La diputada Araceli Geraldo Núñez, del Congreso de Baja California (BC) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Pública del estado para que los establecimientos dedicados a la venta de comida y bebidas de consumo rápido estén obligados a informar sobre el contenido calórico de sus productos.
Lo anterior, ante la alta incidencia de enfermedades relacionadas con la mala alimentación en Baja California (BC), por lo que en la iniciativa de reforma establece que en los productos de manera visible y clara se especifique la cantidad de calorías contenidas en cada producto.
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¿Es Baja California un estado con alto índice de obesidad?
La diputada Geraldo Núñez puntualiza que:
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“Somos un estado con un alto índice en obesidad, sobrepeso, hipertensión arterial y diabetes”.
La legisladora también alerta que la entidad no puede permanecer ajena a un problema de salud pública que afecta severamente a su población.
¿En qué se basa la propuesta de la diputada local?
La propuesta tiene como base el decreto publicado el 8 de noviembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En dicho decreto se puntualiza que se reformaron diversas disposiciones de la Ley General de Salud para hacer frente al:
- Sobrepeso
- Obesidad
- Establecer normas de etiquetado en alimentos y bebidas no alcohólicas
De acuerdo con la exposición de motivos, hoy en día cerca de un tercio de la ingesta calórica de la población proviene de alimentos preparados fuera del hogar.
La diputada precisa que dichos alimentos, en la mayoría de los casos, contienen niveles más altos de:
- Calorías
- Sodio
- Grasas saturadas
En comparación con los platillos preparados en casa.
¿Qué busca la reforma en BC?
En ese sentido, la diputada Araceli Geraldo subrayó que la reforma busca empoderar a los consumidores con información nutrimental visible.
El objetivo, agrega, es para permitir tomar decisiones más saludables y conscientes, sobre todo en un entorno donde predomina el consumo de alimentos ultraprocesados.
Además, se establece un periodo de vacatio legis, es decir, un tiempo entre la publicación y la entrada en vigor de la norma, para que tanto los establecimientos como la Secretaría de Salud cuenten con el tiempo necesario para implementar las medidas que exige esta reforma.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y discusión en el Congreso del Estado.
