Ciudad de México, 21 abr. (AMEXI).- La escasez de agua potable para el consumo humano es en México una prioridad de seguridad nacional, ya que hoy 80% del país enfrenta carestía o sequía, subrayó Marcela Guerra, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
La legisladora urgió a destinar mayor financiamiento público para mejorar la infraestructura hídrica, más y mejores controles de calidad y combatir prácticas como la no factura o cobro del agua por la deficiencia del padrón de usuarios y el clandestinaje.
“Se requiere de una nueva política de gestión que incluya actualizar los marcos legales y regulatorios que rigen el manejo del agua. La escasez del líquido se puede convertir en una crisis social, ya que afecta más a los grupos vulnerables de la población.
“Las familias mexicanas destinan 16% de su ingreso mensual a la compra de agua embotellada y pipas, aunado a que pagan la tarifa pública”, advirtió la diputada Guerra Castillo.
La población de algunas zonas de la Ciudad de México no es la única que enfrenta este problema, según estudios del Colegio de México (Colmex), el agua que se suministra en algunas partes de Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Baja California Sur, Baja California, sobrepasa los límites de contaminación.
Es imperante la toma de buenas decisiones para que México cumpla los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el número seis que habla de agua limpia y saneamiento, como parte de las políticas para mejorar la vida y las perspectivas de las familias mexicanas.
Por ello se requiere invertir en la modernización y conservación de la infraestructura para una gestión más eficiente e incluso se debe analizar la conveniencia de permitir la inversión extranjera para enfrentar esta problemática, tomando en cuenta que se necesita una inyección financiera promedio superior a los 86 mil millones de pesos anuales durante los próximos ocho años para enfrentar la sequía y el desabasto.
