Por: Ivonne Cárdenas
La discusión sobre la violencia que afecta a Sinaloa dio este martes un paso más allá de la arena local y se instaló formalmente en el Senado de la República, donde organizaciones civiles y representantes de distintos sectores sociales, respaldados por la senadora priista Paloma Sánchez, presentaron una solicitud para que el Congreso de la Unión analice la posible desaparición de poderes en la entidad.
Hoy, desde el Senado de la República, acompañé a integrantes de la Alianza Nacional de Abogados y sociedad civil quienes, por derecho propio, vinieron a exigir la desaparición de poderes en Sinaloa.
Las y los sinaloenses han exigido una y otra vez, desde hace casi 21 meses de… pic.twitter.com/QREfWuXvdr
— Paloma Sánchez (@palomaSnchez) June 2, 2026
Los promoventes consideran que la crisis de seguridad rebasó la capacidad de respuesta de las autoridades estatales y proponen convertir la situación que vive Sinaloa en un asunto de responsabilidad institucional, bajo el argumento de que el deterioro de las condiciones de seguridad exige una revisión extraordinaria de las estructuras de gobierno.
En conferencia de prensa en el Senado, la legisladora sinaloense sostuvo que los indicadores de violencia registrados en los últimos meses reflejan una crisis profunda, lo que impacta no sólo la seguridad pública, sino también la actividad económica y social del estado.
Homicidios y desapariciones golpean sectores estratégicos
Entre los datos que expusieron los promoventes están los homicidios, desapariciones, robo de vehículos y afectaciones al comercio, las cuales, aseguraron, golpean a sectores estratégicos para la entidad, lo que agrava aún más el panorama.
A la exigencia se sumó la Alianza Mexicana de Abogados, cuyo presidente, Ricardo Beltrán Verduzco, informó que la solicitud formal recibió el respaldo de representantes ciudadanos, empresarios y organizaciones sociales que demandan una revisión de la situación institucional del estado.
Los promoventes también solicitaron que Sinaloa sea considerado una zona de emergencia en materia de seguridad pública y pidieron al Senado abrir una discusión específica sobre las condiciones que enfrenta la entidad.
Disputa entre grupos criminales tiene en vilo a la región desde 2024
La petición surge en un contexto marcado por la violencia derivada de la disputa entre grupos criminales que operan en la región desde septiembre de 2024. Este conflicto ha mantenido a Sinaloa en el centro del debate nacional sobre seguridad durante los últimos meses.
Las consecuencias de esta confrontación se reflejan en la vida cotidiana de los sinaloenses, quienes han modificado sus hábitos de movilidad y consumo, mientras los comerciantes reportan caídas drásticas en sus ventas.
Más allá de las posiciones políticas encontradas, el tema coloca nuevamente a Sinaloa en la agenda legislativa nacional. La discusión podría escalar en las próximas semanas dentro del Congreso de la Unión.
El Senado no ha definido una fecha para comenzar el análisis de esta solicitud, pero los promoventes confían en que la discusión avanzará rápidamente, dado el clima de inseguridad que prevalece en la entidad.
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