El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, pidió que se detenga o se corrija el contenido de la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que prevé hasta siete años de cárcel a quien haga una parodia utilizando la identidad gráfica del gobierno, pues consideró que se trata nuevamente de un intento de censura.
“Nosotros queremos alertar que ahí viene la censura otra vez, porque eso es lo propio de los regímenes autoritarios», dijo el legislador en entrevista sobre la reforma al artículo 403 Bis de dicha ley y que propone hasta siete años de prisión a quien utilice, reproduzca o imite la identidad gráfica del gobierno.
La libertad de expresión
Demandó que se corrija la propuesta y que se diga, de manera expresa en el mismo artículo, que «hay una excepción a periodistas, que hay una excepción a parodias y que se tiene que maximizar el debate y la libertad de expresión».
Consideró que al presentar la propuesta como parte de los compromisos de México el T-MEC, se usan al mecanismo de pretexto para introducir una prohibición para que ya no haya parodias y críticas al gobierno en redes sociales, radio o televisión, pues afirmó que en las democracias debe haber libertad de expresión y críticas “aunque al gobierno no le gusten”.
«Lo que busca el gobierno es una cosa que se llama autocensura, que quien está justamente publicitando este tipo de mensajes de videos lo deje de hacer por miedo a irse a la cárcel; eso es lo que ellos están buscando, un país en el que te meten a la cárcel siete años por hacer una parodia», expresó tras anunciar que su bancada rechazará la propuesta que se votaría mañana miércoles.
El legislador relacionó este debate con la llamada «ley meme» que se discute en la Cámara de Diputados, y retieró que el gobierno no quiere que haya crítica «y nosotros eso no lo vamos a respaldar bajo ninguna circunstancia».
Violencia en Sinaloa y huachicol fiscal
En la misma entrevista, el coordinador panista se refirió a la situación de violencia en Sinaloa y rechazó que la problemática pueda atribuirse a la detención de Ismael «El Mayo» Zambada.
Sostuvo que el gobierno federal debe combatir a las organizaciones criminales, no sólo mediante la detención de sus dirigentes, sino también mediante el desmantelamiento de sus estructuras financieras y operativas.
Cuestionó el manejo de un caso relacionado con el denominado «huachicol fiscal» y pidió una explicación pública sobre las acusaciones realizadas inicialmente por las autoridades. «Lo que nosotros exigimos es una aclaración pública y frontal», concluyó.
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