Entrega voluntaria de los exsecretarios del gobierno de Rocha Moya
La entrega voluntaria a Estados Unidos de dos exsecretarios del gobierno de Rubén Rocha Moya escaló este jueves la crisis política en Sinaloa y colocó bajo presión inédita al entorno del mandatario morenista, señalado por fiscales federales de Nueva York dentro de una investigación por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Se trata de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, y de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, ambos acusados por autoridades estadounidenses de colaborar con la facción criminal de “Los Chapitos” mediante esquemas de protección institucional, filtración de operativos y presuntas operaciones financieras ligadas al narcotráfico.
El Gabinete de Seguridad confirmó que Mérida Sánchez ingresó a territorio estadounidense el lunes 11 de mayo por la Garita de Nogales, Arizona, donde quedó bajo custodia del United States Marshals Service antes de que se le trasladara al Distrito Sur de Nueva York.
Horas después trascendió también la entrega de Díaz Vega, quien viajó desde Europa para ponerse a disposición de autoridades federales estadounidenses. Ambos forman parte de la acusación presentada el pasado 29 de abril ante un tribunal federal de Manhattan contra 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses vinculados presuntamente con estructuras del narcotráfico.
El caso ya es considerado uno de los procesos judiciales más delicados emprendidos por Estados Unidos contra funcionarios mexicanos; sin embargo, especialistas advierten que posee un componente sin precedente reciente: entre los acusados figura un gobernador en funciones, un senador, mandos de seguridad, autoridades ministeriales y funcionarios estatales presuntamente vinculados con la misma red criminal.
EU acusa a exsecretarios de Rocha Moya de proteger a “Los Chapitos”
De acuerdo con el expediente judicial estadounidense, Gerardo Mérida Sánchez habría recibido sobornos cercanos a 100 mil dólares mensuales a cambio de proteger operaciones del Cártel de Sinaloa y alertar sobre despliegues policiales y militares.
Las investigaciones afirman que filtró información sobre al menos 10 operativos realizados en 2023, permitiendo mover personal, laboratorios y cargamentos antes de las intervenciones de seguridad.
Además, fiscales estadounidenses sostienen que instruyó a corporaciones bajo su mando —incluyendo Policía Estatal, Policía Investigadora y Policía Municipal de Culiacán— evitar acciones contra integrantes del grupo criminal y concentrarse en organizaciones rivales.
Los cargos contra el exsecretario incluyen conspiración para importar narcóticos, particularmente fentanilo; posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos; además de delitos violentos vinculados con narcotráfico.
Enrique Díaz Vega: dinero, política y presunta operación criminal
En el caso de Enrique Díaz Vega, fiscales estadounidenses lo identifican como presunto operador financiero y enlace político entre integrantes de “Los Chapitos” y actores del entorno gubernamental sinaloense.
La acusación sostiene que antes de las elecciones de 2021 proporcionó a integrantes del grupo criminal nombres y domicilios de adversarios políticos de Rocha Moya para intimidarlos y presionarlos a abandonar la contienda electoral.
El exfuncionario manejó una de las áreas más sensibles del gobierno estatal: la administración financiera, presupuestal y fiscal de Sinaloa, lo que amplificó el impacto político de su entrega voluntaria ante autoridades estadounidenses.
Investigaciones periodísticas señalan además que Díaz Vega acumuló propiedades valuadas en más de 131 millones de pesos, gran parte de ellas pagadas en efectivo, mientras mantenía una posición estratégica dentro del círculo político y financiero del gobierno sinaloense.
Caso golpea narrativa del gobierno mexicano
Las entregas ocurrieron semanas después de que el gobierno federal cuestionara públicamente la solidez de las acusaciones estadounidenses contra funcionarios sinaloenses, postura que quedó bajo mayor presión tras la decisión de ambos exfuncionarios de someterse voluntariamente a la jurisdicción federal de Nueva York.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que México exige pruebas formales antes de validar las acusaciones estadounidenses; sin embargo, confirmó que existen canales activos de cooperación institucional con Washington mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores y mecanismos bilaterales de seguridad.
Reportes recientes señalan además que autoridades mexicanas investigan cuentas bancarias vinculadas al entorno político de Rocha Moya y posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero.
Analistas consideran que la rapidez con la que Mérida Sánchez y Díaz Vega aceptaron quedar bajo custodia estadounidense apunta a una posible estrategia de cooperación judicial con el Departamento de Justicia, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación sobre presuntas redes de protección política al narcotráfico.
Gerardo Mérida ya ingresó al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), prisión federal donde también permanece en reclusión Ismael Zambada García.
Con dos exsecretarios del gabinete sinaloense ya bajo custodia estadounidense, el caso dejó de ser únicamente una acusación judicial contra funcionarios aislados y comenzó a perfilarse como una investigación de alcance político mucho más amplio sobre presuntas redes de protección institucional al narcotráfico dentro del aparato estatal de Sinaloa.
