El fiscal general de justicia, Bernardo Rodríguez Alamilla aceptó que, a través de un fiscal de control, se le ofrecieron en un primer momento escoltas y medidas de protección al periodista asesinado Francisco Alejandro Leyva Aguiar.
Sin embargo, la víctima las rechazó inicialmente. Después se habría determinado un protocolo discreto que estaba a la espera de aplicarse cuando ocurrió el crimen.
El fiscal rechazó la versión en torno a que la carpeta de investigación por las amenazas al periodista se haya extraviado o desechado. Calificó como falso el señalamiento que hizo la defensora de derechos humanos (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, quien, desde su perspectiva, cometió errores y desaciertos en el caso del comunicador asesinado.
Rodríguez Alamilla afirmó que los detalles y alcances respecto a la intervención de la fiscalía estatal se entregaron a la Fiscalía General de la República, dejando claro que no se compartió información a la DDHPO por temor a fugas, debido a que en otros casos, la fiscalía identificó filtraciones de información al compartir datos con esta dependencia.
Señalamientos hacia la Defensoría
El fiscal estatal lamentó que, en un evidente intento por desviar la atención y evadir su responsabilidad institucional, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) cuestionara la actuación de la fiscalía en el caso de Alejandro Leyva.
Pero, un análisis detallado del expediente revela que fue la propia Defensoría la que incurrió en graves omisiones que dejaron a la víctima en un estado de vulnerabilidad institucional.
Lejos de activar los protocolos de urgencia que ameritaba el caso, la DDHPO minimizó las amenazas contra el comunicador al tramitar el asunto como un simple «cuaderno de antecedentes» y no como una queja formal.
Agrega que la Defensoría ignoró el artículo 58 de su propia ley —que le faculta para iniciar investigaciones de oficio ante violaciones graves y reiteradas contra comunicadores—, la institución limitó desde el primer día el alcance de la protección hacia Alejandro Leyva Aguiar.
Falta de análisis y trabajo de campo
Además de la pifia administrativa, la Defensoría brilló por su ausencia en el trabajo de campo. No emitió medidas cautelares directas, violando las facultades que le otorgan los artículos 13 (fracción V) y 66.
Su «actuación» se redujo a la burocracia de escritorio: enviar oficios para preguntar si la víctima ya contaba con protección, sin brindarle un acompañamiento real ni asistirle en la ratificación de su denuncia, un mandato expreso del artículo 7 de su legislación.
Finalmente, la DDHPO omitió realizar el análisis de riesgo y de contexto al que estaba obligada. Aunque las amenazas derivaron directamente de los señalamientos públicos de Alejandro Leyva Aguiar en conferencias de prensa, la institución no activó los mecanismos de alerta temprana previstos en la ley para la protección de periodistas (art. 13, fracción VI).
Hoy, ante la tragedia, la titularidad de la Defensoría busca culpar a otras dependencias de una inacción que comenzó en sus propias oficinas.
El hoy fiscal refiere que la Defensoría tiene facultades legales para exigir medidas de protección para una víctima de amenazas. De ello hay antecedentes, ya que está establecido en la ley reformada, la cual Bernardo Rodríguez presume que impulso cuando fue defensor de derechos humanos.
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