El Instituto Nacional Electoral (INE) firmará este viernes un convenio de colaboración para cerrarle el paso a la infiltración de la delincuencia organizada y cualquier tipo de criminalidad entre los aspirantes a candidaturas en el marco del proceso electoral 2027.
Aclaró que el convenio busca facilitar el intercambio de información para el desarrollo de las actividades relacionadas con el procedimiento de verificación de integridad y evaluación de riesgo razonable de aspirantes a candidaturas partidistas e independientes.
¿Con qué instancias se firmará el convenio?
De acuerdo al INE, el convenio se firmará con los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy; de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Francisco Almazán Barocio.
Además, con el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ángel Cabrera Mendoza, y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares.
Para ello, los partidos políticos, así como las personas aspirantes a una candidatura independiente podrán presentar de manera voluntaria los listados de quienes pretendan postular, acompañados del consentimiento informado de cada una de ellas.
INE remitirá las solicitudes a las instancias competentes
Y corresponderá al INE remitir las solicitudes a las instancias competentes, que determinarán, con su propia metodología y criterios, la existencia o inexistencia de un riesgo razonable.
El 7 de septiembre, tres días antes del inicio del proceso electoral 2027, el INE instaló la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, encargada de filtrar aspirantes con posibles nexos con la delincuencia organizada.
La instancia, integrada por los consejeros Arturo Chávez, Uuc-Kib Espadas y Norma de la Cruz, acordó revisar también a precandidatos y suplentes, e incluir en el análisis a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales.
En un comunicado, el INE reafirmó su compromiso con la autenticidad de las postulaciones “y consolida la integridad de las candidaturas como un estándar estricto de probidad pública y responsabilidad democrática, así como la protección irrestricta a los derechos político-electorales”.
