Ricardo Alejandro “N”, identificado por las autoridades como uno de los presuntos autores materiales del asesinato del regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, fue enviado a prisión preventiva por determinación de un juez de control.
En tanto se informa que las autoridades estatales y federales continúan las investigaciones para identificar y detener a otros involucrados en el crimen del regidor, incluso a los autores intelectuales.
La medida cautelar se impuso durante la audiencia de formulación de imputación celebrada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos.
Ahí la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) presentó los datos de prueba que relacionan al detenido con el homicidio calificado del integrante del Cabildo de Cuernavaca, ocurrido el pasado 4 de noviembre.
Ricardo Alejandro “N” permanecerá recluido mientras se determina si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso, luego de que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica.
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¿Por qué reaprehendieron por el homicidio al imputado?
Al imputado lo aprendieron el pasado domingo 8 de noviembre, pero inicialmente lo presentaron ante un juez por el delito de resistencia de particulares.
Debido a ello, el miércoles 11 de noviembre, la propia Fiscalía se desistió de esa acusación y la autoridad judicial ordenó su libertad.
Sin embargo, cuando abandonaba el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Morelos, lo recapturaron por una orden de aprehensión en su contra por el asesinato del regidor.
Esta acción la ejecutaron agentes de Investigación Criminal y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.
¿Cómo ocurre el asesinato de Rivas Ríos?
Gabriel Rivas Ríos, militante de Morena, exdiputado local y dirigente social con una larga trayectoria política en Cuernavaca, lo asesinan a balazos el pasado 4 de noviembre.
Rivas Ríos se encontraba dentro de su vehículo en la colonia Ejidos de Acapantzingo, cuando ocurre este crimen en medio de diversas controversias políticas y sociales en las que participaba el regidor.
Cabe señalar que entre esas controversias destaca su oposición al desarrollo inmobiliario proyectado en el predio conocido como La Cazahuatera, al oriente de Cuernavaca.
Después de seis días de acontecido el homicidio del regidor, el gobierno estatal anunció la expropiación de dicho predio.
Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente una relación entre esa controversia y el asesinato del regidor, ni han dado a conocer el móvil del ataque.
Federación busca a otros responsables del crimen
La detención de Ricardo Alejandro “N” constituye la primera captura confirmada por este homicidio, aunque las investigaciones continúan abiertas para establecer la participación de otras personas y determinar quién o quiénes pudieron haber ordenado el asesinato.
Este jueves, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, confirmó que las autoridades federales participan directamente en las investigaciones junto con la Fiscalía de Morelos y que aún existen responsabilidades por esclarecer.
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La intervención federal ocurre también después de que integrantes de la agrupación social Gustavo Salgado, encabezada durante años por Rivas Ríos, solicitaron que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera las investigaciones ante su desconfianza en las autoridades estatales.
Por su parte, el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, sostiene que las investigaciones no concluirán con la detención del primer presunto responsable material, sino que continuarán hasta esclarecer la participación de todos los involucrados en el homicidio.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre nuevas órdenes de aprehensión ni han identificado públicamente a otros posibles participantes en el asesinato del regidor.
La situación jurídica de Ricardo Alejandro “N” deberá resolverse en la continuación de la audiencia inicial, cuando el juez determine si los datos de prueba presentados por el Ministerio Público son suficientes para dictar su vinculación a proceso.
