Ciudad de México, 11 mar. (AMEXI).- Tras alertar que la industria de la alimentación crea organizaciones para cabildear a favor de políticas “blandas” que favorezcan su imagen corporativa en lugar de la salud pública, especialistas pidieron a los candidatos a la Presidencia de la República comprometerse a que las interacciones con esas corporaciones sea transparente.
En la conferencia de prensa “Asociaciones público-privadas: una estrategia de las industrias para obstaculizar políticas públicas de salud”, organizada por el Poder del Consumidor, coincidieron en que el único interés de la iniciativa privada, es comercial por encima del interés general.
Ángela Carriedo, doctora en salud pública e investigadora, señaló que la política de nutrición y alimentación en México ha tenido por muchos años el constante involucramiento de la industria de alimentos y bebidas, lo que ha sido la norma por mucho tiempo.
Agregó que recientemente, desde el periodo de Felipe Calderón a la fecha, cuando se empezó a ver esa situación como algo negativo o como un acto de interferencia con los objetivos de salud pública.
Aclaró que ese avance se da por organizaciones como el Poder del Consumidor, y resaltó que la industria alimentaria recurre al cabildeo para evitar el aumento de impuestos existentes, realiza acciones de responsabilidad social corporativa en grupos vulnerables e innova estrategias de mercadotecnia.
Dijo que otras de las estrategias de la industria del alimento para evitar una buena regulación, es expandir su mercado a otras economías emergentes y pactar asociaciones público-privadas para mejorar el acceso al agua potable en poblaciones de ingresos bajos u otros temas relacionados a salud.
Sin embargo, cuestionó su eficacia y citó como ejemplo el resultado de un estudio realizado a los Centros de Hidratación con la instalación de bebederos de agua potable en escuelas, patrocinado por Coca-Cola y en colaboración con las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud (Ssa), en donde el sector privado es el principal diseñador, implementa y toma de decisiones.
Aseguró que hay evidencia sobre los efectos negativos de las APPs (Asociaciones público-privadas), ya que generan beneficios para el socio privado, mientras aumentan la desconfianza del público por la relación con la industria.
Camila Marhanha, profesora universitaria en Brasil, denunció que una de las principales fuentes de inercia política tiene que ver con el poder de intereses velados de actores comerciales, cuya participación en políticas públicas a menudo constituye conflictos de intereses, comprometiendo la salud humana y planetaria.
Recomendó identificar los conflictos de intereses y aumentar la transparencia de las interacciones público-privadas, entre otros.
Christian Torres, coordinador de conflicto de interés e interferencia de la industria del Poder del Consumidor, dijo que la industria siempre ha buscado ser parte del proceso del ciclo de las políticas públicas e influir en los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Acusó que, además, hace uso de “puertas giratorias” y financiamiento de campañas políticas para mantener la influencia ante los responsables de la formulación de políticas.
Dijo que la evidencia nacional e internacional demuestra que las acciones voluntarias que promueven, como la autorregulación o actividades de responsabilidad social, no son efectivas y sólo se utilizan para impedir procesos regulatorios.
