La operación para el deterioro estructural del INE
La autonomía del Instituto Nacional Electoral está siendo erosionada desde dentro a través de un proceso de reducción de sus capacidades, debilitamiento de su estructura profesional, deterioro de las condiciones laborales de quienes sostienen su operación y desarticulación de áreas estratégicas justo cuando México entra en un nuevo proceso electoral.
La evidencia se acumula en espacios que suelen recibir menos atención que las grandes reformas políticas: los tabuladores de salarios, las plazas que desaparecen o son reclasificadas, los trabajadores que se van, los litigios laborales, los funcionarios que quedan congelados y las áreas cuya conducción se concentra cada vez más en la presidencia del Instituto.
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Una estructura que se adelgaza
El dato más revelador apareció en una investigación de Expansión Política publicada el 25 de septiembre. El INE aprobó nuevos tabuladores y un Manual de Remuneraciones para 2027 con el propósito de reducir 375.9 millones de pesos respecto del ejercicio anterior. La decisión afecta directamente la estructura con la que el organismo deberá organizar una elección de enorme complejidad en la que estarán en juego 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y más de 19 mil cargos locales.
La reducción no consiste simplemente en pagar menos. El nuevo esquema alcanza a 127 plazas de alto nivel, reclasifica 944 puestos de mando medio y reduce la compensación de 12 mil 697 plazas. Al mismo tiempo desaparecen para todo el personal el seguro colectivo de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado. Es decir, la austeridad está modificando la estructura de incentivos y las condiciones materiales de una burocracia especializada que necesita experiencia acumulada para funcionar con precisión durante los procesos electorales.
El INE no funciona solamente por las atribuciones que aparecen en la Constitución y en las leyes. Funciona porque detrás de esas atribuciones existe una estructura profesional que conoce los procedimientos, administra miles de operaciones simultáneas, capacita funcionarios, fiscaliza recursos, organiza casillas, procesa información y responde jurídicamente ante las controversias. La institución conserva formalmente todas sus facultades mientras pierde, a toda prisa, la capacidad profesional necesaria para ejercerlas.
Eso es precisamente lo que vuelve significativo el proceso actual. La autonomía efectiva depende de los recursos humanos, de la experiencia institucional y de las condiciones en las que trabajan quienes ejecutan las decisiones. Con el adelgazamiento de esa estructura, la autonomía se ha convertido en una cualidad jurídica cada vez menos respaldada por una capacidad institucional equivalente.
836 salidas y una burocracia bajo presión
Durante los primeros seis meses de 2026, el INE reportó 836 bajas en sus oficinas centrales. El Instituto ha señalado que esa cifra no puede interpretarse por sí sola como una ola de despidos, porque incluye movimientos de distinta naturaleza y contrataciones temporales. Esa precisión no logra ocultar el conjunto de modificaciones que están ocurriendo simultáneamente.
A las salidas se suman alrededor de 60 juicios laborales promovidos durante este año ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Expansión documentó que el INE ha perdido al menos una tercera parte de esos litigios. En varios casos, los trabajadores reclamaron que el organismo desconocía relaciones laborales de tres, cinco, diez o más años, y algunas sentencias terminaron reconociendo antigüedad y ordenando el pago de prestaciones o de aportaciones retroactivas a los sistemas de seguridad social.
El problema se amplía con el nuevo Manual que permite realizar designaciones directas de personal aunque los candidatos no cumplan con el perfil académico requerido, siempre que puedan acreditar experiencia y trayectoria laboral. La medida fue justificada, entre otras razones, por la necesidad de contar con personal para trabajar con comunidades indígenas –en un evidente acto de discriminación institucional que presupone que este sector poblacional no requiere la misma calidad de funcionarios electorales–, pero la excepción no quedó limitada expresamente a ese ámbito.
Lo que tenemos entonces es una combinación particularmente delicada: reducción salarial, pérdida de prestaciones, reclasificación de plazas, salida de trabajadores, litigios por derechos laborales y mayor flexibilidad para incorporar personal sin el perfil académico tradicional. Todo esto ocurre cuando comienza un proceso electoral que exigirá al INE una de sus mayores capacidades operativas.
Y mientras a miles de trabajadores se les reduce la compensación, los consejeros electorales recibirán una compensación extraordinaria para neutralizar el efecto de su propio recorte salarial. De acuerdo con la documentación revisada por Expansión, esos pagos podrían ir de 213 mil a 852 mil pesos por funcionario, dependiendo de la forma en que se aplique la medida.
La contradicción política es que la austeridad se presenta como una necesidad institucional, pero sus efectos recaen de manera muy distinta sobre quienes dirigen el organismo y sobre quienes sostienen su operación cotidiana.
El corazón operativo queda en el limbo
Otra señal de alerta apareció apenas unos días después y también es inquietante porque toca directamente la conducción del Instituto.
El 8 de septiembre Claudia Arlett Espino renunció a la Secretaría Ejecutiva del INE, el área responsable de la conducción operativa y jurídica del organismo. Formalmente, Espino argumentó razones de salud. Sin embargo, La Jornada reportó que integrantes de distintas áreas de mando atribuyeron su salida a un enfrentamiento con la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, relacionado con la conducción administrativa.
Lo verdaderamente significativo fue que, de aproximadamente medio centenar de trabajadores adscritos a la Secretaría Ejecutiva, alrededor de 30 fueron separados mediante lo que se denominó “renuncia voluntaria”. Algunos se fueron; otros permanecieron en el Instituto después de que las renuncias que les habían solicitado no fueron aceptadas, pero quedaron sin funciones específicas. Uno de los trabajadores relató que incluso su tarjeta de acceso fue desactivada, lo que le impidió ingresar a las instalaciones para dar seguimiento a su propia situación laboral.
Cuando se solicitó información sobre los movimientos de personal de 2026, el reporte entregado registró 831 bajas, pero no incluyó a los aproximadamente 30 integrantes del equipo de Espino, pese a que habían sido separados con efectos al 15 de septiembre. Casi un mes después, al primero de octubre, ninguno de los afectados había recibido su finiquito, incluidos quienes habían dejado la secretaria ejecutiva del Instituto.
Estamos hablando de la Secretaría Ejecutiva, precisamente el área desde la cual se articula buena parte de la operación institucional. Que trabajadores sean separados, después retenidos en una situación indefinida, privados de acceso a las instalaciones y mantenidos durante semanas sin claridad sobre su relación laboral revela un problema que trasciende la incomodidad administrativa. Revela un INE con dificultades para ordenar su estructura mientras el proceso electoral ya está en marcha.
La respuesta del encargado de despacho, Roberto Félix López, fue que él no había ordenado detener o retrasar los trámites y que el asunto estaba siendo atendido por la Dirección Ejecutiva de Administración.
El deterioro tiene también una dimensión política
Los problemas laborales y administrativos no pueden separarse del contexto político en el que ocurren. El INE llega a la elección de 2027 bajo una presión presupuestaria acumulada y después de años en los que la mayoría legislativa de Morena ha reducido los recursos solicitados por el organismo. La propia presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó recientemente los 42 mil millones de pesos solicitados por el Instituto para 2027 y calificó esa cantidad como exagerada.
Al mismo tiempo, existen cuestionamientos internos sobre la actuación del propio Consejo General. El consejero Arturo Castillo llegó a advertir que el INE parecía haber claudicado de su función de vigilar y arbitrar las elecciones por su insuficiente intervención frente a campañas anticipadas. Martín Faz cuestionó la concentración de facultades en la presidencia y señaló que, por primera vez, todas las direcciones ejecutivas llegarán a una elección federal encabezadas por personas designadas directamente por la presidencia del Instituto.
Ese desplazamiento de la colegialidad coincide con otra transformación política del organismo: la llegada de nuevos consejeros y la formación de bloques internos que disputan el control de las comisiones estratégicas. Expansión documentó que cuatro consejeros concentran presidencias de al menos dos comisiones rumbo a 2027, mientras Arturo Castillo, uno de los críticos internos más visibles, quedó fuera de las presidencias.
Todo ello ocurre mientras desde distintos sectores se ha señalado la cercanía política de algunos integrantes del actual Consejo con Morena. El problema no consiste únicamente en la identidad política de quienes ocupan los cargos. Lo relevante es que la concentración de facultades, la reducción de la colegialidad y la pérdida de contrapesos internos han hecho que una institución formalmente autónoma dependa cada vez más de las decisiones de un grupo reducido de consejeros afines al régimen.
El sentido político de todos estos signos
La 4T está debilitando al INE por una vía que resulta más eficaz que una confrontación directa con la institución ya de por sí colonizada: reducir progresivamente las condiciones que le permiten actuar con independencia. El mecanismo combina presión presupuestaria, modificaciones administrativas, precarización laboral, pérdida de experiencia, concentración de decisiones y una renovación del personal directivo que modifica los equilibrios internos del organismo.
Conforme a los manuales de estrategias autoritarias, Morena no necesita ha requerido desaparecer al órgano electoral para neutralizarlo. Conservar sus facultades constitucionales y hasta sus procedimientos electorales, pero reduce gradualmente su capacidad real para contradecir al poder.
Por eso el problema del INE rumbo a 2027 no es solamente en cuánto dinero tendrá, cuántos consejeros habrá o qué decisiones adopte el Consejo General. También está en quiénes se van, quiénes llegan, qué experiencia se pierde, qué áreas se desarticulan, quién concentra las decisiones y bajo qué condiciones trabajará la estructura profesional encargada de organizar la elección.
Los signos están ahí, y esta vez aparecen en los expedientes laborales, en los tabuladores, en las plazas reclasificadas, en los trabajadores que esperan un finiquito, en una Secretaría Ejecutiva sumida en la incertidumbre y en una estructura profesional que llega a la elección de 2027 con menos capacidades y mayores tensiones internas.
El INE seguirá organizando elecciones. Sus funcionarios capacitarán ciudadanos, instalarán casillas y realizarán cómputos. Pero su autonomía efectiva se deteriora en cada una de las capacidades que le permiten ejercerla frente al poder del régimen morenista.
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Los signos están ahí: en las plazas, los tabuladores, los expedientes laborales y las decisiones que transforman una institución. Comprender lo que significan requiere tiempo para investigar y mirar más allá de la superficie. Si considera valioso este espacio de análisis independiente, puede ayudar a sostenerlo en Ko-fi:https://ko-fi.com/renanmartinezcasas
