El senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez reaparece de manera virtual en una sesión de la Comisión de Justicia del Senado de la República, luego de 57 días de ausencia en las actividad pública y legislativa.
De esta manera, este jueves Inzunza retoma las actividades legislativas, aunque de manera virtual, al intervenir en los trabajos legislativos de dicha comisión donde se discutió un proyecto de reforma sobre justicia cívica.
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¿Cómo interviene Inzunza en la discusión?
Durante el encuentro, presidido por el senador de Morena, Javier Corral Jurado, Inzunza participó en el análisis de las iniciativas para expedir la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante y reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El senador Enrique Inzunza expuso diversas observaciones relacionadas con aspectos constitucionales, procesales y de protección a los derechos humanos.
En su intervención, el legislador destaca que uno de los puntos requiere mayor precisión es la delimitación de facultades de las autoridades administrativas encargadas de aplicar sanciones por infracciones a reglamentos gubernativos y de policía, una atribución que, recordó, corresponde constitucionalmente a los municipios.
Asimismo, manifestó preocupación por el uso de conceptos como “detención” y “flagrancia” dentro del ámbito de la justicia cívica, al considerar que dichas figuras están reservadas para conductas tipificadas como delitos tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales de derechos humanos.
Si bien recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó en 2007 determinadas modalidades de detención momentánea vinculadas a faltas administrativas.
En este sentido, estimó necesario fortalecer la regulación para evitar interpretaciones ambiguas que puedan propiciar abusos o actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades.
¿Qué advertencia expresa el senador Inzunza?
El senador Enrique Inzunza advierte que la ausencia de controles claros podría impactar principalmente a sectores en condición de vulnerabilidad, como mujeres, comerciantes informales y personas con una interacción más frecuente con cuerpos policiales.
En ese sentido, respaldó la incorporación de una perspectiva de género más robusta dentro del proyecto legislativo.
También se pronunció a favor de fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias y los procedimientos de conciliación, aunque señala que el dictamen aún presenta áreas de oportunidad en la regulación de las audiencias para la resolución de conflictos.
Durante la discusión, cuestionó además algunas medidas de apremio previstas en la propuesta al considerar que, en ciertos casos, podrían resultar más severas que las propias sanciones contempladas para las infracciones.
¿Qué reserva presenta?
Inzunza expresó igualmente reservas respecto a una propuesta impulsada por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas para canalizar determinados asuntos penales hacia órganos de justicia cívica mediante mecanismos conciliatorios.
A su juicio, dicha propuesta mezcla competencias propias del sistema penal con las del régimen administrativo sancionador.
No obstante, abrió la posibilidad de analizar en el futuro la despenalización de algunas conductas de menor gravedad para que puedan atenderse por la vía administrativa en lugar de la penal.
Al cierre de su participación, reconoció los avances alcanzados en la elaboración del dictamen, aunque insistió en la necesidad de profundizar el análisis técnico antes de su aprobación definitiva.
El senador sinaloense adelantó que hará llegar observaciones por escrito a las comisiones dictaminadoras para enriquecer la discusión de esta propuesta legislativa.
¿De cuánto tiempo fue la ausencia de Inzunza?
Hay que destacar que esta intervención del senador de Morena, Enrique Inzunza marca su reaparición pública, ya que su última participación registrada fue el 29 de abril.
Desde entonces, su ausencia fue motivo de cuestionamientos por parte de legisladores de oposición, particularmente después de que autoridades estadounidenses difundieran señalamientos contra diversos funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico y el tráfico de armas.
Aunque el senador notificó formalmente su reincorporación a las actividades legislativas desde finales de mayo, no se le había observado participando activamente en reuniones de comisión hasta este jueves.
