La magistrada Adriana Ortega aseveró que jueces y magistrados comunicarán al Senado que no participarán en la elección por voto popular de junio de 2025, eso significa que dejarán sus cargos obligados por la reforma del Poder Judicial.
“Las juzgadoras y los juzgadores no nos queremos ir, es un engaño eso de que declinamos voluntariamente a no presentarse a la elección, es una mentira, no nos queremos ir, queremos trabajar, queremos aportar de lo que sabemos más y para lo que nos hemos preparado toda la vida”, enfatizó.
En la Contramañanera de juzgadores, la magistrada adelantó que este jueves realizarán en el Senado un acto simbólico donde los juzgadores del país anunciarán su declinación masiva a ese proceso, que ya alista y organiza el Instituto Nacional Electoral (INE).
Magistradas entregan renuncias
De hecho, magistradas de Circuito entregaron este miércoles 30 de octubre personalmente su renuncia a participar en la elección del próximo año al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
Es de destacar que personal de Resguardo Parlamentario del recinto legislativo de Reforma primero impidió el paso a las juzgadoras, pero tras un diálogo, las magistradas ingresaron hasta llegar a la oficina de Fernández Noroña, presidente del Senado.
La magistrada y consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez declaró que no participará en la elección, porque las condiciones no les garantizan impartir una justicia con independencia y bajo los principios de ética que los rigen dentro de la Judicatura.
“Es que estas reglas del juego con jueces a modo, serviles al oficialismo no es la ruta para las personas que hemos trabajado y que hemos seguido una carrera judicial, las tres que estamos aquí, de más de treinta años”, destacó.
En entrevista, López Benítez rechazó que forme parte de un Poder Judicial “podrido” y exigió al gobierno federal pruebas de esta afirmación, pues es muy fácil tener argumentos simplistas, deslizar este tipo de aseveraciones y no probar, “habrá que ofrecer las pruebas”.
Lamentó que 30 años de servicio en el Poder Judicial se vayan por la borda, pues más que para las personas que hoy tenemos que declinar, es para la sociedad, finalmente son quienes resentirán la falta de una justicia que sea totalmente imparcial e impartida por personas con la capacidad técnica, profesional y ética correspondiente.
Dijo que de ellas dependen secretarías particulares, personal de confianzas, son 55 mil personas trabajadoras en el Consejo de la Judicatura y la reforma al Poder Judicial trae aparejados riesgos para ellas, especialmente, para quienes son de carrera judicial.