Morena propone garantizar pensión a familias de fallecidos
La diputada de Morena, Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, propuso una reforma a la Ley del Seguro Social para garantizar el acceso a pensión a los beneficiarios de trabajadores fallecidos que reingresaron al IMSS pero no lograron cumplir las 52 semanas de cotización continua.
La legisladora de Morena, Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, presentó una iniciativa para modificar la fracción III del artículo 151 de la Ley del Seguro Social, con el objetivo de proteger los derechos de las familias de trabajadores que, tras reingresar al régimen obligatorio del IMSS, fallecieron antes de reunir el mínimo de 52 semanas cotizadas.
La reforma busca que se reconozcan las cotizaciones previas, acumuladas en periodos anteriores, cuando el trabajador ya había generado el derecho a una pensión de viudez.
El director general del #IMSS, Mtro. @zoerobledo, asiste a Programas para el Bienestar, Apetatitlán de Antonio Carvajal, #Tlaxcala. https://t.co/ycMPAvqk7u
— IMSS (@Tu_IMSS) June 14, 2025
“La muerte no puede ser causa de perjuicio”
“La muerte, como causa de fuerza mayor, no puede operar en perjuicio de quienes, de haber vivido, habrían cumplido sin dificultad con ese requisito”, argumentó la diputada.
Criticó que el sistema de seguridad social condicione el acceso a una pensión a un nuevo periodo de cotización, ignorando derechos ya adquiridos durante la vida laboral de las personas.
Rubio Sánchez recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha declarado inconstitucional la aplicación rígida de este artículo cuando el trabajador fallece antes de cumplir las semanas requeridas. Esa interpretación, sostuvo, vulnera el derecho a la seguridad social y desconoce la expectativa legítima de quienes sí cotizaron previamente.
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Reforma para garantizar pensión, sin impacto económico
La diputada enfatizó que la reforma no crea nuevos derechos ni amplía beneficios, sino que reconoce derechos ya generados con aportaciones laborales realizadas en vida.
Tampoco implica una carga económica adicional para el IMSS o el Estado, ya que las pensiones derivadas estarían sustentadas en cotizaciones ya hechas.
“Se trata de una reforma de justicia normativa, que corrige un vacío legal identificado y que está alineada con las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos”, concluyó.
