 2 de junio de 2024. De ellos, 34 fueron asesinados, 40 sobrevivieron a ataques, 32 recibieron amenazas tangibles y 10 fueron secuestrados. La violencia se concentró especialmente en el ámbito municipal, donde la disputa política se encuentra más estrechamente vinculada con el territorio y con el ejercicio cotidiano del poder.
El dato decisivo no está solamente en el número de víctimas, sino en lo que esas agresiones producen. Amenazas que modifican candidaturas. Asesinatos que eliminan competidores. Ataque que obligan a familias a abandonar su comunidad. Secuestros que alteran campañas. La violencia ha introducido así mecanismos de selección política que operan al margen de las urnas.
Los estudios sobre violencia político-criminal muestran además efectos sobre la participación ciudadana y el funcionamiento electoral. En municipios con mayor número de ataques contra candidatos y activistas se han observado más sustituciones de funcionarios de casilla y menores niveles de participación. La violencia, por tanto, ya modifica conductas, decisiones y condiciones de participación.
La violencia ya forma parte de las condiciones en las que se ejerce la política mexicana. Muchos actores calculan su participación considerando amenazas, ataques o posibilidades de muerte. La democracia ya funciona bajo condiciones distintas de aquellas que establecen sus procedimientos formales.
El Estado dejó de ser un árbitro externo de la disputa
La concentración del poder institucional alcanzada por el régimen de la 4T modifica también la naturaleza de la competencia. El problema central ya no consiste en preguntar si existe un Estado capaz de intervenir en la disputa política. El aparato estatal existe, funciona y posee una capacidad considerable de intervención. La cuestión decisiva es quién controla los mecanismos institucionales que organizan el acceso al poder.
El control total del aparato electoral por parte del régimen modifica las condiciones de la competencia. Como fuerza política dominante, Morena controla los principales espacios institucionales y, al mismo tiempo, sus distintas corrientes compiten por candidaturas, posiciones y territorios, la lucha interna adquiere una dimensión estatal. Quien controla los mecanismos de selección y decisión tiene una ventaja decisiva sobre quienes buscan desplazarse dentro de la propia estructura del poder.
Por eso la pregunta relevante ya no es quién puede arbitrar la disputa desde afuera. Es quién controla al árbitro y los mecanismos que determinan el acceso, la permanencia o el desplazamiento dentro del sistema político.
El problema ya no es una democracia deteriorándose
México llega a este momento después de un deterioro democrático suficientemente profundo como para que la discusión ya no pueda plantearse como una advertencia sobre lo que quizá ocurra en el futuro. La concentración del poder, el debilitamiento de contrapesos, la subordinación de instituciones, la confrontación permanente con adversarios y la violencia política forman parte del presente. La cuestión interesante es: ¿qué función cumple la violencia dentro de este proceso?
Una respuesta es que funciona como un mecanismo adicional de ordenamiento político. Allí donde determinadas disputas no se resuelven mediante reglas aceptadas por todos, intervienen otros poderes y otras formas de coerción. En algunos territorios esos poderes pueden ser criminales; en otros, redes económicas, cacicazgos, estructuras partidistas o grupos internos capaces de utilizar recursos institucionales para favorecer o excluir actores.
Su efecto acumulativo introduce miedo, modifica decisiones, reduce espacios de participación y altera la percepción de lo que puede hacerse públicamente sin asumir determinados riesgos.
Cada asesinato político transmite además un mensaje mucho más amplio que la desaparición de una persona. Cada amenaza contra un candidato comunica algo sobre los límites reales de la competencia. Cada comunidad que aprende a callar, retirarse o aceptar determinadas condiciones incorpora una nueva frontera de lo políticamente posible.
2027: la próxima prueba
El proceso electoral federal y concurrente 2026-2027 comenzará formalmente el 10 de septiembre. El 6 de junio de 2027 estarán en juego 500 diputaciones federales y miles de cargos locales; el INE prevé la renovación de 19,609 posiciones en las 32 entidades. La magnitud de la contienda convierte a 2027 en un momento particularmente importante para observar la interacción entre concentración del poder, competencia interna, polarización y violencia.
No porque podamos afirmar de antemano qué ocurrirá, sino porque ya conocemos las condiciones con las que México llega a esa elección. La violencia político-electoral tiene una trayectoria ascendente en los procesos recientes. La disputa interna dentro del oficialismo ocupa un lugar cada vez más importante. El control institucional está altamente concentrado y la construcción del adversario como amenaza forma parte del lenguaje político cotidiano.
Habrá que observar, particularmente, cuánto de la disputa decisiva se desarrollará entre Morena y sus adversarios y cuánto se resolverá dentro de la propia estructura oficialista.
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Los signos de un cambio que ya está ocurriendo
Hay signos que permiten leer algo más profundo que cada episodio individual: el aumento de ataques contra actores políticos, la utilización de amenazas para modificar decisiones, el desplazamiento de candidatos, la intervención de poderes criminales en territorios, la concentración de las decisiones políticas, la utilización selectiva de instituciones y la transformación del adversario en enemigo. Ninguno explica por sí solo el momento mexicano. Su importancia aparece cuando se observan juntos.
El sentido de esa acumulación tampoco puede reducirse a la violencia física. Lo que está cambiando es el terreno sobre el cual se desarrolla la política. La competencia permanece electoral, pero las condiciones que determinan quién puede competir, quién puede permanecer, quién puede ejercer autoridad y quién puede disputar determinados territorios están siendo modificadas por fuerzas que no siempre responden a las reglas electorales.
Las sociedades no cruzan de manera repentina la frontera entre polarización y violencia política. Existen umbrales, y algunos pueden cruzarse antes de que una sociedad reconozca que ha entrado en otra etapa. México ya cruzó algunos.
La pregunta histórica consiste en saber cuáles siguen y, sobre todo, qué tipo de sistema político se está formando mientras la concentración del poder, la enemistad política y la violencia intervienen cada vez más en la disputa por el Estado.
Los signos están ahí. Comprender sus sentidos significa intentar leer, antes de que termine de consolidarse, la dirección que está tomando el país.
Interpretar lo que ocurre, y no solo describirlo, requiere investigación y trabajo sostenido. Si valora este ejercicio de análisis independiente, visite mi espacio Ko-fi: https://ko-fi.com/renanmartinezcasas
