El gobierno federal dio a conocer una red de proveedores que monopolizó contratos millonarios en el Instituto Nacional Electoral (INE) y diversos organismos locales desde hace al menos 27 años, en la que presuntamiente participaban los hermanos Hernández Casillas y la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló la existencia de un presunto duopolio que concentró los contratos de materiales electorales mediante la simulación de competencia en licitaciones.
“Desde hace más de 20 años, los contratos de materiales electorales se concentraron en un duopolio vinculado al poder público”, puntualizó la funcionaria, quien centró la exposición en los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, proveedores del INE.
¿Cómo operaba la red de empresas fachada?
De acuerdo con la secretaria, la investigación muestra un esquema que operó mediante empresas fachada y simulación de competencia acumulando más de 2 mil 740 millones de pesos, con antecedentes que datan desde 1983.
Entre las compañías señaladas destacan las siguientes:
- Formas Finas y Materiales: 825.6 millones de pesos en contratos.
- Cajas Graf: 751.2 millones de pesos en contratos.
- SERIPLAST de México: 380.5 millones de pesos en contratos.
- Corporativo ZEG: 101.2 millones de pesos en contratos.
- Formas Finas Fernando Fernández: 35.5 millones de pesos en contratos.
En total, la red habría operado mediante al menos siete empresas principales controladas por la familia.
Aunque las compañías participaban simultáneamente en los procedimientos de contratación, compartían información de contacto, domicilios fiscales, socios y apoderados legales. También se identificaron relaciones familiares entre sus integrantes, como esposas, hermanos e hijos.
Empresas sin trabajadores ni capacidad para fabricar material electoral
Otro de los elementos expuestos por Raquel Buenrostro fue la presunta falta de capacidad operativa de las compañías beneficiadas con los contratos públicos.
Según la información presentada, algunas de estas empresas no contaban con infraestructura, personal registrado en nómina ni instalaciones suficientes para fabricar los productos que ofrecían a las autoridades electorales.
Pese a ello, obtenían contratos para suministrar papelería y materiales electorales, por lo que habrían funcionado como intermediarias para recibir recursos públicos, sin acreditar la capacidad técnica necesaria para cumplir directamente con los servicios contratados.
Detectan prestanombres y transferencias a jóvenes y adultos mayores
La secretaria también expuso mecanismos utilizados presuntamente para ocultar a los beneficiarios finales de los recursos públicos y dificultar el seguimiento del dinero.
Entre las prácticas identificadas se encuentran el posible robo de identidad y el uso de prestanombres para dispersar los fondos mediante distintas cuentas bancarias.
De acuerdo con la funcionaria, se detectaron transferencias a personas de perfiles diversos, incluidos jóvenes de apenas 18 años y adultos mayores de hasta 96 años, quienes aparecían como titulares de las cuentas receptoras.
Señalan posibles vínculos con funcionarios electorales
La exposición también abordó los presuntos vínculos de esta red empresarial con servidores públicos de áreas administrativas electorales.
De acuerdo con los señalamientos del Gobierno federal, las operaciones habrían continuado durante distintas administraciones, mediante relaciones entre proveedores y funcionarios públicos.
En este contexto, se mencionaron investigaciones relacionadas con el entorno administrativo del actual Instituto Nacional Electoral, la expresidenta Guadalupe Taddei, así como la participación de exdirectivos y funcionarios del organismo.
Una red con antecedentes de casi tres décadas
Según la información presentada por el Gobierno federal, el esquema tendría antecedentes de al menos 27 años y habría mantenido su operación mediante la alternancia de funcionarios y proveedores.
Entre los antecedentes mencionados se encuentra el caso registrado en el Estado de México en 2005, cuando las irregularidades relacionadas con este tipo de prácticas provocaron la renuncia de siete consejeros electorales locales.
La exposición de Raquel Buenrostro puso nuevamente bajo revisión los mecanismos de contratación del INE y los organismos electorales estatales, particularmente en la adquisición de materiales y servicios para los procesos electorales.
UIF inmoviliza cuentas
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que como parte de las primeras acciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió a inmovilizar las cuentas bancarias de las firmas involucradas.
Respaldó la necesidad de transparentar y auditar a fondo los recursos del órgano autónomo para erradicar cualquier sombra de corrupción o conflicto de interés.
Reiteró que las investigaciones en torno al Consejo General que dirigió el INE de 2014 a 2023 confirman que se manejaban contrataciones monopólicas y curiosamente al terminar su gestión se integraron al naciente partido Somos.
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