La Carretera Federal 175 se ha convertido en un corredor de muerte para la familia Martínez y para el Frente Popular Revolucionario (FPR). Casi seis años después de que el líder histórico Tomás Martínez Pinacho fuera ejecutado; su hijo, expresidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz y dirigente del FPR en la Sierra Sur, José Alberto Martínez Luna, sobrevivió la noche del 22 de junio a una emboscada parecida.
La emboscada y el saldo
Eran aproximadamente las 19:00 horas cuando el Chevrolet Malibu en el que se trasladaba el exfuncionario fue emparejado a la altura del paraje San Juan Bosco por un vehículo color gris. Desde el interior, los agresores abrieron fuego con armas de grueso calibre.
En el asiento delantero perdió la vida el escolta Juan José Cruz Padilla (identificado en los reportes policiales bajo las iniciales J.C.P.). Martínez Luna y un tercer acompañante, de nombre Jesús Sabas, resultaron heridos de gravedad. Aunque las primeras alertas del FPR pedían auxilio médico urgente señalando un estado «delicado», horas más tarde la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que el exedil y el segundo escolta lesionado se encontraban hospitalizados y estables.
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«No es delincuencia, es el Estado»: el manifiesto del FPR
La lectura del Frente Popular Revolucionario y de una docena de organizaciones adherentes (como el Partido Comunista de México m-l y la Unión de Trabajadores de la Educación) descartó de tajo el móvil de un «ajuste de cuentas comunal». En un enérgico comunicado, calificaron el hecho como una Agresión de Estado.
La izquierda social oaxaqueña acusó directamente al gobierno de Salomón Jara de utilizar a grupos paramilitares disfrazados de crimen organizado para silenciar a la disidencia. Según el FPR, el atentado contra Martínez Luna es la factura de cobro por cuatro frentes de resistencia que la organización mantiene en la Sierra Sur:
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La oposición política: Su rechazo público y frontal a las políticas neoliberales de la autodenominada «Primavera oaxaqueña».
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El conflicto magisterial: El respaldo abierto que dieron a la reciente Huelga Magisterial.
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La crisis urbana: Su defensa de los comerciantes locales y su rotunda oposición a la imposición de un nuevo basurero en Miahuatlán.
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La defensa del territorio: Su activismo contra la reactivación minera y lo que denominan el «cártel del despojo».
“Mientras el gobernador en medios de comunicación afirma ‘Toda la fuerza del Estado para que las familias estén seguras’, la realidad en Oaxaca es otra. En lo que va de este sexenio… han sido asesinados 33 activistas”, sentenció la organización en su despliegue impreso.
Bajo este argumento, el movimiento lanzó un ultimátum institucional: exigieron la renuncia inmediata del actual presidente municipal, César Figueroa, a quien hacen responsable por contubernio u omisión. Asimismo, exigieron al fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla la captura de los autores intelectuales, y al Tribunal Superior de Justicia que emita, sin más dilación, una sentencia condenatoria contra Diego «N», agresor del compañero José Armando González Santos en un caso de violencia política perpetrado hace tres años.
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El epicentro del caos
Mientras la Guardia Nacional y la Policía Estatal montaban retenes de revisión en los accesos de San Juan Bosco, la opinión pública oaxaqueña observaba el calendario con incredulidad.
Martínez Luna, quien llegó al poder municipal en el periodo 2022-2024 bajo las siglas del Partido Unidad Popular (PUP) , convalece hoy bajo guardia ministerial.
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