El diputado del PT, Ricardo Mejía Berdeja presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor con el objetivo de prohibir que los comercios cobren al consumidor las bolsas de acarreo u otros medios de empaque utilizados para la entrega de productos o servicios.
La propuesta establece que los proveedores deberán absorber dichos costos, siempre que los materiales cumplan con la normatividad ambiental vigente.
Asimismo, precisa que no podrá realizarse ningún cobro directo o indirecto por la entrega de bolsas, ni condicionarse la venta o prestación del servicio a su adquisición, ya que hacerlo constituiría una práctica abusiva sancionable.
Expone diputado problema ambiental asociado con plásticos
En la exposición de motivos, el legislador advierte sobre la magnitud del problema ambiental asociado al uso de plásticos.
Cita que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) revelan datos alarmantes sobre el uso de plásticos como es que:
- Cada minuto se compran alrededor de un millón de botellas de plástico
- Y cada año se utilizan 500 mil millones de bolsas a nivel mundial, de las cuales millones de toneladas terminan en los océanos
En el caso de México, el diputado destaca que cada familia consume en promedio 650 bolsas al año, lo que lleva que, desde 2018, al menos 20 entidades federativas prohíben diversos productos plásticos de un solo uso.
No obstante, tras estas restricciones, diversos establecimientos comenzaron a cobrar por las bolsas sustitutas, como las biodegradables o reutilizables.
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Venta de bolsas desvirtúa el objetivo ambiental
Mejía Berdeja sostiene que esta práctica desvirtúa el objetivo ambiental de las prohibiciones de usar bolsas de plástico, al convertirlas en un mecanismo de cobro adicional para el consumidor.
A su juicio, la entrega de una bolsa forma parte integral del servicio de venta, y los costos asociados al empaque y exhibición de productos ya están contemplados en el precio final.
¿Qué se busca con la iniciativa?
La iniciativa busca fortalecer la congruencia entre las políticas de protección al consumidor y las ambientales, evitando que los costos de la transición ecológica recaigan en los usuarios finales.
El documento lo turnaron a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados y propone adicionar el artículo 7 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
