Tras la validación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), médicos y personal de salud pueden enfrentar sanciones penales de tres a cinco años de prisión por el delito de lesiones culposas (negligencia, imprudencia, impericia o descuido), sólo si se demuestra que se omitieron los estándares profesionales y se causó un daño permanente al paciente.
Sin embargo, aclaró que las complicaciones o resultados adversos de un tratamiento no son, por sí solos, un delito.
¿Qué resolvió la Corte?
El asunto llegó a la SCJN después de que un médico neurocirujano fue vinculado a proceso por lesiones culposas tras realizar dos operaciones a un paciente: en la primera colocó tornillos en la columna y en la segunda los recolocó.
Como resultado, el paciente sufrió una disminución permanente de la movilidad de una pierna, pero el médico argumentó que el Código Penal Federal que sanciona estas conductas son vagas, violan el principio de que el derecho penal debe usarse sólo en casos graves y afectan la libertad de ejercer la medicina. La Corte analizó si esas normas son constitucionales.
La SCJN refirió que las leyes identifican con claridad las conductas pueden sancionarse, pues no basta con que haya un resultado negativo y únicamente hay delito cuando se prueba que el médico no cumplió un deber objetivo de cuidado que podía y debía observar, y que ese incumplimiento causó una de las lesiones permanentes previstas en la ley.
Aclaró que la actividad médica es, por regla general, una de medios y no de resultados, lo que significa que el personal de salud se compromete a actuar con diligencia, prudencia y de acuerdo con las reglas de su profesión, pero no garantiza un resultado final específico, como la curación total.
No todo error o complicación es delito
Por ello, subrayó que la falta de curación por sí misma, una complicación o un resultado desfavorable no son suficientes para hablar de conducta culposa, por lo que debe identificarse el deber concreto de cuidado que el médico debía cumplir, si estaba en condiciones de hacerlo y si su incumplimiento produjo la lesión.
Las normas oficiales, los protocolos clínicos y las reglas técnicas de la medicina sirven para identificar esos deberes de cuidado, pero no crean delitos ni amplían lo que la ley penal ya castiga, apuntó.
Protección de la salud y límites a la sanción penal
La Corte consideró que no se viola el principio de mínima intervención del derecho penal, y que proteger la salud y la integridad corporal frente a lesiones permanentes justifica la posibilidad de sanciones penales.
Resaltó además que la existencia de otras vías, civiles, administrativas o laborales no elimina automáticamente la responsabilidad penal, y tampoco se afecta la libertad de trabajo, pues las normas no impiden ejercer la medicina ni castigan los riesgos normales de la profesión.
Sólo prevén consecuencias penales cuando, durante esa actividad, se ocasionan culposamente las lesiones que la ley contempla, añadió.
La confirmación de las normas
Con esta decisión, la Suprema Corte no determinó que el médico neurocirujano haya cometido negligencia ni que sea penalmente responsable. Simplemente confirmó que las normas son válidas y devolvió el expediente al tribunal colegiado para que analice si existen suficientes pruebas que justifiquen la vinculación a proceso del profesional.
¿Cuáles son los tipos frecuentes de negligencia quirúrgica?
De acuerdo con especialistas, los errores prevenibles, también llamados eventos que nunca deberían ocurrir, pueden presentarse antes, durante o después de la operación.
- Operar órgano equivocado, intervenir el lado incorrecto del cuerpo o realizar una cirugía innecesaria sin un diagnóstico claro.
- Cerrar incisión dejando gasas, compresas, agujas o instrumental médico dentro del cuerpo del paciente.
- Perforar o lesionar órganos adyacentes por falta de pericia o uso inadecuado de la técnica quirúrgica.
- Administrar dosis incorrectas, no monitorear los signos vitales o ignorar alergias documentadas del paciente.
- No realizar estudios previos ni brindar seguimiento oportuno ante infecciones o hemorragias tras el alta.
- Practicar intervención sin explicar de forma clara los riesgos, beneficios y alternativas de tratamiento al paciente.
Elementos para acreditar la responsabilidad
Asimismo, para que exista responsabilidad médica, sea civil, administrativa o penal, se deben demostrar cuatro puntos:
- Acreditar que existía obligación profesional de brindar atención quirúrgica competente.
- Comprobar que el personal actuó con impericia, imprudencia o fuera de las Normas Oficiales Mexicanas y guías de práctica clínica.
- Probar una lesión física, secuela permanente, afectación psicológica o fallecimiento.
- Mediante un dictamen pericial comprobar que el daño fue consecuencia directa del error médico y no de la enfermedad de base del paciente.
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