La prisión preventiva dictada contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, abrió un nuevo frente de confrontación política entre el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y el gobierno federal, en medio del debate sobre el uso de la justicia en casos de alto impacto político.
Cinco días después de la detención del exmandatario estatal, Calderón expresó públicamente su respaldo a Ruffo mediante un mensaje difundido en la red social X, donde afirmó que en México existe una «justicia discriminatoria y selectiva» y cuestionó que personajes vinculados a Morena que enfrentan señalamientos públicos no hayan sido procesados penalmente.
El exmandatario calificó al gobierno federal como «autoritario» y sostuvo que las instituciones de procuración de justicia se utilizan para actuar contra opositores políticos, aunque señaló que su solidaridad con Ruffo está por encima de las diferencias personales que ambos mantuvieron durante años.
FGR sostiene investigación por presunto huachicol fiscal
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Ruffo Appel y a otros implicados por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada, una indagatoria que, según las autoridades federales, se desarrolló durante más de un año.
De acuerdo con la información presentada durante la audiencia inicial, el exgobernador aparece vinculado como socio de la empresa Ingemar, relacionada con una investigación derivada del aseguramiento de 15.5 millones de litros de combustible y decenas de autotanques en Coahuila.
Tras una audiencia que se prolongó por más de un día, un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el proceso penal.
La resolución no constituye una sentencia de culpabilidad, y el exgobernador conserva la presunción de inocencia durante el desarrollo del juicio.
Sheinbaum rechaza motivaciones políticas
Frente a los señalamientos de Calderón y dirigentes del PAN, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista una persecución contra la oposición.
La mandataria sostuvo que la investigación deriva de elementos reunidos por la FGR y afirmó que serán los jueces quienes determinen la responsabilidad de los imputados con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público. También adelantó que la indagatoria podría derivar en nuevas órdenes de aprehensión conforme avance el caso.
La dimensión política del caso
La detención de Ruffo Appel —primer gobernador de oposición en derrotar al PRI en una elección estatal en 1989— ha reactivado el debate político sobre la actuación de las instituciones de justicia.
Mientras dirigentes panistas y el expresidente Calderón sostienen que el caso evidencia una aplicación selectiva de la ley, el gobierno federal argumenta que la investigación forma parte del combate contra las redes de huachicol fiscal y rechaza que exista un tratamiento diferenciado por razones partidistas.
El desarrollo del proceso judicial será determinante para establecer si la Fiscalía acredita los delitos imputados o si las acusaciones de motivación política planteadas por la oposición encuentran sustento en el curso del expediente.
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