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Graciela Treviño Garza, jueza del Tribunal Federal de Asuntos Colectivos, electa por voto popular, ahora se encuentra en el banquillo de los acusados, por resistir a las presiones patronales y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), en los casos de la huelga de Tornel y Nacional Monte de Piedad.
Suspendida desde el mes de julio, como “medida precautoria”; su caso está en el Tribunal de Disciplina, en una investigación que inició el pasado mes de marzo, con cinco denuncias anónimas, que se reforzó con quien fuera su secretario de instrucción, ahora “subordinado denunciante”.
En entrevista con AMEXI, Treviño Garza hace pública la persecución y la violencia de género de la que es víctima y detalla una serie de irregularidades, mediante las que se pretendió beneficiar a la patronal, en las dos huelgas emblemáticas, que están marcando el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo.
¿Quién denunció a la jueza ante el Tribunal de Disciplina?
La maestra Treviño Garza asumió su cargo en el mes de septiembre de 2025, tras más de 45 mil votos, que obtuvo en las elecciones que, por primera vez en la historia de México, fueron para elegir jueces y magistrados.
A la juzgadora, a quien desde el día 1 que empezó a ejercer este cargo de elección popular, se le asignó el proceso de emplazamiento de huelga del Nacional Monte de Piedad.
Ella explica que cuando entró en funciones, se le asignó un secretario de instrucción, que a su vez es representante del sindicato de trabajadores del Poder Judicial, y quien en todo momento promovió que la jueza escuchara únicamente a la parte patronal, con quienes este personaje sostenía una comunicación fluida.
A pesar de que el secretario de instrucción ejecutó acciones legales contrarias a las indicaciones de la jueza, derivado de las cuales, Treviño Garza le levantó un acta administrativa, que a la fecha no ha surtido efecto, y en venganza, el 17 de marzo de este año, presentó una queja contra la jueza, con señalamientos de que es “corrupta, explotadora y violentadora”.
“Las acusaciones están sustentadas en puros dichos, sin ninguna prueba”, señaló Treviño Garza.
La jueza explica que el Tribunal de Disciplina admitió la queja, a partir de las cinco quejas anónimas que se presentaron vía electrónica, el 3 de marzo, junto con la que presentó su secretario de instrucción, el 17 de marzo.
Treviño Garza, nacida en Mexicali, quien está dispuesta a que el Tribunal de Disciplina investigue toda su vida, ya que considera que no hay ningún acto de corrupción que se le pueda imputar; y las acusaciones que le adjudican en los 10 meses como jueza, “son puros dichos” que no se pueden comprobar.
“Empieza la investigación, inició con cinco quejas anónimas, en las que tres de ellas me señala que tengo una relación de influencia con el abogado Arturo Alcalde Justiniani, luego el 17 de mazo, este secretario de instrucción presenta una queja, en donde se me acusa que todo el tiempo me la paso gritando, en fin, puros dichos, ninguna evidencia”, dice la jueza suspendida.
Acceso limitado al expediente y sin derecho a defenderse
La maestra Graciela Treviño relató que no fue sino varios meses después de suspendida cuando tuvo el acceso a su expediente, pero este acceso está muy limitado, “no me dejan sacar fotografías, ni pedir una copia de mi expediente”, señala.
Aparte, la abogada denunció que el Tribunal de Disciplina no contempla escucharla antes de que se conozca la conclusión de la investigación; sin embargo, ella asegura que presentará como testigo al abogado Alcalde Justiniani y espera “que el tribunal lo cite y que declare exactamente cuál ha sido nuestra relación y en qué sentido me influyó. Espero que me lo acepten”.
“Todo lo aceptan del lado del denunciante, pero a mí, no me dejan tomar fotos, ni copias, copias de mi expediente, no me van a preguntar nada, me dijo el licenciado, que a mí no, ni a mi equipo… Lo único que sí pido es que se me escuche, que se me haga justicia, no quiero privilegios”, detalló.
La jueza de distrito le solicitó al doctor Vladimir Véjar Gómez, titular del órgano de investigación y responsabilidades administrativas del Tribunal de Disciplina, “que por favor, examine bien las pruebas, con objetividad”.
“Los hechos por los que se me acusa no tienen la gravedad suficiente para justificar mi suspensión, ahí están las reglas, debe ser algo grave para suspenderme”, dijo.
El ahora denunciante siempre procuró que yo sólo viera a la parte patronal en el caso de la huelga del Monte de Piedad: Treviño Garza
La jueza que ahora se encuentra en el banquillo de los acusados señala que su entonces secretario de instrucción siempre quiso que sólo se le escuchara a la parte patronal, cuyos abogados y representantes siempre llevó a la oficina, muchas veces sin autorización.
La jueza que osó citar por escrito y sin intermediarios a todos los integrantes del Consejo de Administración del Nacional Monte de Piedad, recordó que durante el primer mes de huelga, la patronal presionó para que el recuento, para la legitimación de la huelga, se hiciera de manera electrónica, petición a la que no accedió.
Debido a que se reunió varias veces con representación de la patronal y para equilibrar el proceso, ella solicitó que se presentara la dirigencia del sindicato y sus abogados, a quienes aclaró que no se conduciría de manera objetiva en el proceso, y “lo único que ellos pidieron fue que el recuento se realizara de manera física y no virtual y así lo hicimos”, relata la jurista, tras contar otro hecho “muy grave”, como es la pérdida del expediente del Monte de Piedad por 6 días.
Las irregularidades, como el procedimiento administrativo que la jueza inició contra su entonces secretario de administración, por “14 razones” con pruebas debidamente sustentadas, así como la sustracción ilegal del expediente del Nacional Monte de Piedad, “no se investigan”, mientras que la jueza se encuentra en proceso de investigación.
En el caso de la huelga de Tornel, el secretario de instrucción, ahora denunciante, se tomó atribuciones que no le correspondían
Entre los hechos graves que el ahora subordinado denunciante, en su momento, juez de instrucción de Graciela Treviño, modificó la instrucción clara de la jueza para evitar la comparecencia de la representación de la parte patronal, en la audiencia que se calificó la legalidad del emplazamiento a huelga de Tornel, el 17 de febrero pasado, a las tres de la tarde.
“Yo di una instrucción directa: nosotros vamos a hacer las audiencias con Tornel de manera presencial, a menos que las dos partes –o sea, patronal y sindicato– requieran de otra manera”, afirmó Treviño Garza.
Esta instrucción tenía mucha relevancia, porque en la Ley Federal del Trabajo se contempla que la jueza podía declarar la “inexistencia o desechar una huelga, por el mal comportamiento o violencia de parte de los trabajadores o a personas o a propiedades”; mientras que el secretario de instrucción
