La pregunta es si la política de prohibición de consumo de drogas en México es para bien o empeora la situación, y la respuesta es que lo que se reporta son efectos fallidos.
¿Por qué fallidos?, pues porque en con estas acciones que prohíben el consumo y la falta de difusión de los programas de rehabilitación para atender este problema, no se logra reducir el consumo de drogas, e incluso, fortalece al crimen organizado.
¿Qué se propone para cambiar esta política?
La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Iraís Ballesteros Mancilla presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca cambiar de raíz el enfoque del Estado mexicano hacia las sustancias psicoactivas (drogas).
La propuesta parte del reconocimiento de una crisis:
“Décadas de criminalización no han frenado el acceso a drogas, pero sí han empujado su producción, venta y consumo a un mercado negro sin regulación sanitaria, controlado por organizaciones delictivas y asociado a altos niveles de violencia”.
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Ante este panorama, Ballesteros propone reformar el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a establecer contribuciones especiales sobre sustancias psicoactivas.
A la par, plantea adicionar un párrafo al artículo 4, estableciendo que la política pública sobre consumo de estas sustancias psicoactivas (drogas) deberá construirse desde una óptica regulatoria y recaudatoria, y no desde una lógica punitiva.
¿Qué pasó con la iniciativa?
La iniciativa —turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados— subraya que el Estado no debe criminalizar la producción, tráfico, comercialización ni consumo de estas substancias.
La propuesta, en cambio, propone un modelo que permita regular el mercado, mitigar riesgos sanitarios y recaudar impuestos destinados a salud y seguridad.
“La política prohibicionista no ha servido para disminuir el consumo; solo ha obligado a las personas a acudir a un mercado negro que financia la violencia y ofrece sustancias sin control alguno.
”Esta reforma busca sentar las bases para finalizar esa guerra fallida, arrebatarle ingresos al crimen organizado y abordar el tema desde la salud pública”, sostiene la legisladora.
Combate a las drogas de forma más moderna
La iniciativa representa un intento por llevar al debate legislativo una política de drogas más moderna, sustentada en derechos, salud y regulación responsable, en contraste con la estrategia de combate frontal y criminalización que ha dominado durante décadas en México.
