Oposición exige investigar contratos y esclarecer posibles conflictos de interés.
La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, rechazó las presiones para que deje el cargo y aseguró que no abandonará sus responsabilidades ante los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos del INE con empresas proveedoras de materiales electorales.
“No vamos a claudicar ante presiones, descalificaciones ni ataques. Tampoco vamos a abandonar nuestras responsabilidades para entrar en disputas personales”, afirmó durante la sesión extraordinaria del Consejo General, en la que representantes partidistas exigieron investigar las contrataciones y esclarecer posibles conflictos de interés.
La discusión surgió a raíz de publicaciones periodísticas sobre contratos del organismo, presuntos vínculos entre proveedores y personas relacionadas con el instituto, así como una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre empresas proveedoras. Los señalamientos no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidades.
Aunque el asunto no figuraba en el orden del día, Taddei permitió que las representaciones partidistas expusieran sus posiciones. Al intervenir, pidió a los actores políticos conducirse con “altura de miras”, utilizar los cauces legales y evitar convertir a la autoridad electoral en adversaria de sus contiendas.
Somos pidió la separación temporal de Taddei; el PRI exigió rendición de cuentas y fiscalización; el PAN respaldó las investigaciones de las autoridades competentes, mientras Movimiento Ciudadano reclamó respuestas sin condenas anticipadas. Morena, por su parte, defendió que el caso se atienda por las vías institucionales y cuestionó la exigencia de renuncia.
Contratos del INE: Somos pide separar temporalmente a Taddei
El representante de Somos, Marco Antonio Baños Martínez, solicitó que la consejera presidenta se separe temporalmente de sus funciones mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
El partido argumentó que la gravedad de los señalamientos exige transparencia, rendición de cuentas y esclarecimiento de los hechos. Baños sostuvo que quien tiene la responsabilidad de cuidar los votos también debe responder por el manejo de los recursos públicos del instituto.
El representante afirmó que la separación temporal permitiría reducir cualquier riesgo de interferencia durante las indagatorias. Presentó la medida como una propuesta para salvaguardar la independencia y la imparcialidad del organismo, no como una resolución sobre la responsabilidad de la consejera presidenta.
PRI exige informe de la Contraloría y fiscalización de contratos
El representante del PRI, Emilio Suárez Licona, pidió que la Contraloría Interna informe al Consejo General si existen denuncias relacionadas con los señalamientos, cuál es su situación y qué procedimiento corresponde seguir.
“La Contraloría Interna de este órgano debe rendir un informe de estos asuntos, si es que existen denuncias, si no existen denuncias y, en su caso, cuál es el camino”, planteó.
Suárez Licona también anunció que insistirá en abrir un proceso de fiscalización profundo a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el propósito de esclarecer las contrataciones y preservar la confianza pública en el organismo electoral.
Por su parte, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, representante del Poder Legislativo por el PRI, sostuvo que el INE atraviesa una crisis de credibilidad y pidió explicaciones sobre las empresas proveedoras señaladas en las publicaciones periodísticas.
El legislador mencionó reportes sobre una investigación de la UIF a siete empresas proveedoras del INE y de organismos electorales locales, por presuntas operaciones de triangulación de recursos y simulación de competencia en licitaciones de materiales electorales. También aludió a posibles vínculos entre proveedores y personas que ocuparon cargos en el instituto.
Gutiérrez Mancilla cuestionó la respuesta de Taddei y sostuvo que un portal de transparencia no sustituye las explicaciones puntuales sobre los contratos. Entre sus exigencias planteó un informe público y detallado sobre procedimientos de contratación, montos, fallos, estudios de mercado y servidores públicos que intervinieron.
El representante priista también pidió que el Órgano Interno de Control y la ASF actúen con independencia y hagan públicos sus hallazgos, en la medida permitida por las reglas aplicables a las investigaciones.
Finalmente, sostuvo que, si la consejera presidenta no acredita documentalmente la legalidad de las contrataciones y la inexistencia de conflictos de interés, debe presentar su renuncia.
PAN pide deslindar responsabilidades por contratos del INE
El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón Saavedra, sostuvo que las investigaciones periodísticas pueden abrir líneas de indagación, pero que corresponde a las autoridades especializadas establecer si existen irregularidades y determinar las responsabilidades que procedan.
El panista señaló que su partido permanecerá atento a la intervención de la ASF y del Órgano Interno de Control. También pidió que, si las investigaciones acreditan faltas de algún funcionario, se aplique la ley conforme a la responsabilidad determinada.
Sondón insistió en que los hechos deben sustentarse y acreditarse, y sostuvo que las indagatorias deben avanzar sin sustituir las pruebas por acusaciones.
Movimiento Ciudadano pide respuestas; Morena rechaza condenas anticipadas
El representante legislativo de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, afirmó que su partido no pretende convertir el caso en una disputa electoral y reclamó explicaciones sobre los señalamientos.
“Lo que pedimos son respuestas”, dijo. Añadió que Movimiento Ciudadano defiende la rendición de cuentas y la transparencia, y sostuvo que la fiscalización debe aplicarse tanto a los partidos como a los integrantes del Consejo General.
En contraste, Carlos Guillermo Díaz Robles, representante de Morena, defendió que el caso se atienda por las vías institucionales y cuestionó la solicitud de separación temporal formulada por Somos. También acusó a ese partido y al PRI de coordinar sus intervenciones para debilitar al organismo electoral.
Díaz Robles sostuvo que corresponde a las autoridades competentes determinar si la información difundida tiene sustento y pidió respetar la presunción de inocencia.
Consejera llama a distinguir hechos de señalamientos
La consejera electoral Frida Denisse Gómez Puga llamó a actuar con prudencia, responsabilidad y respeto frente a las publicaciones sobre la presidenta del INE.
Sostuvo que ningún señalamiento debe quedar fuera del escrutinio público ni de las investigaciones correspondientes, pero advirtió que las presunciones no deben convertirse anticipadamente en juicios de responsabilidad o instrumentos de descrédito personal.
La consejera planteó que la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la dignidad de las personas deben avanzar conjuntamente. También pidió distinguir entre la información sustentada y las interpretaciones que pueden generar incertidumbre.
Al cerrar su intervención, Taddei reiteró que el instituto no abandonará sus responsabilidades ante las críticas y sostuvo que las acusaciones deben atenderse mediante las instancias competentes, entre ellas el Órgano Interno de Control y la ASF.
La controversia mantiene abiertas las exigencias de los representantes partidistas sobre la revisión de los contratos del INE, la actuación de los órganos de control y las explicaciones de la presidencia del organismo. El esclarecimiento dependerá de la documentación y de los resultados de las investigaciones que realicen las autoridades competentes.
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