La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, instruyó a la Oficialía Mayor del estado revisar los antecedentes contractuales de las empresas que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó recientemente en su lista de sanciones.
También ordenó remitir los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con el propósito de determinar si existieron irregularidades, riesgos operativos o afectaciones patrimoniales en las contrataciones del Ejecutivo estatal.
La revisión llega después de que el Departamento del Tesoro sancionó, el 29 de septiembre, a 21 personas y 25 entidades por presuntos vínculos o apoyo a estructuras del Cártel de Sinaloa, entre ellas empresas con operaciones en Baja California.
Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned nearly 50 targets who serve as leaders or facilitators for the Sinaloa Cartel. The 21 individuals and 25 entities designated include cartel leader Ismael Zambada Sicairos, members of his innermost circle, and the…
— Treasury Department (@USTreasury) September 29, 2026
Por otra parte, la designación incluyó compañías que el Departamento del Tesoro atribuyó a redes vinculadas con operadores de ese grupo en Tijuana y otras zonas del estado.
Ávila Olmeda defiende la legalidad de las contrataciones
Ávila Olmeda sostuvo que su gobierno realizó las contrataciones anteriores conforme a la situación jurídica y a los registros disponibles en el padrón de proveedores en el momento de cada procedimiento.
«Cuando se contrató, se hizo conforme a la información y la situación jurídica entonces disponibles. En ese momento no existía inhabilitación, sanción previa ni impedimento legal alguno para celebrar dichos actos», señaló.
Asimismo, sostuvo que su administración decidió revisar los contratos y dar vista a los órganos de control correspondientes, ante la información que conoció en 2026.
Como medida preventiva, la gobernadora estableció que las personas físicas o morales, que autoridades nacionales o extranjeras señalan por presuntas actividades ilícitas no podrán participar como proveedoras del Gobierno del Estado mientras no aclaren formalmente su situación jurídica.
En consecuencia, el Ejecutivo bloquea de forma preventiva a esos posibles proveedores hasta que resuelvan su situación.
Seguridad pública y autonomía de la Fiscalía
En materia de seguridad pública, la mandataria estatal indicó que algunos de los contratos bajo revisión se relacionaron con equipamiento, suministros e infraestructura técnica.
Sin embargo, apuntó, sólo personal autorizado de las corporaciones estatales resguarda y administra los sistemas y las bases de datos institucionales, y hasta el momento no se identificó ninguna vulneración de información de la ciudadanía.
Por otro lado, el gobierno estatal precisó que los organismos constitucionalmente autónomos, entre ellos la Fiscalía General de Baja California, tienen facultades propias para sus procesos administrativos, de contratación y resguardo documental.
«Si de esta revisión surge alguna irregularidad, deberá procederse conforme a la ley. No vamos a encubrir a nadie ni a prejuzgar: vamos a esclarecer los hechos con documentos», enfatizó Ávila Olmeda.
Las sanciones estadounidenses contemplan el bloqueo de bienes e intereses en bienes sujetos a jurisdicción de Estados Unidos, además de restricciones para ciertas transacciones con las personas y compañías designadas.
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