Este martes 17 de junio entra en vigor la Ley Silla, aprobada por el Senado en diciembre del año pasado, que busca mejorar la dignidad y condiciones laborales de los trabajadores, al obligar a los empleadores a facilitar asientos con respaldo a su personal durante su jornada labora.
Al mejorar las condiciones de trabajo, se espera que esta ley contribuya a una mayor dignidad y bienestar para los trabajadores, especialmente en sectores como el comercio y los servicios.
Con ello, la clase laboral da un paso en materia de descanso en el trabajo, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que reconoce el derecho a descansar en un asiento con respaldo durante la jornada laboral.
Ningún trabajador de pie
La reforma fue promulgada el 19 de diciembre del 2024, a partir de ese momento comenzó un plazo de 180 días para su entrada en vigor, el cual concluye este martes 17 de junio.
A partir de esa fecha será exigible el derecho al descanso en una silla y los empleadores tendrán prohibido obligar a los trabajadores a permanecer de pie la totalidad de la jornada de trabajo, los cuales son los ejes de la Ley Silla.
Además, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tendrá un plazo 30 días naturales para emitir la normatividad sobre los riesgos asociados a posturas verticales por tiempos prolongados.
También, comenzará un plazo de 180 días para que las empresas adecúen su normativa interna a las nuevas disposiciones que estableció la reforma laboral.
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México cierra brecha social
La Ley Silla es algo nuevo en México, pero su entrada en vigor este 17 de junio cerrará una brecha social con otras economías en Latinoamérica.
En países como Chile, en 1914, y Uruguay, en 1918 ya se avanzó en este tipo de legislación; en 1935, Argentina se sumó con regulaciones en la materia.
México establecía en la Ley Federal del Trabajo la obligación de contar con el número de asientos suficientes para los trabajadores, pero no era una disposición vinculada con el descanso, sino una herramienta de trabajo.
Espacios para reposo y multas
La Ley Silla indica que las empresas deben destinar un espacio al interior del centro laboral para tomar el reposo en asientos.
El uso de estos y el tiempo para la pausa serán regulados a través de sus reglamentos internos.
La reforma laboral está dirigida principalmente a centros de trabajo en el sector de comercio, servicios y análogos.
También en las empresas de rama industrial, se exigirá solo cuando la naturaleza del trabajo lo permita.
La Ley Federal del Trabajo establece que los patrones que incumplan con la medida serán sancionados con multas de 250 a 2,500 veces el UMA.
Suficientes sillas con respaldo
El Congreso reformó los artículos 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo.
Con esa modificación los dueños de empresas están obligados a proporcionar sillas con respaldo suficientes y funcionales.
Esto incluye a trabajadores de tiendas departamentales, cajeros, guardias, cocineros, meseros, personal de limpieza, panaderos, taquilleros, chefs, entre muchos otros.
Las empresas tienen 180 días naturales para adaptar sus reglamentos internos.
Prevenir afectación a salud
El objetivo es prevenir afectaciones a la salud como várices, dolores de espalda, fatiga muscular y desgaste articular.
Esas condiciones de salud son comunes entre las personas que pasan largas jornadas de pie sin pausas.
Esta medida está diseñada para beneficiar a trabajadores en sectores donde es común estar de pie durante toda la jornada.
En ese caso se encuentran negocios como vigilancia, limpieza, atención al público y manufactura.
El artículo 133, fracción XVII Bis se establece que el objetivo es proteger la salud y la dignidad laboral de los trabajadores.
Los empleados contarán con el derecho legal de sentarse en momentos determinados.
Condiciones mínimas de descanso
La reforma también aplica en centros de trabajo donde, por costumbre o políticas internas, no se brindaban condiciones mínimas de descanso postural.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) puede ordenar inspecciones y suspender temporalmente actividades de la empresa.
La dependencia puede suspender actividades de la empresa si detecta una negativa reiterada a cumplir con condiciones mínimas de la Ley Silla.
