Tres consejeros plantean reglas para campañas anticipadas
Por Guadalupe Vallejo
Carla Humphrey, Arturo Castillo y Martín Faz llevarán nuevamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) una propuesta para establecer reglas sobre las actividades de posicionamiento político, la propaganda y el uso de recursos que se realizan antes de los periodos formales y que han sido consideradas como campañas anticipadas.
La discusión ocurre mientras los partidos perfilan figuras rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2027, que incluirán la renovación de la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas. En ese contexto, las denominaciones partidistas —coordinadores, responsables territoriales, promotores u otras— no necesariamente modifican la naturaleza material de las actividades que realizan.
Tres consejeros insisten en regular las campañas anticipadas
La propuesta tiene antecedentes inmediatos. Arturo Castillo presentó en mayo un proyecto que fue rechazado por el Consejo General, mientras que un proyecto impulsado por Jorge Montaño fue retirado del orden del día y posteriormente volvió a retirarse en julio para ampliar su revisión con los partidos políticos.
El proyecto de Castillo planteaba mecanismos de fiscalización anticipada, la obligación de informar al INE sobre determinadas actividades, la identificación de propaganda, restricciones al uso de radio y televisión y la posibilidad de contabilizar determinados gastos detectados como actos anticipados dentro de los límites de gasto correspondientes.
La discusión, sin embargo, no refleja una posición unánime del Consejo General. Humphrey, Castillo y Faz sostienen la necesidad de contar con herramientas preventivas, mientras que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, ha planteado que corresponde al Poder Legislativo establecer la regulación de estas actividades.
La controversia, por tanto, no consiste solamente en cómo fiscalizar las campañas anticipadas, sino también en hasta dónde puede llegar la autoridad electoral mediante lineamientos administrativos.
Morena y las campañas anticipadas rumbo a 2027
Morena designó 17 coordinadores estatales en las entidades donde se renovarán gubernaturas en 2027. Otros partidos también han desplegado figuras y actividades de posicionamiento con distintas denominaciones.
El problema que enfrentan las autoridades electorales está en determinar cuándo esas actividades dejan de ser ejercicios ordinarios de organización política y adquieren características propias de una competencia electoral anticipada.
Para ello, el nombre utilizado por cada partido no necesariamente resulta determinante. Importan el contenido, propósito, alcance, propaganda, recursos empleados y eventual impacto electoral de cada actividad.
El nombre no cambia necesariamente la naturaleza de la actividad
El proyecto plantea que la regulación no dependa exclusivamente de la denominación partidista, sino de las características materiales de las actividades.
Una gira presentada como ejercicio de organización, una asamblea partidista o una actividad de coordinación puede ser examinada cuando su contenido y alcance produzcan efectos de posicionamiento electoral.
Esto no significa que toda actividad política realizada antes de una precampaña constituya una infracción. La fiscalización anticipada tampoco equivale, por sí misma, a declarar ilegal una actividad.
Corresponderá a la autoridad electoral determinar, en cada caso, si una conducta constituye un acto anticipado de precampaña o campaña o actualiza alguna otra infracción prevista por la legislación.
El proceso electoral ya comenzó
El proceso electoral federal comenzó el 10 de septiembre de 2026. Las precampañas federales para la elección de diputados comenzarán el 4 de enero de 2027, mientras que la jornada electoral está prevista para el 6 de junio.
La distancia entre el inicio formal del proceso y los periodos de precampaña explica parte de la discusión. Durante esos meses pueden intensificarse las actividades de posicionamiento de quienes aspiran a competir por cargos de elección popular.
El proyecto de lineamientos figura como punto 5 de la sesión extraordinaria del Consejo General prevista para este 8 de octubre, bajo el nombre de Lineamientos Generales para regular y fiscalizar los procesos políticos relacionados con los procesos electorales federal y locales concurrentes 2026-2027.
La disputa es también por la equidad electoral
En el fondo, la discusión plantea un problema de equidad en la competencia electoral: cómo evitar que quienes comienzan a promoverse antes de los periodos formales obtengan una ventaja frente a quienes deben sujetarse a los plazos establecidos.
Los tres consejeros que impulsan la regulación buscan herramientas para identificar actividades, propaganda y recursos utilizados durante esa etapa previa. El antecedente de mayo muestra que entre esas herramientas puede estar la fiscalización anticipada y la eventual consideración de determinados gastos.
Pero la discusión institucional permanece abierta. No se trata de una posición unánime del INE, sino de una propuesta impulsada por tres integrantes de su Consejo General frente a una postura distinta de la consejera presidenta.
Más allá de los nombres que adopten los partidos, la pregunta que enfrenta el Consejo General es concreta: cómo impedir que la anticipación de la disputa electoral termine convirtiéndose en una ventaja para quienes comenzaron a competir antes de los plazos formales.
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