Contrataciones y posibles conflictos de interés son algunas de las causas por las que la ASF investiga al INE
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) por el posible uso indebido de recursos públicos, tras la difusión de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones con proveedores de materiales electorales.
En un comunicado, el órgano fiscalizador informó que ya cuenta con elementos e indicios sobre posibles anomalías en diversas contrataciones, conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos.
“Ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”, señaló la ASF.
La investigación se produce después de que una serie de publicaciones periodísticas expusiera presuntos vínculos entre personas relacionadas con el entorno de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y empresas proveedoras del organismo. Taddei ha rechazado que su administración favorezca a determinadas compañías.
ASF amplía las indagatorias a proveedores
La ASF precisó que las diligencias no se limitarán al instituto electoral federal. También abarcarán a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos.
El organismo fiscalizador indicó que actuará con independencia, objetividad y rigor técnico, al amparo de sus facultades en materia de investigación.
La revisión busca esclarecer los señalamientos sobre contrataciones presuntamente irregulares y posibles esquemas de colusión o triangulación de recursos. La ASF no detalló en su comunicado qué contratos específicos examinará ni identificó a las personas o empresas que formarán parte de las indagatorias.
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ASF investiga al INE en medio de cuestionamientos a Taddei
La apertura de la investigación ocurre en medio de cuestionamientos públicos sobre los procedimientos de contratación del instituto y los vínculos de personas relacionadas con proveedores de materiales electorales.
Entre los señalamientos difundidos figura el de Jonathan Navarrete, quien aparece como apoderado legal de Corporativo Zeg, empresa proveedora de materiales electorales. Taddei rechazó que Navarrete haya sido su chofer personal. También afirmó que las personas mencionadas en las publicaciones ya no forman parte del personal del instituto.
La consejera presidenta también ha defendido los procedimientos de contratación del INE y sostenido que la institución no tiene empresas favoritas.
Las revelaciones motivaron cuestionamientos de actores políticos de oposición, quienes han solicitado explicaciones y exigido la separación de Taddei del cargo.
La investigación de oficio de la ASF abre una nueva vía institucional para revisar los hechos. El órgano fiscalizador deberá profundizar en los indicios identificados y establecer, a partir de sus indagatorias, si existieron irregularidades y posibles responsabilidades.
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