El Instituto Nacional Electoral (INE) alista auditorías externas, así como la revisión y recisión de contratos, en diversas áreas de organismo público autónomo.
Lo anterior, derivado de los presuntos actos de corrupción de la expresidenta Guadalupe Taddei, en el otorgamiento de contratos relacionados con papelería electoral, que derivaron en su renuncia.
El objeto de dichas auditorías -a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)-, es revisar la función institucional de adquisiciones en los órganos centrales y desconcentrados, incluidas sus instancias requirentes, técnicas, contratantes, administradoras y de pago.
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Ejercicio emergente de fiscalización
Dicha acción deberá realizarse de manera “urgente y prioritaria”, además deberá abarcar a las empresas proveedoras y deberá incorporar durante su investigación medidas cautelares inmediatas. La revisión comprenderá del 03 de noviembre de 2016 al 03 de noviembre de 2026.
Todo ello, según el proyecto de acuerdo por el que se aprueban:
“Medidas para restaurar la integridad y fortalecer los controles de la gestión administrativa institucional, así como solicitar a la ASF un ejercicio emergente de fiscalización de la función y desempeño de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto y la intervención de autoridades competentes en el ejercicio de sus atribuciones”.
¿Qué más dice el proyecto de acuerdo del INE?
El proyecto de acuerdo, que discutirá el Consejo General en su sesión de este jueves, deja claro que la finalidad es “solicitar la fiscalización de la función de adquisiciones del Instituto”, esto es, del ejercicio de recursos públicos asignados para el cumplimiento de las funciones y atribuciones legalmente otorgadas.
Para ello, se busca “implementar una serie de auditorías externas de todos los contratos vigentes; de identificarse irregularidades, rescindir estos instrumentos contractuales, previa acreditación de los supuestos legales y contractuales aplicables, en observancia a los procedimientos correspondientes”.
Y aclara que, del resultado de la investigación, se podrá contemplar “la presentación de denuncias correspondientes en los casos en los que de los hechos o hallazgos se desprenda la procedencia para su presentación”.
Secretaría Ejecutiva deberá notificar acuerdo
Es así que, la Secretaría Ejecutiva deberá comunicar a las oficinas centrales, así como a las juntas locales y distritales, las medidas adoptadas por el Consejo General, con el de resguardar el siguiente material:
- Expedientes físicos y electrónicos
- Versiones originales
- Registros contables
- Correos institucionales vinculados con las operaciones
- Bitácoras, respaldos y metadatos, dentro de los sistemas y facultades del Instituto.
Además, se suspenderán las bajas o eliminaciones que puedan afectar dicha evidencia, conforme a la normativa archivística y de protección de datos.
Un punto clave del acuerdo es la designación de responsables de custodia y transferencias. Aclara que “no se alterarán documentos para completar retrospectivamente expedientes”.
¿Por qué la ASF puede revisar al INE?
El INE es sujeto de esa revisión debido que recibe y ejerce recursos públicos federales del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y no obstante cuente con autonomía Constitucional, la misma coexiste con el control externo del gasto.
Es decir, la ASF conserva autonomía técnica y de gestión para determinar la procedencia, modalidad, muestra y alcance de sus actuaciones.
Además, la Constitución atribuyen a la Cámara de las diputaciones, por conducto de la ASF, la fiscalización superior de los recursos federales.
ASF abre investigación de oficio
Cabe destacar que el pasado 23 de octubre, la ASF anunció el inicio de una investigación de oficio contra el Instituto por presunto uso indebido de recursos públicos, tras los señalamientos sobre contrataciones irregulares vinculadas a exfuncionarios y proveedores del Instituto.
