El megaproyecto hidroeléctrico de la CFE sobre el río Papagayo quedó fuera de los planes del gobierno federal tras décadas de litigios, resistencia comunitaria y cuestionamientos ambientales. Las autoridades federales diseñarán y aplicarán un nuevo esquema hidráulico para garantizar el abasto de agua en Acapulco.
La cancelación de una presa que marcó dos décadas de conflicto
El proyecto hidroeléctrico La Parota fue considerado durante más de dos décadas uno de los megaproyectos de infraestructura más controvertidos del país por la magnitud de sus impactos sociales, ambientales y territoriales. Finalmente, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, informó el domingo 26 que ha quedado descartado de manera definitiva.
Con el anuncio hecho por Claudia Sheinbaum concluye un conflicto social, agrario, ambiental y jurídico que enfrentó a comunidades rurales, organizaciones civiles y distintos gobiernos federales en torno a la gran presa que se pretendía construir sobre el río Papagayo, en el estado de Guerrero.
La decisión gubernamental fue dada a conocer durante la presentación del Plan Maestro para Acapulco y Guerrero, en la que el gobierno federal confirmó que en lugar de esa obra desarrollará un nuevo esquema de infraestructura hidráulica para garantizar el abastecimiento de agua al puerto.
El nuevo modelo incluye la construcción de pozos radiales, estaciones de bombeo y tanques de almacenamiento, además de la modernización de la red hidráulica, con el objetivo de fortalecer el suministro de agua y reducir la vulnerabilidad del sistema ante fenómenos meteorológicos extremos.
La determinación cerró una etapa que duró años abierta: aunque la construcción de la presa no presentaba avances desde hacía tiempo, nunca había sido descartada expresamente por el gobierno federal. Por esa razón las comunidades asentadas en la cuenca del río Papagayo mantuvieron no sólo su preocupación ante una posible reactivación del proyecto, también extendieron y consolidaron sus formas de organización.
Un proyecto suspendido durante años
La inviabilidad de La Parota no fue producto de un solo episodio. Fue un proceso acumulado en el que confluyeron oposición comunitaria, disputas agrarias, litigios y cuestionamientos ambientales. Durante más de 20 años, el proyecto permaneció detenido sin alcanzar las condiciones sociales y jurídicas necesarias para su construcción.
La resistencia encabezada por ejidatarios y comuneros convirtió a La Parota en uno de los conflictos socioambientales más representativos del país, al colocar en el centro del debate la relación entre grandes obras de infraestructura, territorio y derechos colectivos.
El caso trascendió la discusión sobre una presa específica. Planteó una pregunta que acompañaría otros debates nacionales sobre megaproyectos: qué condiciones debe cumplir una obra considerada estratégica por el gobierno o por inversionistas cuando afecta territorios habitados por comunidades organizadas.
La apuesta hidroeléctrica de CFE para Guerrero
Concebida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2003, durante el sexenio del presidente Vicente Fox, La Parota formó parte de la estrategia de expansión hidroeléctrica del país. Incluso se le proyectaba como una de las mayores centrales de generación eléctrica del sur de México.
El proyecto consistía en construir una presa sobre el río Papagayo, aproximadamente a 30 kilómetros al noreste de Acapulco, con una cortina de alrededor de 162 metros de altura y una capacidad instalada cercana a 900 megawatts, según la planeación técnica elaborada por la propia CFE.
La inversión estimada durante las distintas etapas de planeación superaba los mil millones de dólares.
La CFE aseguraba que la obra representaba una infraestructura estratégica destinada a ampliar la capacidad de generación eléctrica y fortalecer el desarrollo regional de Guerrero.
Electricidad, agua y desarrollo regional: la promesa de CFE con La Parota
La defensa institucional de La Parota no se limitó al componente energético. La CFE sostuvo que la presa permitiría contribuir al abastecimiento de agua potable para Acapulco durante décadas, ayudaría a controlar avenidas del río Papagayo y favorecería nuevas condiciones de desarrollo económico para la región.
Así, la propuesta concentraba en una sola infraestructura tres objetivos: generación eléctrica, seguridad hídrica y regulación hidráulica. Esa visión convirtió al proyecto en una de las apuestas de infraestructura más relevantes para Guerrero durante la primera década del siglo XXI.
Sin embargo, la dimensión de los beneficios esperados contrastaba con las transformaciones territoriales que implicaba construir el embalse.
Un embalse con impactos sociales y ambientales
Desde las primeras etapas del proyecto, la magnitud territorial de La Parota generó cuestionamientos entre comunidades y organizaciones civiles. Diversas estimaciones elaboradas durante el proceso de evaluación y por grupos ambientalistas alertaron que la obra podría inundar alrededor de 17 mil hectáreas, afectar a 36 comunidades agrupadas en 16 núcleos agrarios y provocar el desplazamiento de unas 25 mil personas.
Las comunidades asentadas en la zona de influencia del proyecto advirtieron que la transformación del territorio no sólo implicaba la pérdida de tierras, sino cambios profundos en sus formas de vida, actividades productivas y relación con el río Papagayo.
El componente ambiental fue otro de los ejes centrales del debate: Organizaciones comunitarias y ambientales señalaron que un gran embalse modificaría la dinámica natural de la cuenca, con posibles efectos sobre ecosistemas ribereños, biodiversidad, disponibilidad de recursos y actividades agrícolas.
La discusión pública no se limitó al área que ocuparían la cortina o el vaso de la presa. El río Papagayo fue colocado en el centro del debate como una cuenca donde convergen recursos hídricos, comunidades rurales y sistemas naturales fundamentales para Guerrero.
El nacimiento de la resistencia comunitaria
Las diferencias entre la visión institucional del proyecto y las preocupaciones de las comunidades dieron origen a una de las resistencias sociales más prolongadas contra una obra de infraestructura federal.
Ejidatarios y comuneros cuestionaron los procedimientos utilizados para obtener acuerdos sobre las tierras requeridas, reclamaron mayor participación en las decisiones que afectarían su territorio y señalaron los impactos sociales y ambientales que tendría la presa.
De esa oposición surgió el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), organización que con el paso de los años se convirtió en uno de los referentes nacionales de la defensa del territorio frente a grandes proyectos impulsados desde el Estado.
Y la aparición del CECOP cambió la dimensión del conflicto: Lo que comenzó como una disputa local por una obra hidráulica se transformó en un debate más amplio sobre territorio, derechos colectivos, participación comunitaria y límites de los megaproyectos de infraestructura.
La disputa salió del territorio y llegó a los tribunales
La siguiente etapa de la confrontación ya no sólo ocurriría en las comunidades del río Papagayo. Llegaría a tribunales agrarios, organismos de derechos humanos y espacios de negociación política.
La presa La Parota no desapareció por una sola decisión administrativa. Su inviabilidad se construyó durante más de dos décadas en una disputa donde confluyeron conflictos agrarios, litigios, derechos colectivos y una confrontación por el futuro del territorio.
Desde 2003, el CECOP encabezó la resistencia contra el proyecto impulsado por la Comisión Federal de Electricidad, que insistía en aprovechar el cauce del río Papagayo para construir una hidroeléctrica estratégica. La CFE defendió durante años esa posición. Una y otra vez argumentó que La Parota permitiría ampliar la capacidad de generación eléctrica, impulsar infraestructura regional y contribuir al desarrollo económico de Guerrero.
En tanto, la organización sostuvo que la obra afectaría múltiples comunidades asentadas en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, provocaría pérdida de tierras productivas, alteraría formas de vida comunitarias y modificaría la relación de los habitantes con el río.
El conflicto dejó de ser únicamente una diferencia sobre la conveniencia de una obra. Se convirtió en una disputa sobre quién participa en las decisiones que transforman un territorio.
Los conflictos agrarios frenaron el proyecto de La Parota
Uno de los principales obstáculos para el avance de La Parota fue la disputa por las tierras necesarias para construir la presa. Los acuerdos comunitarios relacionados con la disposición de terrenos que las autoridades presentaban para legitimar el proyecto fueron impugnados por los propios comuneros. Distintos procesos agrarios cuestionaron la validez de las decisiones adoptadas en asambleas comunales impugnadas por el CECOP.
Esos litigios levantaron y sostuvieron durante años una barrera jurídica que impidió consolidar las condiciones necesarias para iniciar una obra que requería la ocupación de extensas superficies territoriales.
Pero la controversia no se limitó a la propiedad de la tierra. También abrió un debate más amplio sobre la relación entre el Estado y las comunidades cuando una obra de infraestructura modifica territorios habitados y formas de vida construidas durante generaciones.
El río Papagayo: territorio ambiental y social
La controversia alcanzó también el ámbito ambiental. La manifestación de impacto ambiental del proyecto reconocía que la construcción de la presa, con un embalse de miles de hectáreas sobre la cuenca del río Papagayo, implicaría modificaciones relevantes en el entorno natural y social.
Organizaciones comunitarias y ambientales señalaron que el impacto no se limitaría al área inundada, sino que alcanzaría una cuenca donde convergen ecosistemas ribereños, actividades agrícolas, recursos hídricos y comunidades rurales.
El debate ambiental colocó al río Papagayo como un elemento central del conflicto: no sólo por ser el sitio donde se levantaría la presa, sino por constituir un sistema ecológico y social del que dependen múltiples actividades de la región.
La discusión anticipó una de las tensiones que acompañarían posteriormente a otros megaproyectos en México: cómo equilibrar infraestructura, desarrollo económico y protección de territorios con valor ambiental y comunitario.
La resistencia contra La Parota convirtió al movimiento opositor en un referente nacional de los conflictos entre grandes proyectos de infraestructura y comunidades organizadas.
Derechos humanos y criminalización de la protesta
Pero la disputa también tuvo consecuencias humanas: Integrantes del CECOP denunciaron episodios de hostigamiento, amenazas y criminalización durante los años de mayor intensidad del conflicto.
Uno de los casos más relevantes fue el de Vicente Suástegui Muñoz, integrante del movimiento, cuya desaparición en 2021 llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgar medidas cautelares para él y su familia ante la situación de riesgo denunciada.
El caso incorporó otra dimensión a la historia de La Parota: la protección de quienes participan en procesos de defensa territorial y ambiental.
El abandono institucional de La Parota
El cierre político del proyecto no llegó sino hasta 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal no continuaría con la construcción de la presa durante su administración y reconoció las afectaciones que representaba para las comunidades.
Con esa definición, La Parota dejó de ser un proyecto sujeto a una eventual reactivación y pasó a una nueva etapa: la de un caso emblemático sobre los límites de los grandes proyectos de infraestructura cuando no logran construir viabilidad social, territorial y ambiental.
Después de más de 20 años de disputa, la historia de La Parota quedó marcada no sólo por la presa que no se construyó, sino por el conflicto que reveló sobre la relación entre Estado, comunidades y territorio.
Del megaproyecto único a un modelo hidráulico distribuido
La salida de La Parota resolvió una disputa territorial, pero dejó abierta la pregunta con la que CFE justificaba el proyecto desde su origen: ¿Cómo garantizar agua, infraestructura y desarrollo para Guerrero sin construir una gran presa sobre el río Papagayo?
La respuesta institucional actual no plantea construir una obra equivalente, sino modificar el modelo de gestión del agua mediante infraestructura distribuida y rehabilitación de sistemas existentes.
El Plan Nacional Hídrico 2024-2030 del gobierno federal establece cuatro ejes principales:
- política hídrica y soberanía nacional;
- justicia y acceso al agua;
- mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático;
- gestión integral y transparente del recurso.
En Guerrero, la estrategia se concentra en recuperar infraestructura hidráulica de Acapulco mediante el programa Acapulco se Transforma Contigo, incluido entre los proyectos estratégicos del Plan Nacional Hídrico.
Agua para Acapulco: infraestructura sin una nueva presa
El programa abarca acciones de agua potable, saneamiento y prevención de inundaciones, con intervenciones en infraestructura de captación y distribución. Las obras buscan mejorar el servicio para alrededor de 800 mil habitantes del municipio de Acapulco.
La diferencia frente a La Parota es de modelo: La presa proponía concentrar en una sola infraestructura una solución energética, hidráulica y regional. La nueva estrategia apuesta por rehabilitar sistemas existentes, mejorar la eficiencia del suministro y atender problemas específicos de abastecimiento.
Sin embargo, permanece un desafío: las obras anunciadas hasta ahora no sustituyen completamente todas las funciones que La Parota pretendía cumplir, particularmente en materia de generación eléctrica y regulación regional del recurso hídrico.
El futuro del río Papagayo
El río Papagayo mantiene un papel central en esta nueva etapa. Además de ser una fuente histórica de abastecimiento para Acapulco mediante los sistemas Papagayo I y Papagayo II, la cuenca representa un sistema ambiental y social donde convergen comunidades rurales, actividades agrícolas, ecosistemas ribereños y biodiversidad.
La construcción del embalse habría modificado no sólo el paisaje, sino también los procesos naturales de una cuenca estratégica para Guerrero. Por ello, el futuro del Papagayo no se reduce a decidir cómo obtener agua. Implica definir cómo conservar una cuenca donde confluyen necesidades humanas, actividades productivas y funciones ecológicas.
El reto pendiente después de La Parota
La cancelación de La Parota abre una nueva etapa: el Estado mexicano dejó atrás la apuesta por una gran infraestructura hidráulica y energética, pero ahora debe demostrar que un modelo basado en obras distribuidas, conservación ambiental y participación comunitaria puede responder a los problemas que justificaron aquel megaproyecto.
La seguridad hídrica de Acapulco será una de las principales pruebas de este nuevo enfoque. Y la respuesta definirá no sólo el futuro hidráulico de Guerrero, sino también la forma en que México enfrentará sus próximos proyectos de infraestructura en territorios donde existen comunidades, recursos naturales y derechos colectivos en juego.
Un conflicto que trascendió la construcción de una presa
La cancelación de La Parota no sólo modifica el futuro de una región de Guerrero. También cierra uno de los capítulos más prolongados de la relación entre el Estado mexicano y las comunidades frente a los grandes proyectos de infraestructura.
Durante más de 20 años, el conflicto alrededor del río Papagayo colocó una pregunta que después ocuparía un lugar central en otros debates nacionales:
¿Puede una obra considerada estratégica avanzar sin la participación efectiva de las comunidades donde pretende construirse?
La experiencia de La Parota mostró que la viabilidad de un megaproyecto no depende únicamente de estudios técnicos, recursos presupuestales o decisiones gubernamentales. También requiere legitimidad social, acuerdos territoriales, evaluación ambiental adecuada y mecanismos efectivos de participación.
La evolución del debate sobre los megaproyectos
Aunque el conflicto se desarrolló principalmente entre comunidades campesinas, ejidales y autoridades federales, sus litigios y movilizaciones formaron parte de un proceso que colocó en el centro del debate público los derechos de las comunidades frente a proyectos capaces de transformar sus territorios.
La experiencia de La Parota ocurrió en una etapa en la que México comenzó a enfrentar un escenario de expansión de megaproyectos energéticos, mineros, turísticos e hidráulicos que generaron controversias por sus impactos sociales, ambientales y territoriales.
El caso se convirtió en una referencia dentro de esa discusión nacional sobre los límites de las grandes obras de infraestructura y la necesidad de incorporar, desde sus primeras etapas, la participación de las poblaciones potencialmente afectadas.
No significa que La Parota haya determinado por sí sola la evolución posterior de ese debate, pero sí formó parte de un proceso más amplio en el que comunidades, organizaciones civiles, tribunales y autoridades comenzaron a discutir nuevas condiciones para la construcción de proyectos estratégicos.
Tribunales y estándares internacionales: un nuevo marco de discusión
El conflicto de La Parota también ocurrió durante una etapa de evolución jurídica en México. Los tribunales mexicanos, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desarrollaron criterios relacionados con la protección de derechos colectivos, participación comunitaria y obligaciones de las autoridades frente a decisiones que pueden afectar territorios y formas de vida.
A ello se sumaron estándares internacionales, particularmente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México en 1990, que establece obligaciones de consulta a pueblos indígenas y tribales cuando medidas administrativas o proyectos puedan afectar sus derechos.
Aunque La Parota no fue un caso de consulta indígena en sentido estricto, el conflicto amplió la discusión nacional sobre la participación de comunidades rurales, ejidales e indígenas frente a decisiones tomadas desde el Estado o promovidas por grandes inversiones.
La diferencia jurídica es relevante: la consulta constituye un derecho específico para determinados pueblos y comunidades reconocidos por el marco normativo aplicable, mientras que la participación comunitaria y la legitimidad social forman parte de un debate más amplio sobre la toma de decisiones públicas en territorios afectados por grandes obras.
El desafío después de La Parota
Para Guerrero, el reto ahora será demostrar que el abandono de la presa no significa renunciar al desarrollo regional, sino construir una relación distinta con sus territorios, sus recursos naturales y las comunidades que los habitan.
La seguridad hídrica de Acapulco, la conservación del río Papagayo y el desarrollo económico del estado serán la prueba de si el nuevo modelo puede responder a las necesidades que durante años daban justificación institucional al megaproyecto.
El desafío no será menor: sustituir una visión basada en una gran obra concentradora por un esquema que combine infraestructura, eficiencia hidráulica, protección ambiental y participación social.
Para México, el caso deja una lección institucional: los grandes proyectos del futuro tendrán que considerar desde su origen no sólo su viabilidad financiera o técnica, sino también sus impactos ambientales, su relación con los territorios y los derechos de quienes los habitan.
La pregunta que deja La Parota
La Parota quedó atrás como obra, pero permanece como una prueba política para el Estado mexicano. La pregunta ya no es únicamente por qué una presa no pudo construirse, sino si el país aprendió que ningún proyecto de desarrollo puede sostenerse exclusivamente desde una decisión gubernamental.
La legitimidad de las grandes obras dependerá cada vez más de la capacidad de conciliar infraestructura, protección ambiental y participación efectiva de las comunidades.
Porque el desenlace de La Parota no sólo habla del destino de una presa en Guerrero. Habla de cómo México decidirá, en adelante, sobre los territorios donde pretende construir su futuro.
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