El Senado aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con lo cual se permite a integrantes de empresas públicas y órganos autónomos portar armas para el desempeño de sus funciones de seguridad.
De esta manera podrán portar armas elementos de seguridad de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otros.
Las y los senadores dieron su respaldo a la minuta que envió la Cámara de Diputados, con 105 votos a favor, por lo que el proyecto fue remitido al Ejecutivo Federal para su trámite correspondiente.
Permisos para portar armas a seguridad de áreas estratégicas
El dictamen argumenta que en México es prioridad la seguridad de las áreas estratégicas y la seguridad pública.
Por eso, se propone que el personal de estas instituciones pueda portar armas de fuego, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“La reforma contempla modificaciones al artículo 24, fracción II de la ley, donde se especifica que podrán portar armas de fuego integrantes de organismos públicos que justifiquen su necesidad conforme a la ley y su reglamento”, precisa el documento.
Amplía clasificación de calibres
La iniciativa amplía la clasificación de calibres considerados de uso exclusivo de las fuerzas armadas, con el fin de limitar su acceso y aplicar sanciones a quienes los tengan sin autorización.
También se regula el uso de armas accionadas por gas o aire comprimido y el transporte de armamento utilizado por competidores olímpicos entre sus domicilios y campos de tiro.
«Entre otras medidas, se establece que los particulares que posean armas deberán designar a una persona responsable de ellas en caso de fallecimiento o ausencia legal del titular», precisa.
Asimismo, se incluyen en la regulación silenciadores, equipo de visión nocturna, designadores láser y miras holográficas y térmicas, debido a que incrementan la eficacia del armamento.
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Reorganización de competencias
La reforma incluye la reorganización de competencias entre autoridades federales estatales y municipales, con lo que mejorará la coordinación interinstitucional para el control, vigilancia y registro de armas y explosivos.
Plantea la obligación de que toda persona, titular del registro de un arma, designe desde el momento de su inscripción a una persona responsable, para definir su destino final, en caso de fallecimiento.
“Esta previsión busca evitar que las armas registradas queden en condición de abandono o terminen en el mercado ilegal”, señala el dictamen.
