En Oaxaca, colectivos sociales, activistas, familiares y militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunciaron frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJO) que la investigación por el asesinato del expresidente municipal de Santa María Ipalapa, Gerardo Leobardo Santos López, está estancada desde hace ocho meses.
Los manifestantes denunciaron que, pese al tiempo transcurrido, no existen resultados concretos ni personas detenidas, mientras que los presuntos responsables materiales e intelectuales continúan en libertad, incluso dentro de la misma comunidad.
Omisiones en investigación del caso Gerardo Santos
El dirigente del PRD Oaxaca, Tomás Basaldú Gutiérrez, afirmó que la carpeta de investigación permanece estancada y que la Fiscalía ha negado sistemáticamente el diálogo con familiares y representantes del partido.
Recriminó que los probables responsables pertenecen a la policía municipal, lo que, sostuvo, explica la protección institucional y la falta de sanciones. “Siguen en funciones como si no hubiera pasado nada”, acusó.
Basaldú Gutiérrez sostuvo que el homicidio no fue un hecho aislado, sino un crimen político, y aseguró que existen indicios de participación y omisión desde estructuras del Estado.
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Caso Gerardo Santos: un asesinato político, dice PRD
“Hemos acudido en repetidas ocasiones con el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla para entregar pruebas y evidencias, pero se niegan a recibirnos”, denunció el líder perredista. A ocho meses del crimen, dijo, la Fiscalía no ha definido si se trató de un asesinato político o vinculado al crimen organizado.
Para el PRD, la motivación es clara: Santos López había cumplido como presidente municipal y estaba construyendo la estructura de una nueva fuerza política en Oaxaca, lo que lo convirtió en un objetivo.
Datos oficiales confirman participación policial
De acuerdo con información oficial, Gerardo Leobardo Santos López fue asesinado el lunes 12 de mayo de 2025, tras una discusión con un mando de la policía municipal, quien accionó su arma de cargo en plena plaza pública.
Pese a ello, el implicado no fue separado del cargo, ni sometido a una investigación administrativa o penal efectiva, lo que ha profundizado la indignación social.
Organizaciones civiles subrayaron que Oaxaca mantiene un patrón de impunidad en crímenes contra autoridades locales y líderes políticos, especialmente en regiones rurales e indígenas, donde la justicia llega tarde o no llega.
Denuncian uso político de recursos públicos
El dirigente estatal del PRD también acusó al gobierno de Oaxaca de condicionar recursos federales correspondientes a los ramos 28 y 33, así como de aplicar criterios discrecionales en programas interinstitucionales.
“No nos tratan como oposición, nos tratan como huérfanos”, afirmó. Los manifestantes exigieron intervención federal, garantías de imparcialidad y protección para testigos y familiares, advirtiendo que la impunidad alimenta la violencia política en el estado.
