La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incorporó a 40 personas vinculadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar operaciones financieras con elementos de riesgo que requieren revisión por parte de las autoridades competentes.
La medida preventiva alcanzó a 25 personas físicas y 15 personas morales, derivado de los análisis financieros realizados por la UIF en el ámbito de sus facultades.
La SHCP precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una acción de carácter administrativo, preventiva y precautoria, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad.
Asimismo, destacó que las personas incorporadas a dicha lista cuentan con los mecanismos de defensa y las garantías de audiencia previstas en la legislación vigente.
UIF denuncia ante la FGR posibles irregularidades
Como resultado de los análisis financieros y de los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que la autoridad ministerial realice las investigaciones correspondientes y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran desprenderse de los hechos detectados.
La dependencia federal señaló que la actuación de la UIF busca fortalecer las acciones de prevención y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el seguimiento de información financiera y la coordinación con otras autoridades.
Medida preventiva sin prejuzgar responsabilidades
La Secretaría de Hacienda subrayó que el procedimiento respeta en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas.
Además, reiteró que la UIF mantiene su estrategia de prevención, detección y combate de posibles operaciones ilícitas a través de herramientas de inteligencia financiera y del intercambio institucional con las autoridades competentes.
Con esta acción, la autoridad financiera busca que las instancias responsables determinen si existen conductas que puedan derivar en responsabilidades legales relacionadas con las operaciones detectadas.
