Este martes 20 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó aplazar del 1 de abril de 2027 para el 1 de julio de 2031 la entrada en vigor obligatoria del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
En lo general, el dictamen fue avalado con 363 votos a favor y 57 en contra, mientras en lo particular con 367 a favor, 60 en contra y dos abstenciones; en ambas votaciones Morena y aliados tuvieron el apoyo del PAN. El documento se turnó al Senado para sus efectos constitucionales.
Para el morenista Julio César Moreno Rivera, el propósito del aplazamiento es para que el proceso se lleve a cabo de manera ordenada y eficiente, en beneficio de quienes acuden a los tribunales en busca de justicia.
El diputado del PRI, Rubén Moreira, dijo que esta decisión es una falta de responsabilidad con el derecho y con la historia, porque es dejar hacer nugatoria esa reforma constitucional.
A su vez, la diputada del PAN, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, explicó que la postergación de la entrada en vigor del Código -publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023- se debe a que no hay presupuesto y faltan infraestructura para las salas de oralidad y para la renovación de personal judicial.
Pero, ¿qué implica la prórroga?
- Los juicios civiles y familiares (divorcios, herencias y contratos) se seguirán rigiendo por las leyes locales de cada estado durante más tiempo en vez de utilizar un sistema único nacional.
- El nuevo Código buscaba priorizar los juicios orales sobre los escritos en todo el país, pero su aplicación total se aplaza cuatro años más.
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